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El diálogo de saberes como crisol de nuevos conocimientos: Taller por la defensa de los territorios del INAH

Escrito por Rosa María Garza Marcué y Eliana Acosta Márquez

DEAS-INAH

Las ciencias sociales son básicas para conocer la realidad de la sociedad y el país y guiar sus transformaciones para bien de las mayorías. Porque tienen la capacidad y la metodología para cumplir ese cometido, porque también tienen la aptitud de estudiar metódicamente problemáticas agudas tanto contingentes como de mediano y largo plazo.

 El abordaje que cada disciplina de las ciencias sociales hace con sus metodologías y tradiciones procedimentales aporta datos concretos acerca del área de la realidad estudiada y analizada. Su metodología y compromiso privilegian la voz de las comunidades estudiadas. Pero para dar cuenta del estado de las cosas con mayor precisión, extensión y profundidad, así como para formar panoramas más consistentes y eficientes, el emprendimiento multidisciplinario y la integralidad de la perspectiva antropológica son el recurso más poderoso y eficaz de las ciencias sociales en México, teniendo en cuenta la compleja problemática por la que atravesamos. Nuestro país es diverso y las ciencias sociales y en particular la antropología da cuenta de ello.

La importancia de informar de saberes diversos implica entender formas de concepción y relaciones sociales distintas a las occidentales, es decir, conocer la dimensión simbólica y cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas cuyos individuos se forman como personas con base en una lógica cultural distinta a la hegemónica, lo que obliga a estudiar otras maneras de vivir y concebir el mundo en un país diverso. De interés primordial son las llamadas estrategias de resistencia de las comunidades indígenas, que están presentes en prácticamente todas las problemáticas a estudiar y que se manifiestan en la reproducción cultural,  la transmisión de conocimientos y formas de organización social, así como la innovación y la adaptación social, como se ha observado y trabajado de manera cuidadosa desde la antropología .[1]

Al respecto, la antropología social con su enfoque integral y desde una perspectiva interdisciplinaria, ha desarrollado investigaciones a las que sería oportuno aludir de manera puntual.

La antropología de la comida, relacionada con las ciencias alimentarias, la salud pública y la cultura, las tradiciones alimenticias, los saberes ancestrales, la geografía y el medio ambiente, ha abierto un diverso campo de estudio en torno del patrimonio e identidades locales y mundiales, así como del turismo, economía local, familiar y nacional. En particular, la comida concebida como patrimonio cultural y recientemente como patrimonio intangible, vinculada a los usos de la comida en actividades ceremoniales y la cosmovisión de los pueblos, además de que ha advertido el contraste entre las prácticas locales alrededor de la comida en México y los nuevos patrones de alimentación que promueven diversos intereses dentro de la modernidad, ha dado elementos que han sido usados para la resistencia frente a la homogeneización cultural que promueve la globalización. Importante ha sido, en ese sentido, contar con argumentos para la defensa del policultivo de la milpa y las semillas, y proporcionar evidencias de las enfermedades producto de la mala alimentación y de las cocinas de la pobreza, que de manera suplementaria puedan incidir también en el diseño e implementación de políticas públicas.

El estudio de las creaciones artísticas, artesanías, saberes locales y familiares, además de que ha dado cuenta de su importancia como expresión cultural y constituyente de las identidades locales y regionales, ha mostrado su relevancia en las economías familiares y comunitarias, así como en la generación de empleo y autoempleo. Asimismo, se ha dejado ver que su impulso, que es una alternativa del uso del medioambiente, ha estado aparejado al rescate de la tradición cultural de los pueblos. Frente al comercio nacional e internacional, la antropología ha ofrecido elementos para debatir sobre los instrumentos de protección del patrimonio cultural material e inmaterial.[2]  En ese sentido, se han propuesto estrategias para su reproducción cultural, analizando las virtudes y perversiones de los instrumentos de protección existentes como los son las denominaciones de origen, marcas colectivas y más recientemente la iniciativa  de Ley de Salvaguarda de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. En específico, se ha advertido que estas iniciativas en lugar de proteger, fomentan la mercantilización y usufructo por entidades ajenas a las comunidades. Más aún, se ha considerado que la misma noción de propiedad que se define como “intelectual” supone una especialización y división del trabajo que no es el rasgo más destacado en una sociedad tradicional donde lo que se llama propiedad más bien remite a modalidades de socialización de las múltiples expresiones artísticas, así como a procesos colectivos de apropiación del medio y los recursos, aunado todo ello a la vinculación con contenidos afectivos y procesos identitarios, que si bien pueden estar asociados a una función especializada o disponen de algún recurso que pudiese ser equivalente al que en la sociedad occidental moderna se reconoce como “intelectual”, en sí son derivados de conocimientos colectivos y de formas de organización comunitaria.

