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La minería condenó al exilio a Irma Lemus

7 octubre, 2020

Comunidades organizadas en Colón, Honduras, han denunciado los daños ambientales provocados por una minera que tiene concesión en Parque Nacional Carlos Escaleras. La respuesta: desplazamiento forzado, criminalización y muerte. Irma Andrea Lemus fue desplazada y por poco secuestrada

Texto: Leonardo Guevara y Lesly Fraizer

Foto: Cortesía para Mongabay / Irma Lemus 

A pesar que sus tres hijos se aferraban a su cuerpo empapados en llanto, Irma tomó la decisión más difícil de su vida: abordar un autobús rumbo a la frontera de Honduras con Guatemala, para luego seguir su camino a Estados Unidos. Dejó su familia, su casa y su tierra para comenzar el doloroso y largo camino del exilio. Un día antes de su partida, el 16 de marzo de 2019, sintió de cerca la muerte cuando intentaron secuestrarla para asesinarla. Ha recibido amenazas de muerte desde hace varios años, pero las recientes fueron incrementando su frecuencia y la llevaron a abandonarlo todo.

La tarde del 15 de marzo de ese año, cuando  regresaba a su comunidad en transporte público, un sujeto desconocido la amenazó con un arma y le pidió que se bajara del autobús sin hacer escándalo, que un vehículo les estaba esperando. Recuerda que vio el rostro de su agresor con miedo, pensando que la vida se le acababa, pero tomó fuerza para escabullirse entre el resto de los pasajeros y pudo pedir auxilio.

Hoy está en Estados Unidos y desde el exilio habló con Mongabay Latam sobre su historia y la de su comunidad, que se ha opuesto a los daños ambientales y sociales que provoca la explotación minera en Honduras. Para Irma Andrea Lemus Amaya, el gobierno del país centroamericano promueve esta actividad extractiva como la única opción para lograr el progreso de las comunidades.

Aunque solo tiene 38 años, Lemus es madre soltera, ambientalista y defensora de derechos humanos en Honduras. Sobrevivió a un proceso de criminalización, amenazas de muerte, atentados contra su vida y un intento de secuestro. Cuenta que cuando iba en su ruta migratoria, intentando olvidar su intento de secuestro, se encontró a dos  supuestos empleados de una empresa minera que se instaló, a pesar de la oposición ciudadana, en las montañas del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Mientras estaba en un hotel de paso en México, los dos hombres la interceptaron para exigirle que regresara a Honduras a retirar las denuncias que ella había interpuesto contra la empresa. Le dijeron que si no regresaba, la iban a perseguir a donde fuera. Irma Lemus salió huyendo de ese hotel y no supo más de ellos. Sin embargo, confiesa que las llamadas telefónicas amenazantes la persiguen a pesar de la distancia.

Conflictos en Colón 

Hace 20 años Irma Lemus se unió a la lucha campesina de su comunidad, Guadalupe Carney en Trujillo, departamento de Colón. Esta región fértil estaba en manos del campesinado, pero con la puesta en marcha de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, en 1992, bajo la administración del fallecido presidente Rafael Leonardo Callejas, la tierra dejó de ser un bien colectivo y los campesinos comenzaron a vender sus parcelas a grandes empresarios hondureños. “Algunos de forma voluntaria, pero la mayoría bajo amenazas”, dice Irma.

Esta hondureña es hija de padres campesinos y su liderazgo la hizo sobresalir entre otros jóvenes. A pesar de ser madre soltera, se las ingeniaba para participar en talleres de formación sobre derechos humanos, mujeres y bienes naturales. Hizo comunicación popular en la radio comunitaria Estéreo Orquídea, donde abordaba la lucha agraria, la seguridad y el concesionamiento del territorio.

Por su ubicación geográfica, gran parte del departamento de Colón es controlado por el narcotráfico. A pesar de que líderes de cárteles como Los Cachiros y Wilter Blanco no están físicamente en el departamento, porque fueron extraditados a Estados Unidos, Lemus asegura que sus actividades ilícitas y la secuela de la violencia que deja el crimen organizado se siente con fuerza en la actualidad, a pesar de la fuerte militarización del territorio.

