Aviso de explotación minera divide opiniones en Ocampo y Angangueo

Por Edición Impresa ,17 junio 2012 6:25 am 0 No se ha informado sobre el acuerdo a los accionistas minoritarios de IMASA Antonio Aguilera Después de anunciarse el contrato de arrendamiento de tierras ejidales de uso común para la explotación minera en Ocampo y Angangueo por la empresa  Industrial Minera México–que cuenta con inversión de firmas canadienses–, las opiniones de vecinos de ambos municipios, así como de ex trabajadores están divididas entre quienes ven riesgo por lo que implica la extracción del mineral y quienes ven con beneplácito la apertura que generará más de 3 mil empleos, entre directos e indirectos. Los hermanos José Luis, Samuel y Jaime Díaz Vázquez, accionistas minoritarios de la Impulsora Minera de Angangueo (IMASA), en los hechos la propietaria de las vetas de mineral en dicho municipio, informaron que hasta el momento no se les ha informado sobre el acuerdo que sus representantes ejidales concretaron con los empresarios de Industrial Minera México, por lo que aún es prematuro –consideraron– que se de por hecho de que la mina vaya a volver a operar. Entrevistados vía telefónica, los trabajadores de la última empresa social que explotó la mina en la década de los 90 señalaron que no existe una oferta concreta de cuáles serán los beneficios que recibirán los accionistas de IMASA, y si realmente se haya valorado el impacto ambiental y social de volver a echar andar la mina en Angangueo y en Ocampo. Por otro lado, vecinos de Ocampo recibieron con gusto esta noticia de la posible apertura de la mina. De acuerdo con testimonios recabados vía el enlace de comunicación del municipio, la primera impresión es que un sector de la población ha mostrado beneplácito con el acuerdo para que se pueda recativar la explotación minera en la zona, ya que la falta de empleo en la región Oriente ha forzado la migración de los habitantes de Ocampo y Angangueo a otras ciudades, inclusive al extranjero.   Angangueo una tradición de lucha y resistencia Por años, los habitantes y trabajadores de la mina de Angangueo han luchado tanto para defender su patromonio mineral, como para demandar un precio justo por la extracción y explotación de las vetas. Desde hace más de siete años, integrantes de la Unión de Accionistas Minoritarios de Impulsora Minera de Angangueo (IMASA), empresa de propiedad mayoritariamente estatal, denunciaron que sin consultarlos el gobierno cedió entre 2003 y 2006 los derechos de exploración y explotación de 19 yacimientos, algunos hasta por 50 años a las compañías Industrial Minera México SA (IMMSA) y Comercializadora Sago Importación y Exportación SA, y a los particulares Eduardo Falcón Dávalos y Jorge Espino Maya y Socios. En 1996, en el último día de su mandato y también sin consultar a sus asociados, el entonces gobernador Ausencio Chávez Hernández comprometió por sólo millón y medio de pesos, mediante un contrato de concertación de acciones que firmó con el Grupo México (propietario de IMMSA) y que concretó en 1998 el gobernador, también priísta, Víctor Manuel Tinoco Rubí. Asimismo, documentos de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras informan detalladamente de los títulos de concesión expedidos en 2003, 2004, 2005 y 2006, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, a dos empresas mineras y dos particulares. La historia de este fundo minero es más compleja de lo que parece, y se remonta a 1792 cuando se realiza la primera explotación de vetas de manera formal, aunque se tenían ya indicios de una actividad no constante desde 1640. Según relatan los accionistas, la superficie total de la zona minera es de 302 hectáreas divididas entre San Felipe del Progreso, estado de México, y Angangueo, Michoacán, en las cuales aún se puede obtener vetas de oro y plata, además de otros metales, cuyo descubrimiento generó a la par fortuna y desarrollo, pero también ambición, miseria y muerte como la ocurrida en 1953, cuando 25 personas fallecieron en el quinto nivel de la Mina Dolores, algunas asfixiadas por monóxido de carbono y otras por quemaduras, como resultado de un corto circuito, un hecho que para algunos fue premeditado con la intención de que la mina se cerrara. Para 1954 se agruparon 300 mineros con el pueblo para lograr 700 accionistas, con la finalidad de recabar un millón y medio de pesos para la reapertura y explotación de la mina, requisito exigido por la Secretaría de Economía, pero dicho capital no se consiguió, por lo que se invitó como accionistas ordinarios a Fomento Minero y a los estados de México y Michoacán, que aceptaron ser socios de la Impulsora Minera de Angangueo Sociedad Anónima (IMASA); para 1996, la Secretaría de Fomento Económico dispone vender la mina en un millón y medio de pesos al Grupo México, celebrando contrato de transmisión de la titularidad de las concesiones mineras el 4 de mayo de 1998, el cual desconoce y desaparece totalmente a los accionistas. La situación se tensó aún más luego de que la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) requisó algunos bienes muebles administrados por la gerencia de IMASA, tales como el Hotel Para-Kata y la Casa Parker, cuyas ganancias –a decir de los accionistas– manejaba a su antojo Cornelio Téllez, mismo que buscaba negociar la venta de las acciones mineras junto con el entonces secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola, a fin de que la Minera México realizara trabajos de exploración y evaluación del antiguo yacimiento para emprender un proyecto de reapertura y operación.   http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/06/17/aviso-de-explotacion-minera-divide-opiniones-en-ocampo-y-angangueo/

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