La investigación sobre la dimensión cultural y simbólica de los territorios para su defensa, y la práctica de peritajes antropológicos y dictámenes periciales ha permitido avanzar en el reconocimiento de derechos culturales y colectivos en correspondencia con la diversa composición cultural de la nación (consignada en el Artículo 2º constitucional) y, de forma paralela, ha contribuido para la construcción de un Estado pluriétnico y multilingüe. En ese camino ha sido clave la consolidación de la antropología jurídica en diálogo con otras disciplinas y el conocimiento etnográfico aplicado al derecho consuetudinario y de los sistemas normativos indígenas. En este escenario, el compromiso de los antropólogos ha sido el de reclamar, explicar y demostrar que los mexicanos somos efectivamente una sociedad multicultural, en la que la diversidad social y cultural es la tónica, y en la que la diferencia cultural no debe entenderse como desigualdad ni supremacía; y demostrar que no hay culturas superiores, simplemente diferentes. El Estado mexicano, al no reconocer verdaderamente esta diversidad cultural, difícilmente podrá avanzar en la implementación de políticas públicas y sociales que garanticen los derechos culturales. Si bien la pluralidad cultural está plasmada en la Constitución así como en otros ordenamientos legales, esto no es ni ha sido suficiente para demostrarla ante la sociedad en general, a fin de que se valore y comprenda la diversidad cultural. Una herramienta clave en ese sentido son los peritajes antropológicos, que demuestran la pertenencia a un pueblo indígena, el derecho a ejercer la tradición, a la defensa del territorio, a exponer y explicar si se es una comunidad indígena o no, entre otros aspectos. Todo ello está orientado a la defensa de los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas y originarias. Los derechos más reclamados son la certeza jurídica sobre su territorio, el manejo de sus bienes naturales, la propiedad colectiva del conocimiento tradicional, así como la protección del patrimonio colectivo de sus culturas, donde yace el ejercicio de sus tradiciones y cosmovisión.


Rarámuris de Chihuahua. Tomada de desinformemonos.org

La defensa del derecho colectivo al territorio y los bienes comunes involucra a la vez procurar las propias concepciones y relaciones, así como las prácticas y las formas de organización comunitaria de los pueblos, los cuales la antropología registra especialmente a través de la etnografía. Al estar en las comunidades se evidencia la perspectiva de los pueblos sobre su territorio, en particular, se muestra que éste, además de ser morada de múltiples entidades extrahumanas, comprende fuerzas y constituyentes fundamentales para la vida. Con el término de señores, dueños o guardianes en sus diferentes lenguas han nombrado y personificado potencias con agencia y distintos atributos identificadas con ríos, manantiales, lagunas, cuevas, oquedades, cerros, cruces de caminos, rocas, especies de animales, flores, árboles y plantas, entre otros elementos de su territorio y hábitat. Bajo esta perspectiva, el territorio habrá que concebirlo como los cuerpos de los señores, dueños o guardianes del agua, del monte, de los animales o las semillas; estas entidades comprenden lugares de memoria, enclaves de eventos míticos y narraciones cosmológicas, y son espacio propicio para las prácticas rituales y el tejido comunitario. Por tanto, la afectación por los megaproyectos y el extractivismo habrá que verla no sólo como un despojo del territorio y alteración de las distintas formas de intercambio la cual se debe mantener entre humanos y éstos con seres extrahumanos, para la provisión de los mantenimientos, la comida, la prosperidad, la buena fortuna y la salud, sino también como un daño al cuerpo y la salud desde una perspectiva doble, tanto de las personas y comunidades de los pueblos, pero también de los dueños, señores o guardianes identificados con su hábitat, quienes son necesarios para la existencia e integridad de la vida. La antropología se centra en esta relación ancestral con el territorio y frente a la cosificación de la naturaleza ha dado cuenta cómo los pueblos originarios han configurado relaciones y concepciones con base en un paradigma del cuidado que han regulado el uso del entorno, legando así los mayores núcleos de biodiversidad del planeta asociados a conocimientos y prácticas ancestrales.

