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Sagasti entrega terrenos a minera canadiense donde indígenas ya murieron defendiendo sus tierras, además viola la Constitución

Editor CNP3

Límites Territoriales

25 Diciembre 2020


Francisco Sagasti bufanda morada

Además de violar la Constitución permitiendo la instalación de empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros del límite de la frontera, el presidente Francisco Sagasti busca el derramamiento de sangre, pues en esa zona de la frontera norte ya hubo muerte de indígenas en defensa de sus territorios. 

Diario Uno informa así hoy:

«Sagasti quiere otro baguazo»

”Entregan terrenos a minera en la zona de Tambogrande donde ya hubo muertos y heridos por rechazo a una minera canadiense. Ahora Arco Iris SAC quiere tomar su lugar.Publicado hace 1 día el 24 de diciembre de 2020. 

El Gobierno parece no querer aprender la lección y pretende manchar de sangre el campo peruano. No se explica de otro modo que el pasado 8 de diciembre emitiera los DS 027-2020-EM y 028-2020-EM por los cuales entrega en concesión a la empresa canadiense Arco Iris S.A.C. un total de 17 mil hectáreas en la frontera norte, en los que se encuentra el distrito piurano de Tambogrande, donde ya hubo muertos y heridos por su rechazo a las mineras. 

El presidente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar, dijo a Diario Uno que las organizaciones de pueblos indígenas, la CNA y la CGTP denunciarán al presidente Francisco Sagasti por la concesión de tierras peruanas a una empresa extranjera. 

«Lo que haciendo Sagasti es traición a la patria por conceder territorio peruano a los canadienses justo en zona de frontera y lo peor sin consulta previa a los pueblos indígenas por lo cual podría haber un levantamiento contra este gobierno entreguista. ¿Acaso Sagasti quiere otro Baguazo?”, dijo 

CONTAMINACIÓN 

Huáscar sostuvo que otra de las consecuencias de esta penetración minera es que se va a contaminar los recursos hídricos de los que dependen los pueblos indígenas y los campesinos. “No vamos a permitir que deforesten y dejen hecho un desierto nuestros territorios ancestrales. Arrasaran árboles y ríos por un poco de cobre y oro, eso es inaudito”, afirmó. 

El dirigente campesino indicó que es urgente cambiar la Constitución con un Estado plurinacional para defender nuestra soberanía, nuestra Amazonía y a los pueblos indígenas y eliminar de una vez por todas los “nefastos contratos ley que sólo sirven para vender la patria”. 

La empresa Arco Iris está constituida por Tesoro Minerals Corp., empresa de capitales canadienses (99.6 por ciento de acciones), y por el ciudadano peruano Raúl Ferreyra Martínez. 

La decisión se da dentro del marco del artículo 71 de la Constitución fujimorista que prohíbe expresamente que los extranjeros adquieran o posean minas, tierras, bosques, aguas, combustibles o fuentes de energía dentro de los 50 km de nuestras fronteras, pero que al mismo tiempo faculta al Ejecutivo a evadir dicha prohibición mediante una declaración de “necesidad pública” efectuada a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. 

CARTA FUJIMORISTA 

“Ello demuestra nuevamente que esta Constitución neoliberal no fue diseñada para garantizar nuestra soberanía y los intereses de la población peruana, sino los intereses económicos de los grandes inversionistas, constituyendo un nuevo ejemplo que justifica el creciente clamor de la ciudadanía que exige una nueva Constitución para nuestro país”, añadió Huáscar. 

Como se recuerda, el distrito de Tambogrande ya fue escenario de una icónica lucha en favor del agro frente a la minería, en la que la población, dedicada en su mayor parte a la producción de cultivos como el limón, mango, algarrobo y arroz, rechazó unánimemente los intentos de la empresa minera Manhattan Minerals para extraer oro y otros metales de la zona. 

En el año 2002 Tambogrande fue escenario de un histórico referéndum popular que congregó el interés de la comunidad internacional, a través del cual la población dio un categórico SÍ al agro y rechazó a la minería, debido a su innegable amenaza contra el agua de la cuenca. 

Por esta razón, la Confederación exigió al gobierno de transición a desistir de esta medida, que atenta contra el modelo de desarrollo elegido libremente por las localidades del distrito de Tambogrande, modelo económico alternativo al extractivismo que ha demostrado ser exitoso y capaz de brindar un auténtico bienestar a miles de familias dedicadas a la agricultura. 

ALGO MÁS 

Angélica Palomino, congresista del Partido Morado, exigió la derogatoria de los decretos 027 y 028 que autorizan la actividad minera en Tambogrande debido a que carece de licencia social. “Esto ha sucedido a pesar de no haber licencia social, teniendo de sustento la consulta ciudadana llevada a cabo en junio del 2002, donde el 96% de los votos válidos rechazó la actividad minera en la zona”, precisó.

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