12.09.11 – Perú

Karol Assunção

Periodista de Adital

Adital

«Discutir y revitalizar las propuestas de las comunidades afectadas por la minería frente al actual modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas”. Con este objetivo, organizaciones sociales, indígenas y comunidades afectadas por la minería en Perú realizan, a partir de este martes (13), el Foro Nacional de los Pueblos Alternativo a la 30ª Convención Minera. El evento se extenderá hasta el próximo viernes (16) en Arequipa y es una actividad alternativa a la Convención promovida por empresarios mineros durante esta semana.

De acuerdo con un comunicado divulgado ayer (11) por la Confederación Nacional de Comunidades de Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la idea del encuentro de las organizaciones sociales es debatir propuestas que aseguren los derechos de las comunidades afectadas por la explotación minera. La intención es que las discusiones realizadas en el Foro sean agregadas en la agenda de las autoridades y de los empresarios mineros del país.

«Asimismo, buscamos presentar propuestas a las autoridades políticas, sector empresarial minero y opinión pública nacional temas relacionados con los impactos de las industrias extractivas en los derechos de las comunidades, la salud humana, las libertades fundamentales y la grave crisis de los efectos del cambio climático”, se destaca.

Conacami llama la atención sobre las consecuencias del actual modelo de desarrollo existente en el país, que, según la Confederación, «acentúa la situación histórica de exclusión, discriminación y afectación de los derechos de las comunidades andinas, amazónicas y de la costa”.

Una prueba de ello es lo que ocurre con las poblaciones afectadas por la explotación minera. De acuerdo con la Confederación, la imposición de las actividades mineras, por ejemplo, amplía los conflictos ambientales y contribuye al aumento de la vulnerabilidad de mujeres y niñas de las comunidades afectadas.

Además, Conacami alerta sobre la criminalización de dirigentes y líderes de las comunidades. «Está comprobado que el Estado peruano ha instaurado una serie de mecanismos legales cuestionables, los cuales son utilizados a través de sus instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, para dar ‘solución’ a los diversos conflictos sociales generados por la imposición de las actividades mineras, implementando acciones judiciales y policiales que vulneran derechos y libertades fundamentales”, afirma.

De acuerdo con la organización, cientos de líderes sociales están siendo procesados en el país a causa de las luchas contra las actividades mineras. En la región de Piura, por ejemplo, según el comunicado, cerca de 300 personas de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba tienen procesos relacionados con las actividades de la empresa Zeijing.

La Confederación también resalta la contaminación de comunidades a causa de metales tóxicos utilizados en el proceso de explotación minera. «Entre los casos emblemáticos identificamos: en Junín existen alrededor de 30 mil personas en la localidad de La Oroya intoxicadas por las actividades de la fundición de DOE RUN; en Pasco existen alrededor de 300 personas en las localidades de Champamarca y Quiulacocha intoxicadas por los pasivos ambientales de Centromin Perú; en la provincia del Callao existen alrededor de 80 mil personas intoxicadas por las actividades de transporte y almacenamiento de minerales de las empresas Perú Bar, Neptunia y Cormin”, se señala.

El Foro Nacional de los Pueblos Alternativo a la 30ª Convención Minera se realiza desde mañana (13) hasta el próximo viernes (16) en la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa. La programación completa está disponible aquí: http://servindi.org/img/2011/09/Programa.pdf

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com