Un Taller y dos Encuentros por la defensa de los territorios

En el marco de las distintas posibilidades de la investigación antropológica orientada a la solución de los grandes problemas nacionales, en la Dirección de Etnología y Antropología Social se constituyó el “Taller por la Defensa de los Territorios y del Patrimonio Biocultural”,  producto de una iniciativa colectiva de investigadores preocupados por el despojo y la violencia vivida por las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios y sus culturas frente a los diversos proyectos extractivos.

El Taller ha sido un espacio de encuentro de pueblos, organizaciones, defensores de derechos, activistas, académicos y estudiantes para avanzar de manera colectiva en el conocimiento, problematización, análisis y sistematización de las temáticas ligadas al territorio y la diversidad biocultural, haciendo valer la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia que contempla como una de sus competencias: “Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo” (Ley Orgánica del INAH, 2015: 2)”.

En principio se consideró la posibilidad de generar un espacio con la finalidad de intercambiar experiencias y coadyuvar en la articulación de investigadores, defensores de derechos y movimientos sociales. Se planteó como prioritario que los pueblos pudieran compartir sus experiencias de defensa frente a proyectos extractivos en sus distintas formas, ya sea a partir de la concesión de mineras, gasoductos, presas hidroeléctricas, o bien, enajenación de bienes comunes, proyectos turísticos, patrimonialización y comercialización de la cultura. Importante fue también, en esa iniciativa, contar con especialistas de distintas disciplinas para entender cómo el impacto y la magnitud de estos proyectos responden a la reorganización del espacio para favorecer la acumulación del capital y la instrumentación de un marco legal en nuestro país para facilitar el despojo.     

Desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2020, antes de la pandemia, nos reunimos cada quince días o una vez al mes para abordar problemáticas específicas en torno a la defensa de los territorios y de la diversidad biocultural. Hemos contado con la participación de antropólogos, economistas, geógrafos, historiadores, abogados, entre otros especialistas, quienes nos hicieron ver la multidimensionalidad del despojo. En particular, han puesto énfasis en la reorganización del espacio con fines de la acumulación del capital, proceso que ha implicado la sustracción de recursos naturales, bienes comunes y saberes locales y ha conllevado, de manera recurrente, la negación a la pertenencia a un territorio, a una tradición histórica y a una identidad.

Estas empresas extractivas han impuesto otras formas de relación que amenazan las formas de organización comunitaria y se han apropiado del territorio y bienes comunes, lo que genera diversas estrategias que los defensores de derechos y organizaciones nos han compartido: cómo los pueblos de diferentes partes del territorio nacional generan estrategias de lucha retomando formas tradicionales y reinventando otras para la defensa del territorio y lo propio a través de múltiples medios: ya sea a partir de la reivindicación de la propiedad social, la reactivación de las autoridades tradicionales como son los consejos de ancianos, la conformación de organizaciones y asambleas con un alcance regional o, bien, a partir de la lucha legal, especialmente a partir del recurso de amparo, para suspender o cancelar los proyectos o la conformación de ordenamientos territoriales para delimitar el territorio propio frente los diversos intereses privados para responder a las empresas, que generan medios cada vez más sofisticados en complicidad con el gobierno federal, estatal y local y, en muchos casos, con organizaciones criminales, para apropiarse de los territorios.

De lo que se ha abordado en los tres años del Taller quedan múltiples preguntas y sobre todo se avistaron diversos desafíos. Una interrogante que cruzó diversas sesiones giró en torno al papel de la Antropología y la necesidad de repensar conceptos y herramientas; en específico, reflexionar sobre el concepto de territorio y la reconfiguración de las identidades de los pueblos en contextos de despojo, y cuestionarse, por ejemplo, sobre la potencialidad de conceptos como el de patrimonio biocultural. De vital importancia fue pensar en las formas de incidencia en co-construcción con los pueblos en defensa de lo propio y no sólo a través de los peritajes y la oportuna garantía del derecho a la consulta, sino también en los mecanismos de evaluación que generalmente se aplican favoreciendo los intereses de las empresas.

