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– Pie de Página

Alejandro Ruiz

6 octubre, 2021

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La Organización Familia Pasta de Conchos recuerda que en 2007, a través de un dictamen elaborado a petición de Javier Lozano Alarcón, en ese entonces secretario del Trabajo, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. avaló el cese del rescate a los mineros atrapados desde 2006 en Coahuila. Pide se investigue al político y al foro

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Duilio Rodríguez

QUERÉTARO.- Las recientes acusaciones elaboradas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C (FCCyT) han dado un nuevo giro en los últimos días. 

Esto, derivado de la participación del FCCyT en la elaboración de un dictamen en 2007 que interrumpió las labores de rescate de los 63 mineros atrapados en 2006  después del derrumbe de una mina en Pasta de Conchos, Coahuila, propiedad de Grupo México.

En entrevista con Pie de Página, la directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), Cristina Auerbach, aseguró que el Foro Consultivo fue una pieza clave para construir la “verdad histórica” que ha derivado en más de 15 años de atropellos contra las familias de los mineros.

“Es horrible que se hayan gastado recursos públicos para hacerle un dictamen a modo a Javier Lozano y Grupo México. Construyeron su verdad histórica y es claro que hubo malversación de fondos, aquí decimos: sí, está bien que se investigue a dónde fueron todos esos recursos, pero también se deben de indagar las consecuencias de esos dictámenes, como en el caso de Pasta de Conchos”.

Entre las irregularidades presentes en el caso de Pasta de Conchos, Auerbach explica que hubo ausencia de expertos en minería para la elaboración de los dictámenes, falsificación de firmas, contradicciones entre los integrantes del FCCyT y la Secretaría del Trabajo, así como conclusiones que revictimizaban a los mineros y a sus familias. 

“El Foro, además de rendir cuentas de lo que se le está demandando, debe explicar por qué no desmintió sus conclusiones que han impedido el rescate hasta el día de hoy.” 

Una “verdad” construida con negligencias

El 4 de abril de 2007, Grupo México, la empresa responsable en el caso Pasta de Conchos, paró los trabajos de rescate de los mineros atrapados debido a un peritaje solicitado a Donald McBride, un renombrado especialista en minería de los Estados Unidos que estuvo en la zona desde marzo de 2006 hasta enero de 2007. 

En las conclusiones de ese peritaje, consultado por Pie de Página, se estableció que los trabajos de rescate no podían continuar debido a que las condiciones físicas de la mina implicaban un riesgo para los rescatistas.

Entre las condiciones que resaltó McBride, enfatizó que la más riesgosa era el estado de descomposición de los 63 trabajadores atrapados que, debido a las inundaciones de la mina, contaminarían el agua. 

El texto dice lo siguiente: 

“Esto es un gran peligro para la salud. Los cuerpos de los 63 mineros perdidos se han descompuesto en estas áreas por más de 13 meses. Creo que muchos de ellos están en o debajo de esta agua. Temo que las bacterias y los niveles de contaminación en esta agua, que ahora está totalmente saturada en los suelos de la mina, los escombros, materiales y todo lo que los trabajadores de recuperación encontrarán, estará contaminado con algunas terribles enfermedades posiblemente mortales.” 

Auerbach explica que esta medida resultaba ofensiva para las familias de los trabajadores, pues los directivos de Grupo México insinuaron que las “terribles enfermedades” que los mineros atrapados podían portar eran hepatitis o VIH.

“O sea, estaban diciendo que por culpa de los propios mineros no los iban a sacar, lo cual es ofensivo y violento, pues nos dijeron que podían tener VIH o hepatitis y eso era un riesgo, pues se podían contagiar los rescatistas y ellos a pueblos enteros. Esto es una grosería para las familias”, resalta la directora de OFPC. 

Para Auerbach no había certeza del estado de salud de los mineros debido a que, aún estando obligado, Grupo México jamás practicó exámenes médicos a los trabajadores; por lo que enfatiza que la conclusión del informe de McBride era más un deslinde del rescate que un estudio real de las condiciones para hacer el rescate.

“Los cuerpos llevaban ahí un año y dos meses, en ese tiempo ya no había cadáveres sino restos óseos, pero esto no lo consideraron en el peritaje de Grupo México, en realidad solo fue un pretexto para parar las labores de rescate», explica.  

La inconformidad de las familias fue en ascenso, y el 19 de abril de ese mismo año tuvieron una reunión con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien se comprometió a elaborar un dictamen técnico independiente que permitiera establecer una ruta adecuada para la recuperación de los restos de los 63 mineros. 

