Domingo, 30 de Octubre de 2011
La protesta causó la restricción del paso a La Paragua. Para atender el caso se creará una comisión integrada por la Fuerza Armada, Ministerio de Pueblos Indígenas, Gobernación del estado Bolívar, Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Ministerio del Ambiente y organizaciones indígenas.
Indígenas de 13 comunidades de La Paragua, municipio Angostura, mantienen retenidos y sin sus armas de reglamento a 19 funcionarios militares, que estaban en un yacimiento ilegal de oro ubicado dentro de la localidad El Casabe. Los nativos afirman haber reaccionado ante supuestos abusos de los castrenses, quienes según un acta levantada, «estarían practicando la minería» en la zona. Aunque no hay comunicación con el exterior, otros voceros indígenas temen que se haya registrado un enfrentamiento con el contingente de la Fuerza Armada, que desde el viernes militarizó el poblado y tiene restringido el acceso fluvial y aéreo para evitar que vayan en ayuda de las comunidades.
* Nativos exigen la presencia del vicepresidente Elías Jaua para mediar en el conflicto.
*Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional, pidió al Gobierno la solución pacífica de la situación, e instó a los indígenas y a las tribus a que liberen a los uniformados.
Natalie García
Ramsés Ulises Siverio
Foto Cortesía/Archivo
Los indígenas afirman estar cansados de los “atropellos” de las Fuerzas Armadas y por ello actuaron desarmando a los funcionarios
La tensión sigue en La Paragua, municipio Angostura. Tras el desarme y posterior retención de 19 funcionarios militares en la comunidad de El Casabe, ubicada a cuatro horas de navegación del puerto del poblado, el silencio se ha adueñado de la zona militarizada desde el viernes.
Según habitantes de la localidad -quienes prefieren mantenerse en el anonimato- funcionarios de la Guardia Nacional, la Armada y el Ejército permanecen a la expectativa, en espera de la orden para actuar y liberar a sus compañeros detenidos por indígenas de las etnias pemón y sanema.
“Esto está como el viernes. Funcionarios van y vienen. Uno no sabe qué pensar, lo que sí se supo es que aparentemente un contingente de funcionarios bajó -en canoas por el río- y fueron también secuestrados por los indígenas, pero de allí no hemos sabido nada más y hay preocupación por lo que pueda pasar. Para colmo todo el día estuvimos sin luz, hemos permanecido desinformados por completo”.
Miedo a represalias
Por su parte Jorge Pérez, capitán general del sector 5 que representa a 23 comunidades de la Gran Sabana, expresó: “estamos profundamente preocupados con lo que está pasando, porque no tenemos noticias y desde las comunidades indígenas de la sabana nos han estado llamando porque hay informaciones de alerta, cosa que no sabemos y por lo que hacemos un llamado de calma hasta saber realmente cómo está la situación”.
El vocero agregó, “tenemos mucho temor porque los líderes indígenas siguen en las comunidades -río adentro en La Paragua- sin que hayamos podido hablar de cómo está la situación, no sabemos nada y eso es muy preocupante”.
Aclaró Pérez que los indígenas “están actuando en contra de una actitud militar, y no pueden ser desalojados de sus tierras. Estamos cansados de lo mismo y por eso es la reacción”.
Ricardo Delgado, líder indígena del sur, expresó que ante la gravedad de los hechos suscitados y la falta de respuestas los aborígenes exigen la presencia del vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua para que sirva de mediador antes de que algo grave ocurra.
Reacción por indignación
La confrontación entre aborígenes y uniformados viene dada porque los castrenses acabaron con un yacimiento ilegal de oro, situado dentro de la comunidad El Casabe, a 4 horas de navegación por el río Paragua desde el pueblo homónimo.
El fin de la explotación fue hace dos meses, y la Fuerzas Armadas anunciaron la operación como una gran victoria. Sin embargo, líderes indígenas explicaron que en el lugar donde está el yacimiento fue instalado un puesto militar. Aparentemente los integrantes de las comunidades se dieron cuenta de que, supuestamente, los funcionarios estarían practicando la minería ilegal, lo que desató indignación y las acciones que se han derivado desde entonces.
En una resolución donde participaron 13 comunidades indígenas, de las 29 que residen en La Paragua, los nativos dejaron sentado lo siguiente: “integrantes del Glorioso Ejército del Libertador, específicamente los de la Armada, actualmente están realizando actividades mineras, directa y/o indirectamente mediante los terceros, en la comunidad indígena de Amanaimü (sector Alto Paragua), contraviniendo todas las disposiciones legales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos indígenas, ambientales y otras que rigen la materia”.