Derivado del trabajo de esos años se han llevado a cabo dos Encuentros Nacionales: “La defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: desafíos a la antropología” y “Perspectivas sobre los derechos de los pueblos frente a los megaproyectos y la defensa de los territorios y la diversidad cultural”. El primero, el cual se llevó a cabo en 2108, se centró en dos objetivos: 1) abrir un espacio de diálogo para analizar y posicionarse frente a los procesos de despojo de los territorios, el patrimonio biocultural y los saberes locales y tradicionales; 2) ubicar, fortalecer y ampliar las perspectivas teóricas, las orientaciones metodológicas y las herramientas antropológicas para la defensa de los pueblos frente a los contextos de despojo.

Del primer encuentro se concretó un pronunciamiento en el cual se marcó un horizonte de una antropología crítica y comprometida. Entre los puntos que habría que destacar de este documento se encuentra la necesidad de que los trabajadores y las instituciones académicas mantengan un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad, lo cual plantea a su vez la exigencia no sólo de documentar y denunciar los mecanismos de despojo y de mercantilización de la vida: es imperativo acompañar a los movimientos sociales, democratizar nuestras instituciones y colocarlas al servicio del bien común.

En el segundo encuentro, dando continuidad al diálogo que se propició en la Jornada sobre la Consulta y los Derechos de los Pueblos Indígenas y Originarios efectuada en el marco del Taller (julio de 2019), el interés central fue problematizar la continuidad en la llamada 4T de los proyectos extractivos, preponderando el punto de vista de campo de especialistas, pero sobre todo de los pueblos frente al nuevo gobierno y de una problemática fundamental: en su proyecto privilegia el bien público y el interés nacional, así como el impulso a una política orientada al bienestar y justicia social basado en programas sociales y subsidios para atemperar las desigualdades, pero en la implementación de su política es evidente la continuidad del modelo extractivista. Bajo el argumento de la soberanía energética y la rectoría del Estado con la que el gobierno federal puede invocar la participación de la iniciativa privada “a favor del pueblo y la nación”, en los hechos pierden los mismos y ganan los de siempre.

Preocupa que el Estado no esté garantizando los derechos de los pueblos indígenas y originarios: sus territorios y diversidad biocultural siguen amenazados; no hay una política decidida, comprometida y coherente destinada a frenar el despojo de sus tierras, acaparamiento y enajenación de bienes comunes y saberes. Al contrario, el desarrollo de nuevos megaproyectos recibe un mayor impulso con reformas legales y una justificación mediante el mecanismo de las consultas.

A partir de las experiencias compartidas y en el contexto de la aplicación de consultas por parte del gobierno federal, en el Segundo Encuentro se pretendió tener mayor claridad y perspectiva sobre dos ejes fundamentales: 1. La garantía de la consulta no debe suplantar el derecho fundamental a la autonomía y la libre determinación de los pueblos; 2.  La defensa de los territorios, los bienes comunes y saberes debe ser estratégica e integral, priorizando la movilización social y fortaleciendo la comunidad, sus prácticas, formas de organización y propios órganos normativos.

Con base en estos posicionamientos se derivaron diversas líneas de acción:

Ante la imposición de procesos de patrimonialización de los bienes comunes y la mercantilización de los saberes, las cosmovisiones y las formas de vida, respaldamos el impulso a proyectos autogestivos endógenos, basados en la valoración de la identidad, la memoria y las culturas propias de los pueblos, así como en los atributos naturales y ecológicos de los territorios.

Ante mecanismos de evaluación exógenos y parciales, a cargo de los operadores de los proyectos extractivos (como es el caso de las manifestaciones de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto social), exigimos procesos participativos de diagnóstico, generados a partir de acuerdos de asambleas y protocolos integrales a cargo de instancias imparciales y autónomas.