El dictamen corrió a cargo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación que se desprendía del Conacyt,  y que participaba activamente, en coordinación con distintos gobiernos e iniciativas privadas, elaborando peritajes, estudios y dictámenes frente a casos que lo requirieran. 

Un dictamen sin investigación

La primera alerta para las familias de los mineros vino cuando se enteraron que el FCCyT iba a realizar el dictamen sin contar en su equipo de trabajo con especialistas en minería.

“A nosotros nunca se nos dijo que iba a ser el Foro quien haría el dictamen, nos enteramos a través de los medios de comunicación y obviamente cuestionamos la decisión de Javier Lozano, pues en ese foro no había especialistas en minería o académicos que pudieran tener un conocimiento amplio de lo que pasaba ahí,” explica Cristina Auerbach. 

Sumado a esto, la directora de OFPC señala que aunque las familias habían recabado información y experiencia después del siniestro de 2006, su documentación no fue considerada en la elaboración del dictamen. 

“El Informe se basó solamente en información proporcionada por Grupo México, no aceptaron que les entregáramos información técnica, y en un inicio no involucraban ni a rescatistas, sobrevinientes o familiares, aunque habían dicho que las familias estarían representadas a través de dos personas que no fueron incorporadas en ningún momento”.

Cristina Auerbach.

El deslinde, la intimidación y la arbitrariedad 

La base principal del informe del FCCyT, acusa Cristina Auerbach, fue el dictamen elaborado por McBride, pagado por Grupo México, lo cual sólo reforzó la narrativa oficial que la empresa había construido meses atrás con el beneplácito de la Secretaría del Trabajo. 

Este cúmulo de contradicciones provocaron que, el 19 de junio de 2007, frente al corporativo de Grupo México, las familias de Pasta de Conchos se deslindaran de Javier Lozano y del informe que se preparaba en conjunto con el FCCyT. 

“El 19 de junio las familias se deslindan de Javier Lozano, lo que lo hizo enojar mucho pues con eso perdió el control de las familias y su narrativa se venía abajo. Ese mismo día, después del deslinde, yo llego a mi casa y alrededor de las seis de la tarde entran dos personas armadas a mi domicilio, me preguntaban por papeles de Pasta de Conchos, pero no tenía nada, afortunadamente solo se llevaron mi camioneta,” narra Auerbach. 

Días después, el 25 de junio de 2007, la Secretaría del Trabajo firma el contrato RF-071-2007 con el FCCyT para la realización del dictamen técnico que evaluaría las condiciones de la mina para el rescate de los trabajadores, a pesar de las objeciones de las familias de Pasta de Conchos. 

El 19 de agosto, fecha en la que las autoridades dijeron que entregarían el dictamen, las familias de Pasta de Conchos se apersonaron en la STPS para exigir una audiencia con Javier Lozano, sin embargo este no las recibió.

“Nos dijo que no nos podía recibir porque no teníamos cita, eso claro que hizo enojar a las familias y decidimos hacer un plantón afuera de la Secretaría del Trabajo hasta que nos dieran el informe. Ni el baño nos prestaban”, recuerda Auerbach. 

El informe fue entregado el 7 de octubre, primero a los medios de comunicación y después en una audiencia entre la STPS y las familias que mantenían el plantón afuera de la Secretaría.

Auerbach recuerda ese momento: 

“Nos reciben en una sala, muy bonita, con bocadillos y meseros de etiqueta. Era un insulto para nosotros, pues teníamos más de un mes allá afuera sin comer, en la calle. En esa reunión Lozano nos da la bienvenida e inmediatamente la viuda de un minero, Tere Contreras, se para  y le dice ‘Estamos aquí para que nos diga si se va o no se va a hacer el rescate’, Lozano respondió que no, e inmediatamente, por dignidad, salimos de ese lugar”.

La conclusión del informe, emitida a través de un dictamen, señala las mismas consideraciones que el peritaje de McBride: 

“El ingreso de personas en las actuales circunstancias compromete significativamente su seguridad e higiene, así como su integridad física, y es contundentemente desaconsejable”. 

Y agregaría: 

“No obstante lo anterior, de revertirse  sustancialmente las condiciones descritas en este dictamen, mediante la realización de obras y trabajos pertinentes, sería preciso llevar a cabo una evaluación de las condiciones de seguridad e higiene en la Unidad de Pasta de Conchos, y de esta manera determinar la viabilidad de un ingreso seguro a la misma”. 

