Martes, 20 septiembre 2011 | Publicado por Prensa
Los pueblos y comunidades del Perú afectados por la minería exigen la formación de una Comisión Nacional de la Verdad sobre la Minería y otras industrias extractivas, como uno de sus principales acuerdos luego de culminar el Foro Nacional de los Pueblos, celebrado en Arequipa del 13 al 16 de setiembre.La citada comisión debe investigar “el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas” indican en su declaración.
Afirman que la actividad minera ha crecido enormemente “superponiéndose al territorio de las comunidades y alterando su desenvolvimiento social, económico y cultural, menoscabando su identidad cultural y su autonomía”. Las concesiones mineras representan más de 24 millones de hectáreas que comprende el 18.91 por ciento del territorio nacional.
Denuncian que alrededor de 300 mil personas de los pueblos y comunidades indígenas del país son víctimas de los impactos de la actividad minera que ha “trastornado sus condiciones esenciales de vida y sus actividades productivas como la agrícola, ganadera, pesquera, entre otras, que son esenciales para su subsistencia, para la alimentación local, regional y para la economía nacional”.
También señalan que se ha incrementado a nivel nacional los casos de mujeres y niños contaminados con metales tóxicos muy superiores a los límites permisibles y que se ha acentuado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades.
La actividad minera ha contaminado directa e indirectamente numerosas fuentes de recursos y servicios ambientales como ríos, lagunas, ojos de agua, cabeceras de cuenca, que ponen en peligro el bienestar y salud de las personas, la biodiversidad y que existen numerosos pasivos e impactos mineros de los cuales nadie se hace responsable.
Los gobiernos anteriores al presente han promovido la actividad minera sin desarrollar en paralelo “mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para cautelar la protección del ambiente, de forma que se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas”.
Cuestionan la que califican “nefasta política del “perro del hortelano” del presidente Alan García, que ha profundizado la división entre peruanos, ha acentuado numerosos conflictos socioambientales -aún no resueltos- y ha criminalizado la protesta social, amenazando y enjuiciando a mas de mil líderes comunales y sociales que defienden la vida y el ambiente”.