Con el Golpe de Estado de 2009, en la región se agudizaron las violaciones de derechos humanos y por eso organizaciones sociales, Iglesia Católica y la Fundación San Alonso Rodríguez decidieron crear el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán para documentar todas las agresiones contra los campesinos, ambientalistas y defensores.

En 2013 Irma Lemus asumió la subcoordinación del Observatorio y fue justo en ese momento cuando el Estado hondureño la acusó de los delitos de usurpación y robo en perjuicio del Fondo Nacional Ganadero, un sector que nada tenía que ver con las luchas de la activista. Finalmente, como no encontraron ninguna prueba de lo que se le acusaba, el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, falló a su favor en 2014.

Se demostró que las denuncias en contra de la mujer no tenían fundamento pero, en diciembre de ese mismo año, desconocidos atentaron contra su vida dejándola en silla de ruedas durante unos meses. La denuncia por esta agresión se mantiene sin avances significativos en las oficinas del Ministerio Público del municipio de Trujillo.

De la lucha campesina pasó a la ambiental, cuando a su comunidad, en 2012, llegaron representantes de la empresa minera Maya, a socializar un proyecto de explotación en la aldea Tesorito de Trujillo. Aprovechando su programa radial, Lemus comenzó a cuestionar la forma en que se otorgan proyectos y a explicar cuáles eran los impactos de la minería a cielo abierto. A pesar de las amenazas y que los militares defendían a la empresa, los habitantes comenzaron a protestar en las calles y edificios públicos, logrando que la empresa se retirara. Esto dejó un sentimiento de satisfacción en ella, pero en ese momento no imaginó que sería el inicio de una ardua lucha.

La expulsión de una líder

A bordo de una motocicleta Irma Lemus recorría todo el departamento de Colón, formando a las comunidades en materia de derechos humanos y ambientales. En medio de esas tareas se dio cuenta que, en 2014, había intenciones de extraer oro en el parque Nacional Carlos Escaleras en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Esta área protegida lleva el nombre del ambientalista Carlos Escaleras, asesinado en octubre de 1997 por su oposición a la explotación minera en ese lugar. Fue llamada así por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia contra el Estado de Honduras en 2015.

La lideresa cuenta que comenzaron a observar el ingreso de maquinaria para el corte masivo de árboles en la zona núcleo del parque cuando el artículo 48 de la Ley de Minería de Honduras establece que, en ningún caso, las autoridades otorgarán derechos mineros en las áreas protegidas declaradas e inscritas en el catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.

La incertidumbre y la zozobra se apoderaron de los habitantes de Tocoa. El territorio fue invadido por hombres armados vinculados al cártel de Los Cachiros, organización criminal dirigida por la familia Rivera Maradiaga, quienes lavaron al menos 68 millones de lempiras (unos 3 millones de dólares) del narcotráfico en 21 contratos de Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) —ahora INSEP—, según una investigación penal presentada en mayo de 2019 por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción —instancias creadas por convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos OEA—, pero que desaparecieron en enero de 2020. Los líderes del cartel negociaron su entrega con la justicia norteamericana en 2015.

Lemus dice que las comunidades desconocían la ubicación exacta del proyecto y su impacto ambiental porque las concesiones en Honduras se aprueban en un ambiente de privacidad entre la minera, instituciones públicas encargadas y el gobierno local. Hacia finales de 2014 se conoció que la concesión estaba en manos de Emco Mining Company, que después pasó a llamarse Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, un empresario que se dedica a la venta de materiales de la construcción como el hierro, y que, además, es pariente del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

La líder comunitaria, junto a otros defensores de Colón, comenzaron a investigar e informar sobre la llegada del proyecto minero a sus comunidades. En un primer momento se realizaron asambleas comunitarias y exigieron a las autoridades municipales de Tocoa, realizar un cabildo abierto para informar sobre la concesión.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), en el departamento de Colón existen 59 concesiones mineras que representan un área de casi 47 000 hectáreas. Del total, 21 concesiones se encuentran en fase de exploración, 7 en etapa de explotación, 6 ya cuentan con el derecho otorgado pero no han iniciado labores, y 25 se encuentran en solicitud. “Con estos datos, la población teme que el departamento colapse porque el valle está destinado para la plantación de palma africana y su montaña para la explotación minera”, relata la defensora.