Empero, esta conclusión se contradice con lo expuesto en la página número 34 del Informe, en la que el mismo FCCyT señala que, de acuerdo con una publicación de la Organización Panamericana de la Salud, la conclusión del informe de McBride “no se puede fundamentar con evidencia médica”.

Y párrafos más adelante detalla que:

“(…)es poco probable que los microorganismos adaptados para sobrevivir en un cuerpo humano viviente logren sobrevivir por mucho tiempo después de la muerte, aunque puede que algunos virus sigan siendo infecciosos.” 

Es decir, lo que para el informe pagado por Grupo México significaba la razón de mayor peso para detener el rescate, para el informe del FCCyT era un aspecto que no tenía sustento científico y que contradecía a expertos internacionales.

El rescate, sin embargo, se paró; y hasta la fecha sigue siendo un tema pendiente después de más de 15 años. 

“Desde un primer momento lo señalamos, el Informe del Foro dice otra cosa muy distinta a la conclusión del dictamen, y eso es muy grave, pues su ciencia no importó nada, lo que en realidad pasó fue una salida política para sostener la verdad histórica de Lozano y Grupo México”, denuncia Cristina Auerbach. 

Una «verdad» insostenible

Horas después de que Javier Lozano presentará las conclusiones del dictamen, la OFPC realizó una rueda de prensa en donde denunciaron la complicidad de Grupo México y la Secretaría del Trabajo para detener las labores de rescate.

A esta rueda de prensa asistió José Luis Fernández Zayas, director del FCCyT, y expresó que el rescate era viable.

Auerbach denuncia: 

“Zayas fue y decía que el rescate era posible, pero todo lo dijo a título individual, inclusive lo siguió diciendo en entrevistas posteriores. El foro, en cambio, nunca corrigió su opinión o hizo algo para desmentir las barbaridades que habían construido Lozano en complicidad con Grupo México, y eso es lo grave, pues al Foro se le pagó con nuestros impuestos y terminó trabajando para los intereses empresariales y políticos que se encubrieron. Ninguno se atrevió a decir nada”. 

Pese a esto, Javier Lozano continuó sosteniendo en distintos momentos que el rescate era inviable basado en las conclusiones del dictamen, sin tomar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad para que éste fuera posible. 

“Se debe de investigar la evidente corrupción en ese momento, la UIF debe de intervenir las cuentas de Javier Lozano, así como las del Foro, pues seguramente Grupo México lo sobornó para que dijera esas mentiras. Si estamos investigando, si ya se abrió la puerta, veamos cómo ese Foro sirvió para legitimar a un secretario de Estado”, enfatiza la directora de OFPC. 

La lista de funcionarios implicados en este caso es extensa, pero Auerbach resalta la participación de Carolina Ortiz Porras, que en aquel entonces era funcionaria de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, dependencia en la que actualmente funge como titular.

“Usaron las indemnizaciones como un botín político, pues en aquél entonces a las familias de los mineros les dieron una pensión de 3 mil 100 pesos, pero en otras explosiones de pozos de carbón a las familias les dieron 11 mil porque Lozano quería ser candidato. Y ahora, con los incidentes de rancherías aún no hay indemnización. La vida de los trabajadores parece depender del contentillo y las campañas de los políticos, es lamentable”, denuncia.

Al día de hoy, después de la tragedia en Pasta de Conchos se han contabilizado más de 100 siniestros en la región carbonífera de Coahuila, siendo los más recientes los acontecidos en Rancherias y Obayos.

Asimismo el rescate prometido por el gobierno federal que debería de iniciar a más tardar en septiembre de 2021 no parece cercano para las familias de Pasta de Conchos. 

Y acusan que en realidad no hay ninguna diferencia con el periodo neoliberal, pues siguen muriendo mineros por las mismas negligencias que desde hace más de 15 años han denunciado. 

Al respecto, Cristina Auerbach denuncia que “se tiene que resolver ya la situación de las familias, no solo de Pasta de Conchos, sino de todas aquellas que han tenido que atravesar por esto, pues no puede ser que se siga repitiendo lo mismo.” 

Y concluye en que respecto a Pasta de Conchos “debe de haber voluntad política para que las familias sepan la verdad, el Foro debe explicar y rendir cuentas de por qué dejó que hicieran eso con su estudio, y más que nada: los culpables deben ser castigados”.

Alejandro Ruiz

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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