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Empresario hondureño, culpable del asesinato de Berta Cáceres

Enfrenta entre 20 y 30 años de prisión Empresario hondureño, culpable del asesinato de Berta Cáceres

Roberto Castillo, directivo de compañía hidroeléctrica, procesado por autoría intelectual del homicidio

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▲ Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras celebraron ayer en Tegucigalpa el fallo contra el empresario Roberto Castillo Mejía, encontrado culpable de ser autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016.Foto Afp Ap, Reuters, Europa Press, Sputnik y Prensa Latina   Periódico La Jornada
Martes 6 de julio de 2021, p. 21

Tegucigalpa. El empresario hondureño Roberto Castillo Mejía, uno de los directivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), fue declarado ayer culpable de ser el autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres.

El ejecutivo podría recibir una condena de entre 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con fuentes judiciales, aunque el tribunal aún deberá precisar la pena, algo que ocurrirá a principios de agosto, y la defensa todavía puede solicitar la impugnación del fallo.

El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró, por unanimidad, que Castillo fue el autor intelectual del asesinato, en una sentencia que la fiscalía calificó de fallo histórico de culpabilidad.

El tribunal que conoce la causa por unanimidad de votos dio a conocer un fallo condenatorio, declaró la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización del pueblo indígena Lenca, al cual pertenecía Cáceres, celebró la decisión y tuiteó: significa una victoria popular no sólo para el Copinh, el pueblo Lenca y la familia de Berta Cáceres.

Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA, quien impulsaba la construcción de una represa en territorio de la etnia Lenca, fue detenido el 2 de marzo de 2018, y su juicio comenzó en agosto de 2020.

DESA era la ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía, y según la fiscalía fue lo que detonó el crimen de la ambientalista y líder del Copinh.

La fiscalía argumentó que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los condenados para asesinar a la dirigente ambientalista.

Cáceres fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que, de construirse, destruiría bosques y territorios indígenas.

En el ataque resultó herido un amigo de la ambientalista, el activista mexicano Gustavo Castro Soto.

El homicidio levantó una ola de protestas y fue condenado por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Greenpeace, entre otras organizaciones.

El fallo determina que debe revertirse la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque está vinculado a estos hechos de violencia. Este fallo es el inicio o la prolongación de la demanda de justicia integral que debe alcanzar a todos los autores intelectuales del crimen, es decir, la familia Atala Zablah, propietaria de DESA, expresó Víctor Fernández, abogado acusador privado.

Agregó que los responsables de la ejecución del crimen de Berta Cáceres son los ejecutivos de DESA, se confirmó en dos fallos.

Por su parte, la defensa alegó en el juicio que Cáceres y Castillo Mejía sostenían una relación de amistad y que los mensajes telefónicos presentados en el juicio fueron manipulados por peritos de la fiscalía para inculpar a su representado.

Agregaron que existieron presiones nacionales e internacionales para que se condenara a Castillo Mejía, y anunciaron que presentarán un recurso de apelación.

La maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a macroproyectos.

Por el asesinato fueron condenados en 2018 siete autores materiales –entre ellos un ex militar– que recibieron penas hasta de 50 años de reclusión. La sentencia fue apelada y debe ser analizada por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se anula o se deja firme.

https://www.jornada.com.mx/2021/07/06/mundo/021n1mun

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