Desde su exilio en Estados Unidos, Lemus recuerda que, en agosto de 2018, el pueblo no contuvo su indignación y comenzó a movilizarse en las calles porque el río Guapinol, principal fuente de agua que abastece a las comunidades, comenzó a cambiar de color y olor debido a los sedimentos y desperdicios que la empresa minera Inversiones Los Pinares desprendía con la apertura de una calle de acceso a la mina.

“Si con la apertura de la calle la gente se quedó sin agua, ¿qué puede pasar cuando la empresa esté realizando los trabajos mineros?”, cuestiona la defensora ambiental. Por ello, el Comité Ambiental Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, un espacio que aglutina a las organizaciones y sectores opuestos a la minería de Colón, se organizó para realizar caminatas, toma de edificios públicos y la instalación de un campamento comunitario para denunciar los daños ambientales y evidenciar el rechazo de la población a la explotación minera.

En noviembre del mismo año, las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron el campamento con gas lacrimógeno y, según denuncias interpuestas por el Comité, hasta con disparos. Esto desató una serie de manifestaciones que terminaron con dos militares muertos, decenas de personas desplazadas y un proceso de criminalización contra 32 líderes comunitarios.

Juan López, actual coordinador del Comité Ambiental Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, le dijo a Mongabay Latam que los primeros procesados fueron 17 personas, incluido él. Fueron denunciados por los delitos de asociación ilícita, robo, secuestro y daños en perjuicio de la empresa y la seguridad del Estado de Honduras. López estuvo preso 11 días en la Penitenciaría Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán, en febrero de 2019, pero fue puesto en libertad en marzo. Sin embargo, la posibilidad de volver a prisión sigue rondando porque la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, revocó, en agosto de 2020, el fallo de libertad definitiva a su favor y el de cuatro ambientalistas más.

En una segunda etapa se procesó a otros ocho ambientalistas por los mismos delitos. A la fecha de la publicación de este artículo, llevan un año presos en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro.

El Comité Ambiental y varias organizaciones de derechos humanos exigen la liberación de los ambientalistas, consideran que su prisión es injusta y que se encuentran en condición vulnerable en medio de la pandemia del COVID-19. “Han presentado los síntomas del virus”, dice López y agrega que no se les han practicado las pruebas.

“Desde el 2019 hemos estado más ocupados frente a los tribunales que en la lucha frontal contra la minera. Las empresas buscan sacarnos de la lucha directa en los territorios, para mantenernos ocupados en los tribunales”, recalca López, quien además se queja de que en Honduras los ambientalistas están maniatados, pues a pesar de tener los argumentos técnicos, legales y políticos para demostrar la inocencia y la validez de su lucha, se imponen los criterios económicos, empresariales y extractivos sobre la justicia.

López lamenta que debido a la concesión minera en manos de Inversiones Los Pinares, muchos de sus líderes estén en prisión o en el exilio, como en el caso Irma Lemus y más de 20 personas que han sido desplazadas forzosamente de la zona desde el 2019. Durante este 2020 el Comité Ambiental ha impulsado una campaña por la liberación de los ambientalistas presos y por la cancelación del proyecto minero.

¿Cuál fue el detonante que llevó a que Irma Lemus huyera del país? La mujer tuvo la osadía de documentar todas las casas incendiadas y los atentados contra líderes comunitarios en los sectores Guapinol y Ceibita, en el departamento de Colón, entre 2018 y 2019. A pesar de esto, no se pudo detener la construcción de la fábrica procesadora de óxido de hierro más grande de Centroamérica, Ekotec, propiedad de Inversiones Los Pinares, en la comunidad de Ceibita.

“Comenzamos a denunciar todas las violaciones ante las autoridades, pero nunca nos atendieron”, cuenta la líder comunitaria, quien recibía llamadas anónimas donde le exigían un alto a sus denuncias y protestas, o de lo contrario la matarían. “Las llamadas eran casi a diario, además, entre enero y marzo de 2019, con frecuencia un vehículo sin placas me daba seguimiento”, apunta.

