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La Defensoría del Pueblo en Canadá, un avance más hacia la distorsión de la legalidad

Prosiga con cautela

La Defensoría del Pueblo para la Actividad Comercial Responsable no es lo que el Gobierno de Canadá prometió crear

*Este documento contiene información actualizada para compartir con entidades y personas aliadas que la Defensoría canadiense podría contactar. Los siguientes mensajes fueron diseñados para su distribución mediante mensajes directos con herramientas como Whatsapp u otras.

Contexto: La Defensoría del Pueblo para la Actividad Comercial Responsable, de Canadá (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise), podrá pronto recibir quejas contra empresas canadienses de minería, petróleo y gas y confección. El presente documento busca ser una herramienta para las comunidades afectadas que evalúan la posibilidad de utilizar los servicios de la Defensoría. En él, se indican las importantes limitaciones en cuanto a su autoridad y alcance, y los riesgos que su uso podría acarrear.

LIMITACIONES

Falta de autoridad: La autoridad de una defensoría deriva de su capacidad de investigar efectivamente quejas por irregularidades. La autoridad para exigir la presentación de documentos y que se preste testimonio es la herramienta más básica necesaria para llevar a cabo investigaciones efectivamente. Sin esto, la Defensoría debe depender enteramente de la voluntad de la empresa acusada de violaciones para proporcionar información que pueda confirmarlas. Contrariamente a lo que indicara ser la intención del gobierno, la Defensoría para la Actividad Comercial Responsable nunca tuvo la facultad de exigir la presentación de documentos ni que se preste testimonio y sólo puede ofrecer mediación o realizar “evaluaciones”.

Falta de independencia: La Defensoría para la Actividad Comercial Responsable no es independiente del gobierno ni de las empresas. Su personal está compuesto por funcionarias/os de Canadá cuyo superior es el ministro federal. Promueve la “investigación conjunta” que otorga a las empresas, que ya cuentan con poder, un veto efectivo sobre qué cuestiones se examinan, quién lo hace y si se revela algo públicamente.

Ni transparencia ni confidencialidad: La Defensoríaofrece a las y los reclamantes muy poca información sobre el contenido y el proceso de una evaluación. No está claro si la información sensible que las comunidades afectadas pudieran proporcionar se mantendrá alejada de las manos de gobiernos o empresas objeto de evaluación.

Altos estándares en materia de quejas, pero no en materia de sensibilidad: Si una queja se refiere a una alegación de abuso de derechos humanos que tuvo lugar antes del 1.° de mayo de 2019 y/o no puede demostrarse que está en curso, la Defensoría podría no reconocerla como queja. La Defensoría no ha elaborado políticas sobre evaluaciones con perspectiva de género o que consideren especificidades culturales a pesar de que esto se haya solicitado.

RIESGOS

Informes y conclusiones inexactos: Sin independencia ni la facultad para exigir documentos y testimonios, la Defensoría no puede abordar las importantes diferencias de poder que existen entre las comunidades afectadas y las empresas para determinar los hechos de una queja. Sin información completa, la Defensoría podría llegar a conclusiones, o redactar informes, inexactos y que podrían dañar los intereses de la comunidad afectada.

Protección inadecuada contra represalias: Con frecuencia, las personas que presentan quejas ante entidades similares sufren represalias. La política de represalias de la Defensoría es inadecuada para la protección de reclamantes. La entidad “carece de poder legal para proteger de represalias a las personas y comunidades”.

Deslegitimación de denuncias: El lenguaje que utiliza la Defensoría sobre lo que cuenta como una “queja” corre el riesgo de deslegitimar alegaciones fundadas de abusos de derechos humanos. Sin políticas con perspectiva de género y que consideren especificidades culturales para guiar el proceso de la evaluación, la Defensoría corre el riesgo de restarle importancia al trauma que ocasionan los abusos contra los derechos humanos, especialmente los que enfrentan mujeres y grupos históricamente marginados.

No es diferente del NCP: La Defensoría para la Actividad Comercial Responsable, de Canadá, tiene las mismas debilidades dañinas que el Punto Nacional de Contacto de Canadá (NCP por sus siglas en inglés), el cual ha estado en vigor desde el año 2000. Comunidades y trabajadoras/es han constatado que las quejas presentadas ante el Punto Nacional de Contacto de Canadá no llevaron a mejoras en su situación y, en algunos casos, incluso la empeoraron luego de consumir meses o años de tiempo y recursos de la comunidad. El mandato actual de la Defensoría no ofrece ninguna razón para creer que será más efectiva en brindar reparaciones que el Punto de Contacto o la oficina del Consejero de RSC que lo preceden.

Para más información:

  • Ejemplos de experiencias de comunidades que han presentado quejas ante el Punto Nacional de Contacto de Canadá están disponibles en inglés (sobre todo desde la pág. 39) y aqui, español y francés.
  • MiningWatch Canada ha elaborado documentos sobre el mandato defectuoso (p. 3/4) del anterior Consejero de RSC y de cómo ocasionó más daños (p. 4/5) a las y los reclamantes debido, entre otras razones, a que los casos no llegaron a la etapa de mediación de la evaluación.
  • El documento inicial de CNCA de Prosiga con cautela elaborado en 2020.

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