Miércoles, 11 de Mayo de 2011 13:54 Diego Rivero Corona
Un tercio del territorio nacional se ha entregado a las transnacionales
Las concesiones se otorgan sin control de la SE que no verifica la existencia de las empresas ejercen una permanente defraudación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
Tras revisar la situación de más de 5 mil títulos mineros entregados en la década de gobiernos panistas, un análisis de la Familia Pasta de Conchos evidenció que hay un total desorden, negligencia y omisión en el manejo de las concesiones por parte de la Secretaría de Economía (SE).
En México las concesiones mineras han ocasionado la pérdida de soberanía, ya que 80 mil permisos mineros han hipotecado una tercera parte del territorio nacional en manos de empresas extranjeras, principalmente.
El diputado Armando Barreiro Pérez (PRD) afirmó que es necesario contar con más y mejores instrumentos “para enfrentar la actividad depredadora y contaminante que significa la minería de tajo a cielo abierto y, en particular el de las transnacionales canadienses que están posicionadas en una parte importante de nuestro territorio”.
Alejandro Villamar, de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, dijo que un tercio del territorio nacional se ha entregado a las transnacionales y a los tres grupos principales de transnacionalizados en México: Grupo México, Peñoles y Fresnillo.
Las concesiones se otorgan sin control, pues la SE no verifica la existencia de las empresas a las cuales entrega títulos de explotación; incluso los mineros y poceros que las reciben tienen elevados adeudos con los gobiernos federal y estatales, ya que no pagan lo correspondiente a los títulos. Al menos 50 por ciento de los empresarios carecen de actas constitutivas que acrediten que los socios inversionistas son mexicanos; sólo una décima parte está regularizado ante el fisco.
Para su explotación bajo la modalidad de concesiones mineras, el gobierno federal ha traspasado al capital privado (nacional y extranjero) más de 25 millones de hectáreas del territorio nacional. Los consorcios que las explotan obtienen magras ganancias, suelen estar muy alejados del SAT (aunque éste les regresa impuestos), generan empleos miserables e inseguros. Y todavía hay que pagar por el oro que se llevan.
De acuerdo con información del Senado de la República, los beneficiarios de las concesiones mineras en México sólo pagan –cuando lo hacen– por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo a una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2010 se fijaron entre 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido. En septiembre de 2009, un grupo de legisladores (no panistas, obviamente) propuso modificar la ley respectiva para obligar a las grandes empresas mineras a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si es que en realidad lo hacen. Planteó el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente.
Pero las voluminosas ganancias de los consorcios mineros también sirven para otras cosas: en automático, tal propuesta fue rechazada por la mayoría legislativa, y terminó en el bote de la basura. Así, México se mantiene como un paraíso para los consorcios mineros (nacionales y extranjeros), los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el gobierno federal –que otorga las concesiones– les aplica cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano, le cobra crecientes impuestos y le inventa cualquier cantidad adicional. Y por si fuera poco, debe comprar a precios de mercado el oro que se extrae de suelo mexicano.
Además estas empresas ejercen una permanente defraudación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a su vez tolera las violaciones de los empresarios mineros y no realiza auditorías de ningún tipo.
El informe realizado por la Familia y titulado La Secretaría de Energía y las concesiones mineras, indica que al adentrarse al análisis de los títulos de concesiones mineras nos encontramos con que impera un nivel de ineficacia y negligencia que supera, por mucho, la imaginación.
Señala que ni los concesionarios mineros informan a la Dirección General de Minas, ni ésta verifica que los primeros se sujeten a las normas oficiales nacionales en materia de seguridad de esos establecimientos y de equilibrio ecológico, así como de protección al ambiente.
Los concesionarios de minas no entregan informes de comprobación de obras; no hay seguimiento de las obligaciones legales de 99 por ciento de estos empresarios, e incluso existen adeudos por omisiones de pago de las obligaciones de los concesionarios desde 1998, ya que la mayoría no paga en tiempo y forma.
Detalla que a partir de 2000 los títulos de exploración –que antes se otorgaban por seis años–, se dan por 50 años, cuando ninguna empresa explora durante medio siglo para identificar si hay depósitos de minerales o sustancias. Es decir, se entregan estos títulos cuando en realidad se realiza la explotación de yacimientos. En la década panista se ha entregado 5 mil 81 títulos de exploración.
Esto constituye un grave desfalco para el gobierno, ya que se debería pagar más por un título de explotación de 50 años que por uno de exploración, pues entre unos y otros hay una diferencia abismal en detrimento de los ingresos federales.
En el informe se enlista una serie de títulos de concesión irregulares, cuya vigencia ya concluyó pero siguen operando, como por ejemplo el número 111562 de la mina Ramos Cuatro, ubicada en Villa de Ramos, en San Luis Potosí, que tiene una superficie de 72 mil hectáreas, que tenía vencimiento en 1973 y a la fecha sigue vigente y operando. O el número 195370 con el nombre de El Reparto, ubicado en Santiago Tamazola, Oaxaca, con una superficie de 300 mil hectáreas, que venció en septiembre de 2010 pero sigue vigente.
Añade que de los 277 concesionarios de minas de carbón en Coahuila que recibieron títulos en estos gobiernos, sólo 24 están registrados ante el IMSS. Hay una permanente defraudación al Seguro Social a causa del subregistro de trabajadores, pero también porque los empresarios de los llamados pocitos registran a los mineros con un salario menor al que reciben y el resto lo pagan en efectivo, sin comprobante.
Evidentemente el IMSS tolera eso y en forma negligente no realiza ningún tipo de auditoría a las empresas extractivas. Prueba de ello es que ni siquiera cuando se hacen públicos los siniestros de las minas inicia una investigación, puntualiza el informe.
Francisco Medina