¿Por qué se oponen a la minera?

El investigador Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), institución que trabaja en derechos humanos y ambientales, reconoce los impactos que podría traer esta concesión en el parque nacional Carlos Escaleras. Landa explica que, en la fase de construcción de la fábrica procesadora del hierro, las comunidades que se ubican en el valle van a recibir un doble golpe: los desechos químicos de la fábrica provocarán recalentamiento del suelo, profundizando el agua subterránea y, por otra parte, se sufrirá con la contaminación auditiva porque la fábrica está a solo cinco minutos del centro de la ciudad de Tocoa.

Además, según Landa, cuando se comience a sacar hierro de la montaña, el agua que llega por gravedad a las comunidades escaseará debido a la deforestación. En el Parque Nacional nacen dos ríos que abastecen de agua a las personas de la zona: Guapinol y San Pedro.

“A largo plazo, la concesión minera impactará directamente en el deterioro de la calidad de vida de las comunidades y de sus medios de producción por la falta de agua. La pérdida de la capacidad productiva del suelo y el surgimiento de enfermedades derivadas de lo que se llama ‘la recarga de plomo’ dentro de los seres vivos, provocará afecciones en el hígado, riñones, cerebro y hasta enfermedades en las capacidades reproductivas de hombres y mujeres”, dice.

Por su parte, el abogado Carlo Jiménez, apoderado legal de los ambientalistas presos, afirma que la ilegalidad del proyecto minero se puede ver desde varias aristas. Según dice, lo primero que hay que destacar es que el proyecto está dentro de un parque nacional que, a pesar de que debía estar inscrito en el catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable desde 2012, nunca se inscribió.

Jiménez asegura que la empresa Los Pinares y las autoridades del ambiente han argumentado que como el Parque no ha sido inscrito en ese catálogo, aún seis años después de su creación, entonces no está prohibido conceder derechos mineros.

El abogado sigue explicando que desde el año 2014 la oficina de asesoría legal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), entidad estatal encargada de la conservación del ambiente en Honduras, le ordenó al catálogo del Patrimonio Público Forestal que realizara la inscripción. Además, la misma solicitud hicieron, a finales del 2018, las comunidades de Guapinol. “El parque no está inscrito por falta de voluntad política. Primero nos dijeron que es muy extenso y que el ICF no tiene la capacidad humana y técnica para hacer todo el registro y documentarlo para inscribirlo”, dice Jiménez.

Las denuncias de Irma Lemus y los ambientalistas criminalizados toman más fuerza si se considera que, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional aprobó el decreto 252-2013 donde, según el abogado Jiménez, se modificaron los límites del Parque Nacional, reduciendo la zona núcleo. De esta manera se dio luz verde para que Ekotec se instalara en la zona amortiguamiento del área protegida.

Otro elemento importante, que resalta el abogado, es que no se consultó a las comunidades de Guapinol, San Pedro y Ceibita en Colón, cuando el mismo plan de manejo del parque establece que esto es un proceso innegociable para cualquier actividad que pueda afectarlos.

Y no solo esto, el municipio de Tocoa —que otorga el permiso de operación—, dio la autorización en una sesión extraordinaria celebrada el 20 de enero del 2014, dos días antes que el alcalde Héctor Rolando Hernández dejara el cargo. “La actual corporación municipal que dirige el señor Adán Fúnez viene renovando el permiso, a pesar que el municipio se autodeclaró libre de explotación minera”, afirma el abogado Carlo Jiménez.

El alcalde Fúnez de Tocoa argumenta que, extiende los permisos de operación para evitar ir a la cárcel, ya que esos proyectos están por encima de la autonomía municipal porque son aprobados en el Congreso Nacional.

Argumentos del Estado y de la minera

La explicación que el Estado da sobre por qué permiten la minería en un parque nacional es un enredo jurídico. Consultado por Mongabay Latam, Danilo León, Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), aseguró que la solicitud de concesión ingresó bajo la Ley de Minería de 1998, donde no existía un artículo que protegiera los patrimonios culturales, como existe en la actual Ley de Minería de 2013.

