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Elecciones: entre las franquicias y el outsourcing

La Jornada

Martes 13 de abril de 2021

Opinión

Francisco López Bárcenas

Apenas comenzaron las campañas electorales y ya nos dejan algunas enseñanzas. El registro de candidatos, por ejemplo, nos enseña que los partidos políticos no son el instrumento para que el pueblo mexicano participe en la vida nacional y ejerza su soberanía, como dice la Constitución federal, sino franquicias puestas al servicio de quien pueda pagar para ser postulado a algún puesto de elección popular. Si desde hace varias décadas resultaba repulsivo mirar cómo los políticos desnaturalizaban la función publica usándola para enriquecerse en lugar de fungir como representantes populares; ahora hay que soportar que dentro de los candidatos existan personas señaladas de violadores, defraudadores y ladrones, sostenidos bajo el argumento de que no han sido procesadas penalmente, como si eso les devolviera el decoro tan necesario para ejercer el servicio público, o no hubiera otras personas honestas para ocupar esos cargos.

Los que no son señalados de algún ilícito, pero no fueron beneficiados con la postulación a algún cargo público donde seguir promoviendo sus negocios, brincan de un partido a otro sin importar que en contiendas anteriores hubieran hecho señalamientos negativos en su contra, y estos los reciben porque pudieron pagar el derecho a ser postulados o porque saben que con ellos pueden seguir haciendo negocios. El escenario de la política ha sido convertido, literalmente, en un circo, subiendo a él payasos, contendientes de lucha libre y artistas de poca monta, gente alejada de la política que ha llegado a ocupar esos espacios sólo porque quienes controlan los partidos saben que los potenciales votantes alguna vez los han visto y se han divertido con ellos, olvidando sus penurias cotidianas. Si no los conocen, ahí están los 19.5 millones de espots que durante dos meses se difundirán a razón de 314 mil 516 diarios, o 13 mil 104 cada hora.

La otra enseñanza es que los mexicanos mayores de 18 años hemos dejado de ser ciudadanos con derecho a voto. Eso es más claro en el caso de los partidos que abrieron la participación de su militancia en la elección de candidatos o al menos decidieron designarlos mediante encuestas. Cuando la militancia se inclinaba por alguien que no era de las simpatías de las dirigencias, o los sondeos así lo indicaban, lo sacaban de la contienda para imponer a quien traía la bendición del centro, mostrando un desprecio por la militancia, a la que en teoría se deben. Si esto fue posible es porque los militantes ya no importan en la organización de las elecciones, no son ellos los que realizan las campañas de los candidatos, sino empresas especializadas en comunicación y propaganda, como cuando se coloca un producto en el mercado. Los inconformes pueden ser contratados como trabajadores, pero quienes decidirán las formas y los contenidos serán otros, como los trabajadores de outsourcing. Y a los que no aceptaron les ofrecieron puestos menores donde también pueden hacer negocios.

El asunto podría quedar en lamentarnos por la situación a la que hemos llegado o en mostrar nuestro malestar. Pero comprenderla puede ser una manera de abonar a que cambie. Hay que admitir que es un fenómeno internacional, porque ningún país escapa a ello; junto con eso, no hay que perder de vista que parte de este fenómeno es posible porque los políticos dejaron de prepararse para el ejercicio de la res publica, la cosa pública de lo que hablaban los atenienses hace miles de años, y los dueños del capital vieron en ello una oportunidad para dejar de estar atrás de ellos y postularse abiertamente para ocupar los cargos que aquéllos detentaban. Las cosas no salieron como esperaban, entre otras razones, porque atender asuntos públicos no es igual que dirigir una empresa, pero como necesitan quien defienda sus intereses, habilitan como político a cualquier individuo, con tal de que sea manejable.

Lo que se impone a mediano plazo es la creación de condiciones para el ejercicio poder público por el pueblo, como lo establecieron en el siglo pasado los constituyentes de 1917. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, reza el artículo 39 de la Constitución federal. A como está la situación, eso no es posible por los mecanismos que las leyes establecen; por eso pretender que hay que ocupar espacios gubernamentales para desde dentro transformar el Estado, como ingenua o cínicamente proponen algunos, justificando su participación en procesos que de antemano saben que están viciados, es un engaño.

El poder son relaciones sociales y si se construyen desde abajo puede entenderse la política y lo político de otra manera. Tal vez por ahí se encuentre un camino.

https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/opinion/016a2pol

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