El último informe de la ONU que alerta sobre la velocidad a la que se extinguen las especies (una de cada ocho está amenazada) señala que esa destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas que en el resto del planeta. Pero también subraya la creciente amenaza que acecha a estas comunidades en forma de expansión de la agricultura, urbanización, minería, nuevas infraestructuras… Brasil, que alberga la mayoría de la Amazonia y el ecosistema más rico del mundo, es uno de los países donde esa amenaza es más evidente. A los factores mencionados, aquí se suma el presidente. Jair Bolsonaro es partidario de explotar comercialmente la Amazonia y asimilar a los indígenas.

Los brasileños indígenas son unos 800.000 (el 0,6% de la población), están repartidos en 225 grupos y habitan en el 14% del territorio. Puede parecer poca población en mucha tierra pero cumplen funciones clave para preservar la naturaleza. La experta Nurit Bensusan, de la ONG Instituto Socioambiental de Brasil, las detalla: “Por un lado conservan la integridad de las tierras en las que viven e intentan, y a menudo logran, que no entren madereros, garimpeiros (buscadores de oro), grileros (invasores de tierras)… y, como sabemos que la mayor amenaza a las especies es el deterioro de su medioambiente, el papel que desempeñan es clave”. Basta mirar en un mapa para ver que las zonas donde viven los indígenas sufren menos deforestación que el resto. La deforestación del último año alcanzó los 7.900 kilómetros cuadrados, la mayor desde 2008.

Pero, añade la experta, existe una segunda dimensión del papel de los indígenas: “A conocer tan íntimamente los bosques, tienen una percepción muy temprana, antes que cualquiera, de los cambios ambientales. Saben cómo manejarlo. Por ejemplo dejan de cazar en una zona por un tiempo… y así mitigan el impacto antes que nadie”. Los indígenas son parte esencial de las alertas tempranas y de la prevención. Muchos viven en las mismas tierras desde hace 10.000 años, pero a partir de la conquista las poblaciones indígenas fueron diezmadas en América y muchas tribus se extinguieron. La Fundación Nacional del Indio (Funai), un ente gubernamental brasileño, recuerda que aquello era considerado una “contingencia histórica, algo inevitable”. Un planteamiento que cambió en las últimas décadas, cuando los pueblos indígenas empezaron a ser oficialmente protegidos. El problema se ha agravado porque ahora en Brasil la amenaza viene de la cúspide del poder político.

El Bolsonaro, un antiguo militar de extrema derecha que en la campaña electoral era beligerante con la defensa del medio ambiente, sigue en esa línea desde que asumió el poder el 1 de enero. Desistió de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático (porque fue advertido de que afectaría las exportaciones a Europa) pero ha tomado una serie de decisiones sobre reorganización ministerial, nombramientos, etcétera que causan honda preocupación al mundo ambientalista brasileño. Y en el extranjero. Unos 600 científicos europeos reclamaron la semana pasada a la UE que aproveche las negociaciones comerciales con Brasil para presionar al presidente y que refuerce la lucha contra la deforestación.

Para Greenpeace estos cuatro meses de Gobierno Bolsonaro han supuesto “el desmantelamiento no solo de la legislación sino de las estructuras (administrativa) que aseguran la conservación del medioambiente y de los pueblos indígenas con cambios en los presupuestos, desautorización de operaciones de combate de la deforestación…”, explica Tica Minami, directora de campañas de Greenpeace en Brasil. Uno de los primeros decretos del mandatario arrebató a la Funai la competencia de demarcar las tierras indígenas y se la dio al ministerio de Agricultura, que siempre ha estado en la órbita de la industria agropecuaria pero ahora ha colocado a una de las suyas al frente. La ministra Tereza Cristina Dias era la líder de la bancada parlamentaria del agronegocio.

“Este Gobierno no ha identificado, declarado, ni homologado una sola tierra indígena”, según denuncian el mencionado ISA y el Consejo Indigenista Misionero, que depende de la Conferencia Episcopal, en una nota. El dirigente indígena Dinamar Tuxá afirma en ese comunicado del lunes que “así son cuatro meses de un Gobierno genocida que tiene cuatro años por delante” y recalca que, en caso de disputa, si el Gobierno no está para “mediar o garantizar los derechos, quien se lleva la peor parte es el pueblo indígena”.

Los pueblos indígenas tienen un capítulo propio en la Constitución de 1988, que reconoce su derecho sobre las tierras que habitan y que ya estaban allí cuando se fundó el Estado de Brasil. Y por primera vez en la historia, esta legislatura tienen representante en el Parlamento federal, la abogada Joenia Wapichana.

Hace unas semanas, el jefe del Ejecutivo recibió a una pequeña representación de indígenas en el Palacio de Planalto, en Brasilia, con vísperas de la marcha anual de estas comunidades para reclamar sus derechos además de sanidad y educación. Bolsonaro recalcó a sus interlocutores que viven sobre unas tierras riquísimas y que la explotación de aquello supone una fortuna.

Lo que ocurra en Brasil es clave porque tiene efectos en el resto del planeta al albergar el mayor bosque tropical, pero también es líder en asesinato de activistas ambientalistas. Con las políticas de Bolsonaro, “Brasil deja de cumplir su papel en la lucha global contra el cambio climático”, sentencia Minani.