12:00 Miércoles 05/10/2011
La primera consulta previa trae malas noticias para el proyecto oficial. En Quimsacocha, un mayoritario voto del 92% de sus pobladores se mostró en contra de la explotación minera.
La Constitución aprobada en Montecristi y sometida a consideración de la voluntad popular garantiza la consulta previa sobre los planes de prospección y explotación de los recursos no renovables. El artículo 57, numeral 7, se refiere a estos derechos colectivos de los pueblos y comunidades.
Hoy el Gobierno busca el desarrollo de la minería como un factor económico importante. Pero la consulta del fin de semana en Quimsacocha no puede ser más contraproducente para los planes coyunturales en la entendible avidez oficial por conseguir recursos económicos por diferentes vías. La contundente respuesta de los vecinos de Quimsacocha amerita una seria reflexión.
Por un lado, un proyecto político que proclamó un nuevo constitucionalismo, donde las garantías de pueblos y personas parecen la razón de ser fundamental; bajo esa óptica se construyó una nueva arquitectura jurídica. Por otro lado, una ansiedad por abrirse a inversiones de fuera que podrían procurar millonarios recursos y contar con la experiencia y el valor agregado del conocimiento y la tecnología de grandes empresas mundiales. Estas buscan, por su parte, un marco mínimo de seguridad jurídica y garantías para operar, obtener lucro, generar empleo y, como es lógico, aportar al país con la entrega de recursos y el pago de impuestos en sumas considerables.
La consulta de Quimsacocha parece un intento fallido por la apuesta minera y muestra un contrasentido: la comunidad se pronuncia, el Ministro Pástor desautoriza el camino constitucional que el propio Gobierno auspició.
http://www.elcomercio.com/editorial/MINERIA_0_566343492.html
