Laura Castellanos*
La canadiense New Gold-Minera San Xavier arrancó una nueva estrategia jurídica contra el movimiento ciudadano Frente Amplio Opositor (FAO) de San Luis Potosí para evitar su cierre definitivo.
Recordemos que el pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración ordenó la clausura total de la empresa. Pero la minera burló la ley y logró el amparó de políticos locales y federales. Y ahora, en un afán por retardar el proceso en su contra, procede legalmente contra ejidatarios y asesores legales del FAO, acusándolos de falsificación de firmas.
La batalla del FAO contra la empresa se extiende a 13 años por la corrupción gubernamental. Sin embargo, no es un caso aislado. El modus operandi de la Minera San Xavier habla de los alcances de las compañías canadienses, que en Latinoamérica han sido denunciadas por devastar territorios, ejecutar opositores, provocar enfermedades por envenenamiento, y violar derechos humanos y laborales.
En 1996 la minera llegó al empobrecido poblado del Cerro de San Pedro, cuna de la minería de la región desde la llegada de los españoles, y que derivó en la fundación de la ciudad de San Luis Potosí.
La empresa corrompió a lugareños para que pasaran por ejidatarios, y a funcionarios de la Procuraduría Agraria para legitimarlos. Así logró un hecho propio del siglo XIX: que les rentaran el pueblo entero. La empresa arrendó 290.4 hectáreas del ejido con todo y palacio municipal, escuelas, templos, hospital, panteón, e inmuebles particulares. En otras palabras, la minera se adueñó del poblado, ofreció mejoras locales, contrató a pobladores, dividió a la gente. El primero que se opuso fue el presidente municipal Baltasar Loredo. Fue asesinado.
El grupo de ejidatarios genuinos, con asesoría legal del FAO, procedió legalmente contra los ejidatarios espurios. Y ahora la minera demanda a los primeros acusándoles de falsificar sus propias firmas. Ridículo.
El FAO denuncia que la demanda de la empresa en su contra, interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR) con el número de averiguación 55/2010, es integrada con rapidez. En contraste, el FAO tiene once demandas y juicios penales contra la minera, por actos diversos, entre ellos intentos de homicidio, y ninguna ha sido resuelta.
El FAO es la punta de lanza en el movimiento social mexicano contra las mineras canadienses. Recientemente agrupaciones ciudadanas, indígenas y ecológicas de 13 estados, organizados en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se reunieron en el poblado del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde se erige la Minera San Xavier, para elaborar un plan de acción que detenga la actividad depredadora de tales empresas.
La REMA lucha contra la corrupción gubernamental, e impulsa una nueva legislación que frene el enriquecimiento de dichas compañías a costa del envenenamiento humano, etnocidios, desgarre de tejidos comunitarios, migraciones forzadas, incumplir derechos laborales, y violencia. En Chicomuselo, Chiapas, por ejemplo, el líder indígena Mariano Abarca, que encabezó movilizaciones contra la minera canadiense Black Fire, fue asesinado en noviembre pasado.
La REMA denuncia que desde el 2000 la cuarta parte del territorio nacional ya se concesionó a empresas mineras extranjeras y que, hasta febrero de 2010, se les habrían otorgado 24 mil 700 concesiones de explotación. De éstas, 82% serían para compañías canadienses. Y van sobre los recursos de comunidades desprotegidas, por su condición indígena o rural en zonas apartadas.
En el caso de Minera San Xavier, el daño ecológico que provoca la empresa es irreversible: tritura el cerro de San Pedro, emblema del escudo estatal, con toneladas de explosivos. El oro, la plata, y otros metales, se extraen de las rocas a través de un coctel químico gigantesco a base de cianuro de sodio. El procedimiento se hace a cielo abierto. Los vientos llevan el polvillo y gases tóxicos a asentamientos humanos, sembradíos, vida silvestre, ríos. Las montañas de roca tóxica se abandonan a la intemperie.
Si el gobierno no clausura la minera, y permite el golpe jurídico contra el FAO, mandará el mensaje de que dichas compañías son dueñas de nuestro territorio. De ser así, nos enfilaremos a una catástrofe natural y humana, sin precedente.
http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=170237
2010-06-08