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Por primera vez, representantes de la Embajada canadiense en México son demandados en una denuncia administrativa ante la Corte Federal de Canadá por sus gestiones peligrosas en un conflicto minero, relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas en 2009. Se llevará acabo una Audiencia el 25 de marzo de 2019 en Ottawa.

Esta acción es promovida por Familia Abarca, REMA, Centro de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y MiningWatch Canadá y Otros Mundos Chiapas.

A James Gordon Carr 
Ministro, Diversificación del Comercio Internacional
Gobierno de Canadá;

A Crystia Freeland
Ministra Relaciones Exteriores
Gobierno de Canadá;

A Cheryl Hardcastle
Miembro de Parlamento de Canadá, Partido NDP
Co-presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A David Sweet
Miembro de Parlamento de Canadá, Partido Conservadores
Co-presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A Anita Vandenbeld
Miembro de Parlamento de Canadá, Partido Liberal
Presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A las Embajadas canadiense 
en América Latina;

El 27 de noviembre de 2009, el líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, luego de una resistencia activa y pacífica que protagonizaban los pobladores contra esta empresa que extraía el mineral de barita. Todos los sospechosos en el caso tenían vínculos con la empresa minera Blackfire Exploration, pero nadie fue condenado por el asesinato. Aún sigue abierta la investigación.

Hasta el día de su asesinato, Mariano sufrió amenazas, intimidaciones, golpes, detención arbitraria bajo acusaciones falsas hechas por la empresa minera, entre otros abusos. Copias de cheques depositadas durante más que un año a la cuenta bancaria personal del presidente municipal por la empresa Blackfire fue presentada ante la policía federal de Canadá, sin que ello tuviera consecuencias. Se presentó un requerimiento de aclaración ante la Contraloría del Estado de Chiapas y la respuesta fue el silencio.

La embajada de Canadá en México escuchó a Mariano de viva voz relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera.

Documentación lograda a través de la ley de transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, demuestra que, a pesar del conocimiento significativo que tuvo la embajada canadiense sobre los hechos entre la empresa Blackfire y el Sr. Abarca -inclusive las amenazas de muerte que este enfrentaba-, acudió al gobierno estatal de Chiapas para solicitarle controlar las protestas contra la empresa canadiense en la comunidad.

Fue encarcelado por ocho días bajo arraigo con acusaciones falsas hechas por los dueños de la empresa minera, y fue liberado por la presión nacional e internacional ante la falsedad de las acusaciones. Mariano decidió interponer una demanda contra la minera y unas semanas después fue asesinado frente a su domicilio en Chicomuselo, Chiapas. Los presos, trabajadores de la mina, libres; los dueños de la empresa, en total impunidad.

Aunque por acción y omisión son responsables, el gobierno Canadiense sigue negando los hechos. Niega, además, la existencia de políticas para poder responsabilizarlos de aumentar el peligro que corría Mariano.

Sabemos que este caso no es único. Sabemos que las embajadas canadienses en diversos países de la región han actuado a favor de las empresas mineras aún cuando la vida y el bienestar de los pueblos estaba bajo amenaza. Sabemos que han intervenido en la elaboración de políticas afines a las empresas en países como Honduras y Colombia. Y sabemos que han ayudado legitimar proyectos mineros frente procesos de resistencia en contra de este modelo y los graves daños que conlleva para la salud, el agua, las tierras y los territorios que defendemos.

Todo ello muestra que no hay voluntad ni marcos jurídicos, normativos ni protocolos de actuación vinculantes para el personal de las embajadas canadienses con el fin de velar por los derechos humanos. Es por ello que exigimos una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca Roblero, y que se aseguren medidas legales para evitar que las embajadas puedan seguir interviniendo para solapar el abuso y la violación a los derechos humanos que las empresas mineras canadienses cometen en otros países.

Atentamente,

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