Consideran que con ese instrumento legal mermarán sus condiciones de vida
Trabajadores piden una Ley para la pequeña y mediana minería S.URRIBARRÍ
EL UNIVERSAL
martes 18 de octubre de 2011 12:00 AM
Pequeños y medianos mineros de El Callao y de otras localidades dedicadas a esa actividad económica, al sur del estado Bolívar, tienen previsto movilizarse hasta Caracas y solicitar un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea Nacional, para rechazar los términos de la Ley orgánica que reserva al Estado la exploración y explotación del Oro.
El diputado Américo Da Grazia, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, informó que esos trabajadores de la minería consideran que la aplicación de ese instrumento legal mermará sus condiciones laborales, sus ingresos familiares y condiciones de vida; por tanto, plantearán la revocatoria de la Ley ante la Asamblea Nacional.
La citada Ley, en vigencia desde el 20 de septiembre, establece que la República o los entes públicos con competencia en el área «ejercerán el monopolio de la comercialización» del mineral. Señala que «todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República».
Ayer lo mineros de El Callao realizaron un paro cívico, dijo Da Grazia desde esa localidad. Participaron de la actividad los sindicatos de Minerven, PMG, Venrusca, así como la Asociación de Molineros, cooperativas, transportistas y comerciantes, con la finalidad de protestar la vigencia del texto legal. Al mismo tiempo se efectuó un Cabildo Abierto en la Plaza Bolívar de esa zona, en donde aprobaron, entre otros puntos, introducir una demanda de nulidad de la Ley ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El presidente de la Cámara de Comercio de El Callao, Simón Alexander, manifestó que el paro se cumplió en 99% en la localidad y, en menor medida, en el resto de los municipios del sur. Sostuvo que a partir del 15 de diciembre, de acuerdo a la Ley, quedarían extinguidas todas las autorizaciones para la pequeña minería.
Cuestionó la aplicación de pena de prisión de seis meses a seis años a quienes realicen las actividades primarias, conexas o auxiliares, sin cumplir con el Decreto Ley. Señaló Alexander que las autoridades «hicieron ese instrumento legal sin consultar a quienes conocen de la minería».
El orfebre Alejandro Peña indicó que ese marco legal es la continuación del Plan Caura. «No pudieron acabar con El Callao en la primera fase, pero ahora sí lo van a hacer, ¿de qué va a vivir la gente si no hay economía alternativa?» ML/MRC
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