Esta acción que culminó en el desarme y la retención de los funcionarios sería la segunda que realiza una comunidad indígena contra militares; semanas atrás en Parkupí, sector de la Gran Sabana, representantes de la etnia pemón desarmaron y echaron picante a un grupo de uniformados que pretendía supuestamente quitarles parte del oro que estaban explotando en la zona.
Aunque la minería está prohibida en las cuencas de los ríos y delimitada a zonas exclusivas, muchas poblaciones del estado Bolívar subsisten de ella, siendo la única actividad económica que les permite llevar el pan a la casa. Los indígenas no escapan de esta realidad y ante las necesidades han optado por trabajar artesanalmente la explotación de oro y diamante, a falta de políticas públicas que permitan el cumplimiento de sus derechos.
Políticas erradas
Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, viajó hasta La Paragua y desde allá vía telefónica conversó con Correo del Caroní confirmando la información y a la vez alertando sobre la situación que atraviesan los indígenas y la población minera de esta localidad.
“Esta es una respuesta negativa al tema minero, la acción represiva por parte de los cuerpos militares es mala consejera en la minería, especialmente porque afecta los intereses de comunidades indígenas que han ocupado esas tierras desde hace más de 200 años, y que ancestralmente se dedican a trabajar el oro y el diamante”, expuso el parlamentario.
De Grazia pidió al Gobierno Nacional la solución pacífica de este conflicto e instó a los pueblos indígenas y a las tribus a que liberen a los uniformados y conformen una mesa de diálogo entre las partes.
También denunció que el acceso a La Paragua está completamente restringido, pues “no permiten ni subir ni bajar en canoas, en lancha, ni en avioneta. Por ninguna vía… imagino con la intención de crear un cerco de carácter logístico, para que la gente no pueda suministrar ningún tipo de provisiones a las poblaciones indígenas que allí se encuentran”.
Mediación posible
Aunque los manifestantes exigen la presencia del funcionario designado por la Presidencia de la República para dialogar sobre el destino de los mineros, De Grazia propuso que los diputados de la MUD pueden servir de mediadores en un diálogo entre las comunidades indígenas y el alto gobierno.
A su juicio, los abusos gubernamentales en los pueblos mineros son una constante, evidenciada no sólo en lo que denominó “la masacre de La Paragua”, ocurrida en septiembre de 2006 en plena Reconversión Minera, sino con otros hechos como la estatización de las estaciones de combustibles (2010), la nacionalización de la economía del oro (2011) y la aplicación del Plan Caura (2010/2011).
Reiteró que la aplicación del decreto 8.413 que reserva al Estado la explotación y exploración aurífera resulta imposible, por considerarlo un instrumento inconstitucional que criminaliza la actividad minera.
“Eso no ha ocurrido ni siquiera con la coca, el cultivo de la hoja de coca en Perú, Bolivia y Ecuador no es un delito, cómo es que entonces aquí convierten la actividad minera en un crimen, castigado con pena de seis meses a seis años, eso es crítico”, rechazó.
De Grazia finalizó recordando que existen instrumentos legales, como la Ley Orgánica de Minas y Comunidades Mineras, que bien pueden revisar los diputados de la MUD para darle una salida a la situación de los mineros artesanales de la región.
Instalan comisión ministerial para atender a indígenas de La Paragua
A través de un comunicado difundido por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio de Pueblos Indígenas, Carlos Somera, informó que fue activada una comisión interinstitucional para revisar el caso de La Paragua.
Ésta estará integrada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Ministerio de Pueblos Indígenas, Gobernación del estado Bolívar, Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Ministerio del Ambiente y organizaciones indígenas.
Según dio a conocer el viceministro, “la situación registrada en La Paragua involucra a un grupo de más de 300 indígenas del pueblo Kariña, que fueron desalojados por los militares tras intentar explotar de manera ilegal una bulla o yacimiento de oro aluvional en una zona boscosa cercana a esta población”.
Somera dijo además que “es necesario que se escuchen los planteamientos de las comunidades indígenas y se busque una solución pacífica a esta situación”.
Acotó que “cuando el pueblo indígena reclama es porque algo está pasando y el Estado tiene el deber de escucharlos y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a buscar soluciones pacíficas a esta situación”.
