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Confinamiento, desplazamiento y despojo de las comunidades por la minería en La Guajira, revela informe del Cinep

octubre 8, 2020

Kaleth Valero Sevilla

Un capítulo aparte mereció las voces de mujeres indígenas y afrodescendientes, en la revista Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep/PPP– donde develaron una vez más la afectación de las comunidades por la explotación minera en La Guajira.

En una rueda de prensa, detallaron el etnocidio y el ecocidio que viven, luego de 14 fallos judiciales que han ratificado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano al derecho a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra entre otros.

María de los Ángeles García, de la comunidad afro de Manantialito y la veerduría Akuaippa y Mónica López Pushaina, líder wayuú, fueron las voceras, quienes además están viviendo las afectaciones de la explotación del carbón.

“En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos y derechos por la empresa Cerrejón”, aseguró María de los García de la comunidad afro de Manantialito.

En tanto, Mónica López Pushaina, vocera de la comunidad wayúu y de la comunidad La Gran Parada y del colectivo de Fuerzas de Mujeres Wayuú,  aseguró que “La minería en La Guajira está acabando con nosotros”.

Sostuvo que Cerrejón es el nombre de un cerro sagrado para ellos, con un alto valor espiritual, cultural, social y ambiental, que poco a poco les ha sido arrebatado por la actividad minera.

En el informe, se indica textualmente que: “A lo largo de estos 44 años de actividad minera en nuestro territorio se violentaron nuestros derechos como comunidades wayuú, afro y campesinos, de múltiples y diversas maneras. Fuimos confinados, despojados, desplazados, amenazados, intimidados, engañados y desalojados bajo las promesas del “desarrollo” para La Guajira, pero lo único que nos ha dejado es una crisis humanitaria por la falta de agua, soberanía alimentaria y contaminación al ambiente y sin territorio”.

Asimismo, añade que era toda una estrategia realizada por varios actores: empresa carbonífera, políticos de turno y Fuerzas Militares.

“Inicialmente fue responsable el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) que entregó títulos de propiedad individual entre 1975 y 1989 a las comunidades wayuu, afro y campesinas que habían habitado toda la vida La Guajira. Al entregar el título de propiedad individual se desmembraba el territorio colectivo y se dividía en distintas propiedades, dejando así la puerta abierta a las ofertas engañosas que las empresas mineras les hicieron a los pobladores. Algunos les ofrecieron compra de tierras bajo la modalidad de comodato, lo que suponía permanecer en el territorio, o así lo pensaron nuestros abuelos y abuelas”.

De igual manera, especifica que algunos hacendados de la región vendieron sus tierras a buen precio y se fueron, y otros tantos fueron engañados por intermediarios que se beneficiaron con las compras irregulares. En muchos otros casos, las familias o comunidades que se negaban a la venta de forma voluntaria, o se resistían a salir de su territorio, eran víctimas de represión mediante amenazas de expropiación, chantaje, intimidación y persecución a sus integrantes y dirigentes.

“También se implementaron distintas formas para presionar a las comunidades. Una de estas fue el confinamiento en el territorio para posteriormente expulsar a las comunidades, empleando estrategias como el cierre de caminos que impedían la libre circulación por el territorio para hacer las labores cotidianas como trabajar en la roza, cazar, pescar y compartir con otras comunidades. El confinamiento se dio al cortar los caminos que conectaban entre sí a las comunidades de Manantial, Ojo de Caro, Roche, Tabaco, Los Remedios, Paradero y los municipios de Albania y Barrancas. Nos limitaron el derecho de estar libremente en el territorio, ejerciendo nuestras prácticas espirituales de conexiones con el agua y la naturaleza y se vio disminuido el acceso del derecho al agua desmantelando los molinos, robando sus aspas y destrozando las instalaciones”, detallaron.

Otros datos

En la revista Noche y Niebla  del Cinep/PPP,  se revela que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá con 182 victimizaciones; Antioquia con 108 y Cauca con 46.

De acuerdo al informe, este año la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos con 296 hechos, primer lugar que en el 2019 ocuparon los paramilitares, seguido de los grupos paramilitares con 223 y el Ejército con 106 casos.

De las acciones desarrolladas por la Policía, se indican que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la rueda de prensa, se alertó sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019 a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de este 2020, las victimizaciones suman ya 609, es decir se registra un aumento de 163 casos con relación a 2019.

También se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias, 19 heridos y 4 casos de tortura.

En cuanto a violencia político-social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla No. 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla (incluye disidencias), con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66; combatientes, con 36   y el ELN, con 21.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. El Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

El Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep– nace en 1972 como una fundación sin ánimo de lucro con una mirada crítica y alternativa de la realidad colombiana. Se fundamenta en la producción sistemática de información, en lareflexión con rigor investigativo, en las propuestas deeducación popular para el fortalecimiento de las organizaciones y las comunidades, y en una acción de incidencia intencionada en lo público.

En 2006 se fusionan el Cinep, el Programa por la Paz –PPP– y el Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política potenciando el impacto de sus esfuerzos.  

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