Notimex – Hace 7 horas
Quito, 9 Oct (Notimex).- Organizaciones indígenas y comunitarias de Ecuador polemizan con el presidente Rafael Correa por la política minera que busca desarrollar esta actividad, ahora limitada al mínimo.
La polémica, que se remonta a casi el comienzo del gobierno de Correa, se intensificó estos días después que organizaciones comunitarias realizaron una consulta sobre el tema en el sur del país, a la que el gobierno calificó de ilegal.
El plebiscito involucró a habitantes de dos poblaciones de la provincia andina de Azuay, donde opera la canadiense Iam Gold, quienes se pronunciaron en forma mayoritaria en contra de la actividad minera, según los organizadores de ese evento.
Correa y su ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, han restado validez a la consulta, porque no se realizó con intervención del Consejo Nacional Electoral.
La víspera el mandatario recordó que la Constitución le da facultad para trazar la política para el sector.
El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, afirmó que Correa ha irrespetado el derecho a la consulta que estipula la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo.
Cholango afirmó que la reacción del gobierno no frenará el derecho de los pueblos de hacer las consultas que sean necesarias, aunque para el gobierno sus resultados no tengan efectos vinculantes e insistió en la necesidad de una ley de consulta previa.
La asambleísta del movimiento indígena Pachakutik, en la oposición, Lourdes Tibán sostuvo que el cumplimiento de la Constitución y los instrumentos internacionales es de directa e inmediata aplicación.
Añadió que Correa, antes de autorizar cualquier acción en la zona donde se realizó la consulta, debía haber emprendido este proceso por su propia cuenta.
«Pero como tampoco lo hizo, ni lo va hacer, la consulta realizada por las autoridades comunitarias, ante el incumplimiento de este derecho fundamental por parte del Estado, es completamente legítima», aseveró.
Pástor recordó que su cartera socializó el tema, en su oportunidad antes de avanzar en la exploración de la zona.
Iam Gold estima que en la zona, llamada Quimsacocha, hay cuatro millones de onzas de oro, y la explotación factible sería de entre 1.8 y 2.0 millones de onzas, en un lapso estimado de 7 y 8 años, con inversiones previstas por 337 millones de dólares.
En esa zona también se desarrolla otra mina, llamada Río Blanco a cargo de San Luis Minerales.
Esos proyectos forman parte de un paquete calificado por el gobierno como estratégico y que se completa con los llamados Fruta del Norte, Mirador, San Carlos Panantza, con cuyos concesionarios se negocian contratos.
Otros 12 proyectos están concesionados a compañías mineras consideradas junior, según dijo hace poco el ministro Pástor, a los que se suman otras 10 zonas de interés que se entregarán en concesión a través del sistema subasta y remate.
Las organizaciones que se oponen a la gran minería sostienen que ésta contaminará su hábitat, a lo que el gobierno responde que se adoptarán rigurosas medidas de control ambiental y agrega que la renta minera irá de manera prioritaria a las propias comunidades.
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