A LA OPINION PUBLICA:
Reunidos en el Primer Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el poblado de Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, los días 19, 20 y 21 de junio queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de acciones de hostigamiento y represión contra los esfuerzos organizativos de defensa de nuestras comunidades en diversos estados de la República, que configuran un patrón de violación a los derechos humanos resultado directo de las actividades mineras.
*Región Sur: GUERRERO.
Denunciamos el hostigamiento y engaño de que han sido objeto los opositores a los trabajos de exploración en el Ejido Real de Limón & Nuevo Balsas, Municipio de Cocula, Gro., realizadas por la , subsidiaria de la corporación canadiense Teck Cominco; así como las amenazas de muerte a su representante Evelia Bahena García y a su Asesor Jurídico, el Lic. Francisco Jaimes.
* Región Sureste: OAXACA.
Denunciamos la actitud de prepotencia y alevosía de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, que sin mediar consulta alguna a los comuneros del municipio de San Juan Tepeuxila, distrito de Cuicatlán, Oax., subasta al mejor postor una extensión de 3500 hectáreas de terreno comunal, violando el Convenio 169 de la OIT que consagra los derechos de los pueblos originarios de América, ocultando además, la información acerca de los trabajos de prospección minera que realiza la empresa canadiense: Almaden Minerals LTD. en la región de la Cañada Oaxaqueña.
*Región Norte: CHIHUAHUA.
Nos mantenemos alerta de la respuesta que la , subsidiaria de la trasnacional canadiense Minefinders, dé a la justa demanda que los pobladores del Ejido Huizopa, del Municipio de Madera, Chih., ha hecho frente a la arbitraria propuesta de desalojarlos de su pueblo y continuar con una incontable explotación de los recursos del subsuelo.
*Región Occidente: JALISCO-COLIMA.
Manifestamos nuestra sincera preocupación por el asedio que desde el 12 de diciembre de 2007, diversas corporaciones policíacas del Gobierno del Estado de Colima, que encabeza Silverio Cavazos Ceballos (PRI), realizan a los poblados náhuas El Platanar, en el Ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el Ejido Ayotitlán, ambos del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada y Minera del Norte (MINOSA), subsidiarias de la corporación italo-argentina Ternium Hylsa, generándose el conflicto de límites territoriales más antiguo del país, entre los Estados de Jalisco y Colima, que ha pasado por los poderes ejecutivo y judicial y actualmente se ventila en el Senado de la República (Poder Legislativo), y ya dura 88 años. El litigio comenzó con la matanza de Timbillos (1920), en que 13 indígenas de Ayotitlán y Telcruz fueron asesinados y sus cadáveres colgados durante días en unas higueras por la familia colimense Arias de El Mamey (hoy Minatitlán). El conflicto minero y territorial se ha extendido gracias al desinterés y la complicidad de las autoridades jaliscienses, y a la ambición de las colimenses, al grado que en septiembre de 1995 la CNDH emitió la Recomendación 122/95 señalando la corresponsabilidad de las autoridades estatales y federales en graves violaciones a los derechos humanos de los nahuas de Ayotitlán, Jalisco, gracias a los que fue decretada en marzo de 1987 la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, con 139 mil hectáreas (en 5 Municipios de Jalisco y 2 de Colima). Se trata de más de 406 kilómetros cuadrados que ambos Estados se disputan violenta y legalmente en los Municipios de Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán (la zona minera más extensa en territorio indígena) y Cihuatlán (en la desembocadura del Río Marabasco al Océano Pacífico). Exigimos la salida de las corporaciones policíacas colimenses de ambos poblados, y la cancelación de los procedimientos judiciales penales fabricados desde Colima contra la indígena Candelaria Zambrano Mora y el ejidatario Antonio Serratos Puga –Plan de Méndez-, para abrir nuevas minas junto al Río Marabasco, límite natural de ambos Estados, cuyas familias están actualmente refugiados en la cabecera municipal de Cuautitlán, para que la población ancestral pueda ejercer su vida normal, trabajar y transitar libremente por el territorio nacional.
Así mismo, manifestamos nuestra consternación por el brutal asesinato del escritor michoacano Francisco Chamery Méndez, autor del libro: Toño Latas. El Poder del Dinero y el Poder Minero sin Límites de Colima y Jalisco (Ed. Lugachamery, Colima, octubre de 2007), quien por sus valientes denuncias difundidas en dicha novela, fue secuestrado en la ciudad de Colima al término de la presentación de su libro. Su cadáver fue localizado en diciembre pasado en Mazamitla, Jalisco, y su vehículo en Veracruz en enero de este año.
Ante esta situación así como por toda la serie de impactos ambientales, sociales y económicos negativos que la minería provoca en nuestras comunidades, hemos decidido conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) a la luz de los principios y objetivos que se plasman en la «Declaración de Temacapulín» que anexamos a este comunicado y está a disposición en nuestra página web.
Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, 21 de junio del 2008.
Por el Secretariado de la REMA:
Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C.
Lic. Oscar González Garí,
Página Web: rema.codigosur.net
E-Mail: tenamaxtli3@yahoo.com.mx
Tel. 01 (33) 36 14 92 26 y 36 58 15 80
Guadalajara, Jalisco (México).