Pablo Gómez

  • 2011-10-28•Acentos

Dice la Constitución que los minerales son propiedad de la nación. Bueno, ése es un decir porque en la realidad pertenecen a los concesionarios. ¿Y quiénes son éstos? Los más agraciados no son los pequeños empresarios, sino los gigantes, mexicanos y extranjeros, que explotan o tienen a su disposición millones de hectáreas. Los derechos que por ley pagan al gobierno los concesionarios van de cinco a 100 pesos por hectárea según la antigüedad de la concesión. Esto quiere decir que no se paga por el valor de lo extraído, sino por la extensión concesionada con tarifas ridículas.

Hace un par de años, en el Senado se elaboró una iniciativa pluripartidista para cobrar el derecho por la explotación mineral mediante una tarifa ad valórem, es decir, según el valor de los minerales extraídos, con una tasa de tan sólo 4 por ciento. Pasó el tiempo pero la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados nunca ha puesto el tema en su agenda. Llegado el momento de confeccionar el paquete fiscal del presente año, la Cámara no dio respuesta; hace unos días, en la discusión del paquetito fiscal de 2012, tampoco hubo algún pronunciamiento. Vivimos en el silencio.

El Senado tocó ayer el punto. Al parecer, la mayoría de los senadores simpatiza con el cobro del derecho minero ad valórem, con una distribución de 20 por ciento hacia las entidades federativas; además de la parte que le tocaría a la Federación, los municipios mineros se llevarían 80 por ciento. Son unos 4 mil millones. No es mucho con esa tasa tan moderada. El Senado no puede discutir las contribuciones antes de que lo haga la Cámara, por lo cual toda reforma a este respecto debe provenir de San Lázaro.

Pero tampoco funcionó la aparente simpatía por el proyecto. Se ha rechazado en el Senado la propuesta de regresar el proyecto de Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados con el propósito, exclusivamente, de esperar a que ahí se establezca una nueva cantidad en el rubro de derechos por explotación de minerales. La coalición PAN-PRI funcionó otra vez. En lugar del frustrado regreso del proyecto, se aprobó una rogativa para que comisiones de ambas cámaras discutan el asunto en las próximas semanas, pero sin saber si, al menos en principio, existe aceptación de la Cámara de Diputados.

Vivimos en un país de privilegios. Por más que se insiste en que los regímenes fiscales favorables a los grandes ricos arrojan como resultado un Estado débil, raquítico e incapaz de enfrentar los grandes retos de la llamada modernidad y del desarrollo económico, los privilegiados son quienes en realidad ejercen el poder, es decir, toman las grandes decisiones que, lógicamente, protegen intereses oligárquicos.

Cada vez que se presenta en el Congreso alguna discusión sobre propuestas que afectan a los monopolios y oligopolios, se cae el cielo. Caras largas, encogimiento de hombros y falta de argumentos invaden el espacio legislativo. Cuando se sabe que las propuestas son correctas y adecuadas pero no se les puede votar por miedo a una reacción de los llamados poderes fácticos, entonces se admite que la República ha sido mancillada, los poderes elegidos son un parapeto y los intereses populares y nacionales han sido sacrificados a favor de aquellos estrictamente privados de un reducido grupo de personas: existe, por tanto, una oligarquía.

No hay solución que no pase por un cambio de régimen. Bajo la simulación que arroja el simple relevo de partido o de personas siempre habrá más de lo mismo, incesante reproducción de los privilegios que hoy ahogan al país. El PRI y el PAN han votado a favor de la disminución de los ingresos públicos en términos del producto interno bruto, lo cual es una regresión; la política de gasto será en 2012 una reedición más de las injusticias de las últimas décadas con limosnas para los pobres; los privilegios fiscales seguirán siendo, así, una de las mayores vergüenzas de México ante el mundo: genuina obra de la coalición fáctica entre el PRI y el PAN, sostenedores del sistema oligárquico.

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