Alejandro Álvarez Arellano
El Sudcaliforniano
22 de marzo de 2011
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Las últimas derivaciones de la campaña en contra de la minería han conducido a la elaboración de la curiosa teoría de la minería «tóxica». El término es ingenioso pero infundado, como infundado sería emprender una campaña similar contra la «agricultura tóxica», la «ganadería tóxica», el «turismo tóxico» y otras barbaridades por el estilo. Argumentos se pueden encontrar en el desarrollo de cualquier actividad económica para jeringarla. En la agricultura es conocido el uso generalizado de herbicidas, insecticidas, fertilizantes, que contaminan el suelo y el agua. Pero a nadie se le ha ocurrido boicotear el consumo de tomate, chiles, sandías o melones para detener el uso de esas sustancias. En la ganadería y engorda en general de animales se conoce el uso de concentrados y derivados hormonales, además del enigma que hay sobre el contenido real de la calidad de las materias primas empleadas en su elaboración ¿A alguien se le ha ocurrido que cierren las carnicerías como una medida contra la ganadería «tóxica»? Ya no digamos el turismo, que podríamos medir en toneladas la cantidad de sustancias ilegales (nada más de mota) que se consumen en una temporada, sin contar el comercio de personas y su trato discriminatorio, también cotidiano, de esas multitudes de trabajadores migrantes que atiborran el desarrollo del turismo «tóxico». A ver vayan y pongan sus letritas de S.O.S. para que se larguen las empresas turísticas con su «intoxicación» a otra parte.
Muchos de quienes han emprendido la campaña contra la minería saben de la existencia de las estrictas regulaciones a esta actividad a través de normas oficiales. Tal es el caso de la norma oficial mexicana que establece los procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros o la norma que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, o aquella otra que establece los requisitos para la caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de presas de jales (restos de la metalurgia). Pero la cosa no para ahí, más específicamente existen normas oficiales que establecen criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. Así como otra que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. Todo ello sin considerar las normas generales a las cuales la industria minera tiene que ajustarse como cualquier otra como lo son las que establecen los limites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición y la que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.
Por eso es que la vacilada de la minería «tóxica» es un recurso de engañabobos, es el clásico petate del muerto, inconsistente pero además perversa porque varios de quienes aparecen como promotores del boicot a la minería han vivido de ella y no en sentido figurado sino de manera directa como proveedores de servicios. Por ello los intentos de algunos dizque diputados de la legislatura pasada para imponer leyes restrictivas a la minería no prosperaron, por su incongruencia, por la ilegalidad que encierran, pero sobre todo, porque son promovidas por grupos económicos que erróneamente consideran que la minería no es compatible con el resto de las actividades industriales y comerciales necesarias para el desarrollo del país. Y si no que se den una vueltecita aquí nomás a Sonora para que vean sólo en Cananea cómo se ha desarrollado la minería durante décadas para beneficio de decenas de miles de habitantes.