Ante procesos de consulta amañados y corruptos que legitiman la imposición de proyectos de despojo, reivindicamos el derecho insoslayable de la libre determinación de los pueblos, quienes a través de sus usos y costumbres y formas de organización comunitaria reivindican su existencia misma y ejercen su posición ante megaproyectos o cualquier otro proyecto que no surja desde su propia cosmovisión, necesidad y realidad.

Ante la lógica racista y colonial, según la cual expertos externos son llamados a certificar la existencia o no del “ser indígena” en los juicios relativos a las afectaciones ambientales (como los peritajes antropológicos, fácilmente manipulados por las empresas), reivindicamos la autoadscripción y la autonomía como criterio fundamental para el sustento de la identidad indígena y campesina, y los derechos colectivos que ésta ampara.[3]

Reconsideraciones de conceptos y construcción de otros desde la práctica de la antropología en el INAH a partir de los resultados del Taller

La experiencia del Taller ha provocado que, de manera individual y colectiva, se hayan planteado ciertas necesidades epistemológicas para la antropología hecha desde el INAH al estudiar el despojo de los territorios, en particular, la reformulación de ciertos conceptos. .

Se hace preciso entonces un enfoque integral ante un problema transversal propio de la mirada antropológica (pienso en el concepto de <hecho social total> legado por Marcel Mauss), el cual implicaría prestar atención a las distintas variables y restituir la integridad de los casos con el fin de documentar y hacer frente a la multidimensionalidad del despojo. Se alude a este término ya que los pueblos están siendo sustraídos de su base material de subsistencia, agua, cerros, semillas, animales, plantas, pero también poniendo en riesgo sus saberes, rituales, narrativas y de todo aquello que conforma su identidad y diferencia.

Aquello que en algún momento Aguirre Beltrán nombrara “regiones de refugio”, como lo ha hecho notar Javier Guerrero (comunicación personal), ahora son terreno codiciado y en disputa, que desde el Estado se han nombrado como Zonas Económicas Especiales, o bien, como Zonas Estratégicas, promoviendo su explotación. Espacios que comprenden el último bastión de la expansión del capital, pues como sostiene Jorge Veraza (2011:90) éste se encuentra al límite geográfico extensivo, lo que ha implicado no sólo la integración de espacios que se distinguían por cierto aislamiento y marginalidad, sino también por una intensa degradación de la naturaleza, así como el uso depredador del medio ambiente. Con el nuevo gobierno de la llamada 4T, a pesar de las declaraciones oficiales, nosotros tenemos otros datos, como son los megaproyectos Tren Maya, Corredor Transístmico, Proyecto Integral Morelos, entre otros.[4]

Bajo esta perspectiva, es fundamental esclarecer las contradicciones internas que se suman a las externas. Por ejemplo, para facilitar la entrada de los megaproyectos extractivos, en complicidad con el gobierno federal, estatal y local, se han violado derechos, tanto individuales como colectivos, que han conllevado la criminalización y asesinato de defensores de los territorios. De igual manera, se ha utilizado el recurso de dividir a las comunidades al comprar sectores y romper asambleas y otras formas de organización comunitaria, lo cual se ha añadido a la diversificación de las propias comunidades; disputas internas endógenas se han entreverado con las generadas por estos megaproyectos, y se suman a las de escala estatal, nacional y global.

Otro aspecto de esta problemática que es importante abordar es la reconfiguración de las identidades indígenas a partir de los contextos de despojo. Si bien históricamente los pueblos originarios han vivido condiciones de expolio y desigualdad, las últimas décadas de gobiernos neoliberales han tenido que enfrentar dos procesos simultáneos: la reorganización del espacio para favorecer la acumulación del capital y la instrumentación de un marco legal para facilitar el despojo. En ese contexto, los pueblos no sólo han diseñado estrategias para la defensa de su territorio, sino también han vivido procesos de reconfiguración de su identidad para hacerle frente y construir alternativas de vida desde su cultura, tradición y formas de organización.

