Publicado el Octubre 11, 2011

Hace pocos días se llevó a cabo en las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui, provincia del Azuay, una consulta popular organizada por la Federación de Organizaciones campesinas de esta provincia. La pregunta única decía: ¿Está usted de acuerdo con que se dé la explotación minera en los páramos y fuentes de agua de Kimsakocha?, fuentes que justamente proveen de agua a las comunidades antes señaladas. Los cerca de 1500 votantes se expresaron con un abrumador 92.3% por el No.

Esta consulta constituye un proceso de expresión popular, legítimo y basado en prácticas ancestrales que permiten hacer efectivos los derechos colectivos garantizados por la Constitución de Montecristi y por el acuerdo 169 de la OIT. Lo inédito fue que  el proceso contó con la presencia de 15 observadores nacionales e internacionales, representantes de organismos de derechos humanos, medios de comunicación, iglesias, organizaciones sociales y universidades.

Esta consulta se lleva a cabo luego de que el gobierno de Rafael Correa, fiel a su modelo extractivista de desarrollo, está entregando permisos de exploración y explotación minera sin previa consulta a las comunidades campesinas e indígenas que viven en la zona, y que utilizan para su vida diaria las aguas de las fuentes, situadas en las áreas concedidas.

Los habitantes de la zona le dijeron No a los proyectos mineros de Río Blanco, Mirador y Kimsakocha, donde la transnacional canadiense Iam Gold pretende explotar nada menos que 3.3 millones de onzas de oro, 10 millones de onzas de plata y 79 millones de libras de cobre. La explotación  minera requiere de enormes cantidades de agua y afectaría la sobrevivencia de las comunidades por la reducción de los caudales disponibles y también por la contaminación del agua como consecuencia del proceso.

Sin embargo, el gobernador del Azuay, Humberto Cordero, dijo desconocer esta consulta ya que solo el Estado puede ejecutar este proceso y lo calificó de ilegal.

En cambio, para los comuneros y para representantes de organizaciones sociales y populares, es un  ejemplo de  democracia participativa y directa, basado en prácticas ancestrales y en la defensa de los derechos humanos al agua y a la vida.

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