Alberto Osorio Méndez
4 de junio de 2011 · Sin comentarios
Edicion Jalisco, Jalisco
Ni las quejas acumuladas en Jalisco y Colima desde hace años, ni la resolución emitida en septiembre de 2008 en Guatemala por el Tribunal Internacional del Agua en el que se pide a las autoridades mexicanas detener la degradación del medio ambiente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (RBSM), detienen a los dueños de la mina Peña Colorada. Y cuando Proceso Jalisco pidió información en la delegación de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Colima, nadie quiso responder.
Pese a los múltiples reclamos de organizaciones civiles locales y de la resolución emitida en 2008 por el Tribunal Internacional del Agua contra la minera Peña Colorada por la contaminación del entorno ecológico que afecta severamente a por lo menos tres municipios de Jalisco y Colima, las autoridades se muestran renuentes a sancionar a la empresa.
El representante de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos, Óscar González, asegura que en la zona que se disputan los gobiernos estatales son cinco las comunidades afectadas por la contaminación de aguas de la trasnacional Ternium, subsidiaria de la corporación italo-argentina Mittal Steele: El Platanar, Las Pesadas, Plan de Méndez, Los Potros y El Mameyito.
Recuerda que en 2009 los indígenas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, denunciaron las tropelías de la empresa ante la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que emitió una recomendación que nunca se atendió. Luego, dice, su organización la retomó y exigió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que resolviera el asunto de la contaminación.
Los habitantes de las rancherías y comunidades afectadas, así como las organizaciones sociales, acusan a la compañía de envenenar con residuos de hierro. Dicen que incluso hay partículas de mercurio en el líquido que consumen los ejidatarios de Ayotitlán.
Según los denunciantes, el 12 de septiembre de 2008 el Tribunal Internacional del Agua emitió en Guatemala una resolución contra las autoridades mexicanas por la degradación del medio ambiente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (RBSM).
Hasta hoy, dicen, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) no ha hecho nada contra la minera que produce 40% del hierro en el país y que ahora trabaja en la expansión de la presa de jales (desechos sólidos), que concentra las aguas contaminadas de Peña Colorada.
Polvo oscuro
En Colima, Adán Rodríguez Rodríguez, delegado del Frente Mexicano de Derechos Humanos, organismo civil adherido a la Organización de las Naciones Unidas, asegura que hay medio centenar de quejas ciudadanas por la contaminación de la planta peletizadora que Peña Colorada tiene en el puerto de Manzanillo.
Los colonos de Tepixtle, Francisco Villa y Valle de las Garzas argumentan que el polvo ferroso que flota en las inmediaciones de la peletizadora, ubicada en la parte norte del puerto, daña la salud de cientos de familias. Ahí, insisten, se procesa el material que se extrae de los yacimientos que le localizan en el cerro de Los Juanes, entre Jalisco y Colima (en Minatitlán), a 52 kilómetros de distancia.
Dice Rodríguez: “Si usted deja su carro estacionado durante un rato en la calle, se llena de una capa de polvo oscuro que daña hasta la pintura (…) Puede usted imaginarse qué pasa con la salud de los que viven en la zona. Por desgracia ninguna autoridad se ha mostrado interesada en escuchar la queja”.
En febrero pasado, los medios locales informaron sobre las movilizaciones de los habitantes de las colonias El Arrayanal y Punto del Agua, quienes se opusieron a la minera cuando inició los trabajos de ampliación de la presa de jales en la que se lava la piedra ferrosa que se extrae de los yacimientos.
A principios de marzo, según el diario colimense Ecos de la Costa, los vecinos bloquearon el camino que comunica la población de Paticajo con el Arrayanal, en Minatitlán, lo que obligó a los empresarios a negociar.
La investigadora de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera, comenta a Proceso Jalisco que las autoridades ambientales deben analizar a fondo la forma en que opera la mina Peña Colorada para conocer los daños que provoca a la sierra de Manantlán y en dos municipios de Colima, incluyendo la zona urbana de Manzanillo.
Relata que en los ochenta, cuando los vecinos denunciaron la contaminación en esa parte de Jalisco y en la frontera con Colima, ella y otros investigadores comenzaron a trabajar sobre esa problemática. Desde entonces, comenta, vimos que la presa de jales se encontraba al tope de su capacidad.
Cuenta la investigadora: “Lo primero que observamos es que había derrames de esas aguas industriales sobre la población de Las Pesadas, Plan de Méndez y otras rancherías pertenecientes al ejido de Ayotitlán, ubicado en la parte baja del lugar en el que opera esa presa; también advertimos sobre el riesgo que ello implicaba para los lugareños.
“En una ocasión logramos parar la operación de la presa de jales, pero sólo por un día. Los vecinos de Las Pesadas denunciaban que la corrida de aguas hacia la parte baja envenenaba los manantiales de los que se abastecen ellos y sus animales. Desde entonces salió a relucir que entre los contaminantes había metales pesados, así como residuos de mercurio y otras sustancias que se manejan en los procesos de extracción de hierro.”
Y aunque las denuncias de organismos ciudadanos molestaron a las autoridades de los dos estados –“todo lo que denunciamos se comprobó”, dice Gutiérrez Nájera–, en Jalisco se ordenó parar la operación de Peña Colorada, mientras que en Colima las actividades continuaron, sobre todo las descargas de contaminantes que llegan al afluente del río Marabasco y las del manejo no controlado de la presa de jales.
Basta de simulaciones
La investigadora Raquel Gutiérrez asegura que Peña Colorada siempre ha sido cuestionada por la contaminación que produce en la zona por sus descargas. Según ella, el manejo de sus jales y residuos peligrosos es inadecuado, carece incluso de una planta de tratamiento de aguas. A ello se debe, insiste, que ese material afecte las tomas de agua de las comunidades indígenas, y luego el líquido que fluye hacia el océano Pacífico y a Manzanillo.
La Profepa debe atender las demandas, dice, pues su obligación es vigilar que las empresas cumplan con la normatividad mexicana en materia ambiental. La dependencia debe hacer estudios y seguimientos de toda la planta de Peña Colorada, así como análisis de las descargas de aguas y de sus residuos en el sistema hidrológico y en el ambiente; se requiere de un proyecto de análisis de laboratorio que no afecte la operación de la planta, sostiene Gutiérrez Nájera.
Para su colega Martín Gómez, el problema es que las autoridades estatales y los dueños de la minera se muestran renuentes a realizar los estudios ecológicos, e insiste en la necesidad de aplicar medidas alternativas de desarrollo sustentable que ayuden a reducir el impacto al medio ambiente por parte de Peña Colorada:
“La empresa tiene que contratar un panel de expertos que le generen soluciones a partir de nuevas oportunidades de negocios o de ventajas comparativas para la propia empresa”, expone Gómez.
Dice que gran parte de las sustancias que proceden de la presa de jales –sobre todo los “polvos finos” – no están comercializados. Si la empresa los procesa de manera adecuada, éstos tendrían un valor agregado Según Gómez, esos polvos son muy cotizados en la industria siderúrgica, sobre todo en la cementera.
Proceso Jalisco buscó a las autoridades de la Profepa en Colima para saber su opinión en torno a las quejas contra la minera. Ningún funcionario quiso abordar el tema. A través de su oficina de Comunicación Social, la dependencia respondió que Peña Colorada cumple con todas las normas ecológicas. l