20 Enero, 2011 – 00:51
CREDITO: Alberto Aguirre M.
Empresarios contra empresarios en Baja California Sur. Mineros contra hoteleros. Y en medio, el mismísimo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el michoacano Juan Rafael Elvira Quesada, haciéndola de árbitro parcial y nugatorio de los derechos adquiridos por los primeros.
Mal y tarde, el funcionario calderonista atendió los reclamos de los poderosos representantes de la industria hotelera y de los líderes de los organismos empresariales de Los Cabos. Y además, a regañadientes, pues el mandamás de la Semarnat accedió a sentarse en la misma mesa de los quejosos, luego de la sui generis manifestación realizada el domingo en las playas de aquel paradisiaco destino turístico.
Fue la manifestación más grande en la historia de Baja California Sur, según sus convocantes. Asistieron casi 8,500 personas. Casi todos, con camisetas verdes. Con disciplina castrense y alegría ciudadana, formaron una gran SOS en una superficie equivalente a un campo de futbol para evitar que arranquen los proyectos mineros de dos compañías canadienses en las inmediaciones del Valle del Vizcaíno.
De acuerdo con los quejosos, esas empresas planean extraer oro y otros minerales utilizando cianuro y arsénico en una zona de amortiguamiento contigua a la reserva de la biósfera Sierra de La Laguna, que transcurre entre Los Cabos y La Paz.
El lunes 17, Elvira Quesada estuvo en Los Cabos y se reunió con representantes del Consejo Coordinador Empresarial. De acuerdo con los testimonios de Ernesto Coppel y Rubén Reachi -difundidos por la prensa local-, el funcionario federal sostuvo tajantemente que no se permitirán proyectos de minería tóxica y aunque reconoció que los inversionistas canadienses cuentan con permisos para la exploración, les pidió un voto de confianza, pues éstos -confió- están por expirar y no les serán renovados.
“Me pueden mandar muchos documentos, explicaciones, fotografías, pero no hay nada. Para mí, no procede”, les habría dicho.
En público, el Secretario del Medio Ambiente quiso mostrarse aún más enérgico, pero resultó muy cauto. “Este aprovechamiento minero se pretendería realizar en terrenos nacionales”, definió, “estamos haciendo trámites ante la Reforma Agraria para tener las escrituras de esos terrenos a nombre de la Semarnat y dedicarlos única y exclusivamente a la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales, a la recarga de agua y a labores de preservación”.
Elvira Quesada se refería a La Concordia, ubicada en el distrito de San Antonio, y El Triunfo, en La Paz.
Los derechos y los activos mineros originalmente pertenecían a la empresa Viceroy Resource Corporation, que en el 2002 los vendió a la subsidiaria mexicana de Vista Gold, efectivamente de divisa canadiense. El proyecto de explotación implicaría una derrama económica de 217 millones de dólares.
“Los terrenos son nacionales. No puedes desarrollar actividades en terrenos que no son de tu propiedad”, sentenció Elvira Quesada. Pero los empresarios, convencidos de que el proyecto es viable científica, social, económica y ambientalmente, han anunciado que continuarán con los trámites para obtener los permisos de explotación.
La última palabra, en todo caso, emergerá de la Secretaría de la Reforma Agraria, que deberá decidir si cede esos terrenos a la Semarnat, la cual sólo hasta entonces podría detener la manifestación de impacto ambiental, solicitada por los empresarios canadienses quienes han anunciado que litigarían en tribunales, tanto en México como en el exterior, para hacer valer los postulados del Tratado de Libre Comercio y proteger su inversión.
Por lo demás, resulta curiosa esta súbita irrupción del secretario Elvira Quesada… justo a dos semanas de que se resuelva la elección para Gobernador en Baja California Sur. Y cuantimás, en la perspectiva de que el abanderado del PAN, Marcos Covarrubias, pueda alcanzar el triunfo. Más que nunca, necesita de apoyos.
En tiempos de campaña, la ecología es una asunto de debate. Así ocurrió en Guerrero, donde el candidato priísta a la gubernatura, Manuel Añorve, reclamó al abanderado perredista, Ángel Aguirre Rivero, una definición en torno del proyecto hidroeléctrico de La Parota, que rechazan los comuneros que se verían afectados por la expropiación de los terrenos ejidales donde se edificaría la presa más grande de México.
El proyecto es impulsado por el gobierno federal y la administración estatal del perredista Zeferino Torreblanca Galindo.
“Sí a La Parota, siempre y cuando le genere beneficios también a los guerrerenses”, afirmó.
Aguirre Rivero, quien luego dijo que pugnaría que en la presa “los empleos que se otorguen sean preferentemente para los guerrerenses”, que se pague de manera justa la tierra a sus dueños y que defendería que no se dañe el entorno ecológico.
http://www.defiendelasierra.org/documentos/prensa/138-la-parota-y-la-concordia.html
