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Las sentencias que se emitieron hoy en el juicio ilegal por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral
Las sentencias que se emitieron hoy en el juicio ilegal por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral
- Categoría: Justicia para Berta Cáceres
- Publicado el Jueves, 29 Noviembre 2018 17:00
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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 29 de noviembre 2018
Este jueves 29 de noviembre, la Primera Sala del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras emitió su resolución en el juicio por el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato contra el activista mexicano Gustavo Castro. Resultó en la condena de siete de ocho hombres detenidos entre el 2016 y el 2017, pero habrá que esperar el 10 de enero 2019 para conocer su pena, después de que concluya su periodo de prisión preventiva. Mientras tanto, la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA que está detrás de la autoría intelectual del asesinato, sigue en libertad.
El primer juicio en el caso del asesinato de Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo 2016 por personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuando coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hubiera podido ser histórico para defensores y defensoras de todo el mundo. Pero se tornó en un juicio ilegal cuando el Tribunal decidió iniciarlo el 20 de octubre 2018 a pesar de que la familia de Berta y el COPINH habían presentado un recurso de amparo en su contra después de una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público de Honduras. Y como si fuera poco, el Tribunal expulsó del juicio a las representaciones legales de las acusaciones privadas, que son la familia de Berta, el COPINH y Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos A.C. y amigo de Berta quien sobreviviera a los disparos que recibió la noche del asesinato. Tras su expulsión, las víctimas habían denunciado y desconocido “la farsa” que representa el juicio y exigido que éste sea “reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde”, pero no fueron escuchadas.
Fue en este contexto que se emitieron hoy las siguientes sentencias:
7 de ellos fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres, como lo había solicitado el Ministerio Público:
- Douglas Geovany Bustillo, quien fue jefe de seguridad de DESA hasta junio de 2015, quien planeó, supervisó y dirigió en tiempo real el operativo del 2 de marzo del 2016.
- Mariano Díaz Chávez, exoficial de inteligencia de las fuerzas especiales hondureñas, involucrado en la puesta en marcha del plan para asesinar a Berta Cáceres.
- Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, quien brindaba la información y cooperación necesaria para la vigilancia de Berta Cáceres.
- Henrry Javier Hernández, trabajaba en la empresa de seguridad privada PCI y también trabajaba bajo el mando de Douglas Bustillo, con quien realizó varios operativos para la planificación del ataque del 2 de marzo de 2016, incluyendo el reconocimiento de la casa de Berta Cáceres.
- Elvin Heriberto Rápalo Orellana, quien laboraba en la construcción y es el supuesto coautor del asesinato además fue el que disparo contra el mexicano Gustavo Castro.
- Edilson Atilio Duarte Meza: su teléfono celular se ubicó en la zona de la casa de Berta Cáceres en la hora del asesinato y luego regresó rumbo al norte del país. Es uno de los principales sicarios y autores materiales que dieron muerte a Berta el 2 de marzo del 2016.
- Óscar Aroldo Torres Velásquez: La data telefónica sugiere que estuvo en La Esperanza/Intibucá junto a Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Elvin Rápalo el día del asesinato.
El Ministerio Público había acusado aparte a estos 7 hombres del intento de asesinato contra Gustavo Castro, pero solo 4 de ellos fueron condenados por este delito:
- Henrry Javier Hernández,
- Elvin Heriberto Rápalo Orellana
- Edilson Atilio Duarte Meza
- Óscar Aroldo Torres Velásquez
1 de los encausados fue absuelto:
- Emerson Duarte Meza: El Minisiterio Público había solicitado 3 a 5 años de cárcel contra él por encubrimiento, pero fue absuelto. Hermano gemelo de Edilson Duarte Meza, es acusado por que el arma supuestamente homicida, revólver calibre 38, fue encontrada en su casa de habitación según informaron agentes del Ministerio Público. Por tanto, se le acusa de autor material del asesinato de Berta. Sin embargo, no se encuentra ninguna otra evidencia de participación, por lo cual la representación legal de la familia y COPINH ha solicitado el sobreseimiento del mismo debido a la falta de evidencia.
Estos 8 hombres permanecerán en prisión preventiva hasta el 10 de enero 2018, fecha en la cual se determinará la pena de cada uno de los condenados.