Identidad arraigada al territorio vinculada a un paradigma del cuidado. Al respecto, desde el ecofeminismo, feminismos populares o la economía de los cuidados se ha cuestionado además de la visión patriarcal, la relación que Occidente ha establecido entre la sociedad y la naturaleza, particularmente la concepción dualista y la disociación entre el ser humano y su entorno; en contraste, han postulado una resignificación de la naturaleza en la que prevalezca el cuidado y la reciprocidad, la salud y la vida (Svampa, 2020). Los pueblos originarios históricamente en contextos marcados por relaciones de poder desventajosas y procesos de resistencia y negociación han mantenido y actualizado un paradigma del cuidado que tiene como base un principio de contigüidad entre las comunidades y su hábitat. Esta continuidad entre los humanos y su medio, ajena a la “discontinuidad objetivadora” de Occidente (Surralés, García Hierro, 2004) implica una relación singular con el territorio que además de proteger y garantizar conforme a los derechos reconocidos de los pueblos, es una simiente para repensar y transformar nuestros vínculos con el entono.

Bibliografía

  • Encuentro por la Defensa de los Territorios y del Patrimonio Biocultural, Pronunciamiento, https://territoriosypatrimonio.wordpress.com/ (31 de octubre de 2018)
  • Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (2015), Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939 (Última reforma publicada DOF17-12-2015), http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170_171215.pdf, (31 de octubre de 2108)
  • Garza Marcué, Rosa María. “Demuestre su atraso cultural”: dos peritajes antropológicos de habitantes de pueblos originarios en contextos urbanos. En Sistemas normativos indígenas. Revista Diario de Campo, tercera época, septiembre-diciembre de 2014. CNAN.
  • Garza Marcué, Rosa María. Lacas de Olinalá y Temalacatzingo, Guerrero. Un proceso de patrimonialización exitoso. En el libro: El conocimiento antropológico e histórico sobre Guerrero. Patrimonio cultural: reconsideraciones, novedades y riesgos. Coordinado por Catharine Good Ashelman y Anne Warren Johnson. Secretaria de Cultura, INAH, 2019. Publicación digital. ISBN: 978-607-539-303-2 
  • Good, Catharine y Corona Laura. Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e Históricas. Conacyt, Enah, Inah, 2013.
  • Surrallés Alexandre, Pedro García Hierro (ed.) (2004).), Tierra Adentro. Territorio Indígena y Percepción del Entorno, Lima, Perú, Grupo Internacional de Trabajo en Asuntos Indígenas (IWGIA).
  • Svampa, Maristella, “Paradigma del cuidado”,
    PARADIGMA DEL CUIDADO Por: Maristella Svampa
    (Entrevista, 3 de junio de 2020)
  • Veraza, Jorge (2011), Del reencuentro de Marx con América Latina en la época de degradación civilizatoria mundial. La subsunción real del consumo bajo el capital, la historia del desarrollo capitalista y la reconstrucción del marxismo hoy (Antrología de Jorge Veraza), Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

[1]    “Podemos dar un uso muy acotado al concepto de resistencia y relacionarlo con una nueva teoría del poder, ya que desde la antropología podemos ver que el poder no es monolítico ni único, más bien tiene múltiples caras… La creación cultural puede ser una expresión de la resistencia estructural, ya que ha sido una respuesta eficaz de los pueblos mesoamericanos para asegurar su supervivencia colectiva a lo largo de 500 años de colonialismo europeo, expansión de los Estados nacionales y la imposición del neoliberalismo. “Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas. Catharine Good y Laura Corona. Conacyt, Enah, Inah, 2013. Pág. 31.

[2]    En ese rubro se ha analizado e investigado, por ejemplo, una importante tradición artesanal del estado de Guerrero, las lacas de Olinalá, el proceso ancestral de manufactura, su origen prehispánico y su revitalización patrimonial.

[3]    El Pronunciamiento íntegro se puede consultar en este sitio electrónico: https://territoriosypatrimonio.wordpress.com/

[4]    Hablando del compromiso de la antropología como ciencia social es menester hacer mención del libro: Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos, de Lilián González Chévez. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. 2020.

http://enelvolcan.com/88-ediciones/062-julio-septiembre-2020/665-el-dialogo-de-saberes-como-crisol-de-nuevos-conocimientos-taller-por-la-defensa-de-los-territorios-del-inah?fbclid=IwAR20ENbWDZLufmJzK-1O-HxbLU3-obViYAOqyhuluMHhtV7tKHVvbbg1KKQ

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