La ley anterior no permitía concesiones en la zona núcleo, pero en la zona de amortiguamiento lo dejaba a discreción del plan de manejo del parque otorgado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Adicionalmente, León explica que la actual Ley de Minería dice que los expedientes que se encontraban en solicitud de concesión, antes de que la ley entrara en vigencia, tenían que seguir su trámite con la ley antigua.

Irma Lemus asegura que el amor por la tierra la llevó a poner en riesgo su vida, al denunciar de frente los abusos que cometen los terratenientes y empresarios. Foto: Radio Progreso.

Si las comunidades se sentían afectadas tenían 15 días hábiles para oponerse. Sin embargo, León asegura que no hubo oposición y el 8 de enero de 2014 “declaramos caducado el término para que cualquier persona natural o jurídica pueda oponerse y dimos trámite”, detalla. El problema, según Irma Lemus y los demás defensores ambientales de la región, es que las comunidades no hicieron el reclamo en el tiempo establecido porque desconocían la ubicación exacta y los impactos ambientales de la concesión.

Mongabay Latam buscó la versión de la empresa Inversiones Los Pinares, dueña de Ekotec, pero Bessy Lara, integrante del equipo de relaciones públicas de la compañía, aseguró que, por seguridad, los ejecutivos de la empresa no dan entrevistas personales ni por llamadas telefónicas, además de indicar que “han tenido malas experiencias con periodistas internacionales”.

Inversiones Los Pinares pidió una lista con las preguntas por escrito, pero no respondieron los interrogantes de Mongabay Latam argumentando que “no querían entrar en polémica” y enviaron una contestación general donde indican que “Inversiones Los Pinares, al igual que sus socios, es una empresa seria y responsable, respetuosa de las leyes nacionales e internacionales y que opera con todos los permisos y procesos indicados en las legislaciones hondureñas […] Inversiones Los Pinares seguirá generando desarrollo y brindando apoyo a Tocoa, sus comunidades y habitantes”.

Desplazada con la ilusión de regresar

Aun durante la cuarentena impuesta por las autoridades de Honduras, a raíz de la pandemia por COVID-19, la empresa minera continúa trabajando en la construcción de la fábrica peletizadora y el acarreo de piedras con óxido de hierro de la montaña. A pesar de la distancia, Irma Lemus ve con preocupación cómo sus compañeros siguen presos y cómo las comunidades están padeciendo los impactos negativos que acarrea la instalación de un proyecto minero. Dice que le duele saber que la destrucción del parque nacional será también un duro golpe para la vida de su gente en Colón.

Aunque se encuentra en Estados Unidos, a miles de kilómetros de su hogar, ha recibido llamadas telefónicas de supuestos representantes de la empresa exigiendo que regrese a Honduras y retire las denuncias por agresiones y amenazas. Esto, por el contrario, hace que su regreso esté más lejano. Según cuenta, sabe que, al momento de poner un pie en el país, sus horas están contadas.

Con lágrimas en los ojos, y desde una ciudad de rascacielos que hoy la cobija, la defensora ambiental dice que añora sus ríos, montañas y la libertad con que antes defendía los derechos humanos y el ambiente. Para ella, y los ambientalistas que defienden los ríos  Guapinol, San Pedro y el parque Carlos Escaleras, la llegada del supuesto desarrollo que promueven las industrias extractivas significa el desplazamiento forzado de líderes comunitarios que alzan su voz contra los daños sociales y ambientales.

La violencia en Honduras ha provocado que casi 250 mil personas se desplacen para huir del peligro y resguardar a sus familias, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) en su informe publicado en diciembre de 2019. Irma Lemus es una de ellas, está en el exilio, sobreviviendo, pero con la fe puesta en que un día llegará la justicia y, con ella, la oportunidad de regresar a su tierra.

Este trabajo fue realizado por el equipo de Mongabay. Lo reproducimos con su autorización. Forma parte de la serie Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. Aquí puedes ver la segunda entrega: Rossana sueña con volver a su tiera.

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