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Asesinados por la ecofobia

Un total de 227 personas fallecieron en el 2020 en ataques tras defender un clima estable y los recursos naturales

Una mujer enciende una vela en Tegucigalpa en una manifestación para pedir justicia por el asesinato en 2016 de Berta Cáceres
AFP

Antonio Cerrillo

Barcelona

13/09/2021 00:44 2

La explotación insostenible de recursos naturales, estrechamente relacionada con la crisis climática, está teniendo un impacto cada vez más violento sobre las personas. Puede parecer simplista, pero el proceso de degradación del clima “es violento y se manifiesta tanto contra el mundo natural como contra las personas”. 

Así lo indica, al menos, un informe de la organización Global Witness, en el que se concluye que 127 personas fueron asesinadas en el 2020 cuando promovían acciones en favor de un clima estable (contra la deforestación, la extracción minera…) o de los recursos naturales.

El informe detecta quince víctimas mortales más que el año anterior. Resultado: más de cuatro personas mueren cada semana en conflictos donde culminan las amenazas contra las personas defensores del medio ambiente, el corolario de detenciones, campañas de difamación o ataques no letales, dice el informe.

Con 65, Colombia es el país con más cantidad de ataques mortales y Nicaragua el más peligroso

Colombia es el país que registra mayor cantidad de ataques mortales (65). Y tras él, México (30) y Filipinas (29) fueron los que tuvieron mayor número de asesinatos. Resulta muy preocupante el aumento de sucesos en Nicaragua (que ha pasado de cinco asesinatos en el 2019 a doce en el 2020); y ya es el país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente si se considera el número de asesinatos per cápita.

Los principales crímenes tuvieron como telón de fondo los intentos de evitar la explotación forestal (23), la alteración o destrucción de los recursos del agua (20) o la minería y las industrias extractivas (17). Se detecta también un incremento de las acciones violentas en áreas rurales remotas de Colombia por parte grupos paramilitares y criminales. 

El detonante suelen ser los programas de sustitución de los cultivos de coca planificados por el gobierno para ayudar a los agricultores a pasarse a plantaciones legales.

 Estos programas, recogidos en el Acuerdo de Paz del 2020, han dado lugar a un aumento de las amenazas de estas organizaciones (17 ataques letales) contra comunidades rurales por su apoyo a la sustitución de los cultivos ilícito. Por su parte, México registró un incremento del 67% de víctimas y un tercio de estos trágicos sucesos estuvo vinculado a la explotación forestal.

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Un miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sostiene un cartel con la imagen de la ambientalista Berta Cáceres  EFE

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Cada asesinato es una tragedia personal y compleja; pero aunque aparentemente sean aislados están conectados. El informe detecta un hilo conductor que une los asesinatos de los defensores del agua en México con el de una mujer sudafricana asesinada a tiros por rechazar la expansión de una mina de carbón cercana a su casa.

“A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace su impacto en las personas, incluidos los defensores de la tierra y el medio ambiente”.

La ecofobia se concentra en el sur global; solo uno de los 227 casos se dieron en el mundo rico. En el 2020, aproximadamente un 37% de los ataques letales registrados fueron contra los pueblos indígenas, que desde hace décadas vinculan la prevención de las actividades que alteran el clima con la preservación de sus derechos como pueblo. Aportan más de un tercio de las muertes, pero estas comunidades solo representan el 5% de la población mundial.

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Muchas de estos ataques se producen después de que estos sectores se manifiesten contra el daño a sus derechos y a sus tierras a causa de determinados proyectos empresariales. Las organizaciones de derechos humanos han venido documentando cómo empresas e instituciones financieras, en la búsqueda de sus beneficios, no han respetado a estas personas y a estas comunidades.

El informe resalta que las empresas, “habilitadas o alentadas por gobiernos negligentes”, aparecen a veces como responsable de estos daños (desechos tóxicos, polución, deforestación…).

El informe pide a los gobiernos que protejan a los defensores del medio ambiente; y a las empresas y bancos, que no se beneficien de las violaciones de los derechos humanos, y sean diligentes a la hora de responsabilizarse de las acciones de sus altos mandos y reparar los daños. 

Y, sobre todo, reclama a la UE leyes que garanticen que no llegan a Europa productos de una explotación insostenible (deforestación, contaminación, extracción minera…) con costes ocultos en vidas en toda la cadena de valor del abastecimiento.

https://www.lavanguardia.com/natural/20210913/7716542/ecofobia-activistas-asesinados-vida-naturaleza-sostenibilidad-medio-ambiente.html

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