Falta capturar a los autores intelectuales
Una novena persona, David Castillo, detenida en marzo del 2018, será juzgada en otro juicio. Es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA y hasta ahora el único acusado por la autoría intelectual por el asesinato de Berta.
El Ministerio Púbico de Honduras se enorgulleció en un comunicado de haber “logrado demostrar la culpabilidad de siete acusados por la muerte de la Líder Ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores e intento de asesinato contra un testigo protegido”, presentando a los siete condenados como “los autores Intelectuales y Materiales de este lamentable asesinato que enlutó a toda Honduras”. Pero el COPINH, la familia de Berta y Gustavo Castro denuncian que, si bien es cierto que con estas sentencias se condena a varios autores materiales del crimen, el fallo no permite lograr una justicia integral para Berta, ya que no contempla la verdadera autoría intelectual del crimen.
“Con este fallo el Estado no silenciará nuestra búsqueda de justicia integral. Hoy solo se juzga al eslabón más bajo de una estructura criminal impune y que sigue operando”, comentó Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH, a Otros Mundos A.C.
Una estructura criminal
Existen suficientes pruebas para demostrar que los autores intelectuales del asesinato de Berta se encuentran en la mesa directiva de DESA – propiedad de la familia Atala -, cuyo proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” estaba amenazado por la labor que realizaba la activista en defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena Lenca, de la comunidad Río Blanco y del río Gualcarque. “La empresa DESA desarrolló una agresiva campaña contra el COPINH y Berta Cáceres que incluía el pago de informantes dentro de la comunidad de Río Blanco para dar seguimiento a toas las acciones y movimientos de Berta Cáceres”, resume el COPINH en la “Cronología de la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres”, disponible en su página web. “Esta labor era dirigida por los directivos de la empresa, David Castillo y Daniel Atala Midence, monitoreada por los demás directivos e implementada por Sergio Rodríguez y los jefes de seguridad Douglas Bustillo y Jorge Ávila”, precisa la organización.
Entre las pruebas están las discusiones que tuvieron por una parte Douglas Bustillo y David Castillo sobre un intento de asesinato contra Berta Cáceres abortado en febrero 2016 por falta de logística y medios; y por otra parte David Castillo, Sergio Rodriguez y Jorge Ávila (otros jefe de seguridad de DESA) en un chat WhatsApp titulado “Seguridad PHAZ” en el que estuvieron dando seguimiento a las acciones y movimientos del COPINH y de Berta hasta la víspera del asesinato.
“Jurídicamente, la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro es responsable, al menos, de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato conforme lo establece el artículo 332 y 117 del Código Penal vigente”, denunció el COPINH en su artículo titualdo “¿Qué ha pasado en el primer juicio de la causa Berta Cáceres?”.
El fallo incita a cometer más crímenes contra defensores y defensoras del territorio
Por la ausencia de la representación de las víctimas y el rechazo a remediar una serie de irrgeulridades denunciadas por el COPINH desde el inicio del proceso legal en 2016, este juicio no permite revelar y menos condenar esta estructura criminal que asesinó a Berta, ya que el Tribunal de Sentencias se rehusó a considerar como prueba la pericia sobre los antecedente del juicio, es decir las pruebas del largo proceso de hostigamiento y asesinatos llevado a cabo por DESA en contra de la comunidad de Río Blanco e integrantes del COPINH y que llevó a los hechos del 2 de marzo 2016.
Esta omisión refleja la clara intención del gobierno de Honduras de solapar a la poderosa familia Atala, aliada del Partido Nacional del actual presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), quien se mantuvo al poder en noviembre 2017 mediante un fraude electoral. Envía un peligroso mensaje alentador a las empresas extractivas que en muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del mundo que sufren la invasión de sus territorios y la violación de sus derechos colectivos por parte de empresas extractivas. Afirma ante la comunidad internacional un firme rechazo del gobierno hondureño a romper con la impunidad, responsable de más de 200 asesinatos de defensores y defensoras del territorio en todo el mundo cada año.
Retomando las palabras del COPINH, este juicio “configura un ambiente favorable para que se sigan cometiendo más crímenes selectivos en contra de comunidades y liderazgos que resisten a la estructura económica criminal que impulsa el modelo de extracción y mercantilización de la riqueza de los pueblos”.
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