Roberto Escalante
| En Perú, hace apenas unos días, se aprobó una reforma a la Ley de Regalía Minera que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM). Esta Ley establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM), el cual empezará a regir a partir de octubre, y los primeros recursos se estarán recibiendo en noviembre y ascenderán a mil millones de dólares anuales que se depositarán en la Tesorería del Perú.En los últimos años las empresas mineras de Perú han mostrado un boom en términos de producción. Southern, Antamina, Cerro Verde, Buenaventura, Shougang, Arutani y Gold Fields, fueron las empresas que registraron un aumento en su nivel de exportación en 2010. Respecto al nivel de utilidad, las cinco compañías que contaron con márgenes más altos en 2010, fueron: Southern, Cerro Verde, Barrick, Yanacocha y Buenaventura; con 836, 679, 540, 446 y 440 millones de dólares.Las compañías mineras de Perú han destacado a escala mundial. Se espera un nivel de inversiones de 30 mil millones de dólares en los próximos tres años, es el tercer país en el mundo en exploraciones y se produce un tercio de la producción mundial de cobre.
En este contexto resalta la aportación que el nuevo gobierno peruano ha logrado de las compañías mineras que tradicionalmente, en ese país y en otras latitudes latinoamericanas y mundiales, han sido reacias a pagarle al erario público lo que equitativamente corresponde, teniendo en cuenta que se trata de un recurso no renovable, propiedad de la nación y, por lo tanto, de la sociedad peruana, por una parte y, por la otra, las muy altas ganancias que han obtenido en la última década, resultado de los muy beneficiosos precios de los minerales en el mundo. La negativa de las compañías mineras se sostenía sobre varios argumentos que, al final, resultaron fútiles. Uno de ellos consistía en que al tener que pagar más impuestos la repercusión en los costos sería inevitable y la competitividad se perdería afectando, por tanto, la importante contribución que el sector minero hace al producto peruano y a su ritmo de crecimiento, que ha sido alto y sostenido. Además, los impactos negativos sobre el empleo, por ejemplo, no podrían evitarse. También los impactos regionales tendrían que considerarse, ya que Chile, primer productor de varios minerales, pasaría a ocupar el espacio hoy ocupado por la minería peruana. La importancia del tema de la minería radica en que en el Perú esta actividad representa el 6.3 por ciento del PIB, el 62 por ciento de las exportaciones totales, y aproximadamente el 45 por ciento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría; además de que eleva los ingresos de las personas que viven en los distritos mineros. No hay que olvidar que Perú se ha convertido en uno de los países más dinámicos de América Latina, con crecimiento de su PIB del 8.6 por ciento anual en 2010. Otro argumento usado fue que la modificación del royalty minero, pues la adecuación de este impuesto impacta directamente sobre las utilidades de las compañías nacionales, y sobre las inversiones internas o externas, haría optar a los inversionistas entre un país con impuestos altos y otro con un esquema tributario y salarial favorable, y con costos de producción más bajos. El IEM tendrá una tasa progresiva y acumulativa entre 2 y 8.4 por ciento. En el caso de los pequeños productores y mineros artesanales el impuesto será nulo. La aplicación de estos impuestos debe mantener la competitividad respecto de Chile. Lo importante a rescatar de la experiencia peruana es que el Estado puede negociar, y de manera muy exitosa, condiciones favorables para la sociedad que representa sin que se ponga en peligro no sólo la inversión en una actividad estratégica sino, incluso, su desarrollo futuro. Las compañías mineras transnacionales que operan en Perú, antes del IEM, habían prometido invertir 16 mil millones de dólares en un periodo de tres años. Con el IEM esa cantidad pasó a 30 mil millones de dólares. Como sabemos, en muchos países, como México, se usa el argumento que dice que si el Estado interviene en la economía los inversionistas se van y arrastran a la economía al fracaso y el Estado es el culpable. Hay que darle estímulos a los inversionistas privados para que beneficien a la economía. Lo que el caso peruano demuestra es que recaudando más y comprometiendo el gasto público para el bienestar social se avanza. En Perú los inversionistas se quedaron, y con planes de hacer más negocios, y habrá más inclusión social. Hay que ponerse los pantalones y defender a la nación. Ojalá el gobierno mexicano escuchara y aprendiera de Perú. semerena@servidor.unam.mx Catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM |
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