Lima
22 noviembre 2011 – 10:23 am
Artículo de Opinión del ex embajador de Perú en China y profesor emérito de la UNI, Luis Chang en El Comercio
El Comercio. A raíz de los recientes acontecimientos en la provincia de Celendín, región de Cajamarca, se discute el tema de la explotación minera del oro y el uso del recurso agua. Se dice que habría que escoger entre uno u otro y para fundamentar esa posición se utilizan conceptos técnicos que deben ser aclarados.
Afirman, por ejemplo, que el proyecto Conga se realizaría en una zona que es el origen de las aguas. Ese concepto no es correcto: el agua se origina por las lluvias que caen sobre una superficie, independientemente de si allí hay pastos, edificios, vacas, lagunas o un desarrollo minero.
Esas aguas discurren por la superficie terrestre formando cauces de los ríos o por el subsuelo formando ríos subterráneos. Ambos cursos de agua, en todo su recorrido hasta que desembocan en los océanos, reciben agua que se precipita en mayor o menor intensidad sobre la superficie.
La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico, responsable del depósito de agua dulce y, en consecuencia, de la vida, tanto animal como vegetal, que requieren el agua para vivir. La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; en este punto, las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar el momento en que caen por la fuerza de gravedad.
La neblina, el rocío son formas de condensación, no de precipitación. Las lagunas son espacios geográficos, que permiten la retención o el almacenamiento del agua (importante para su uso), pero estas no alteran el caudal de agua en el cauce del río que se forma aguas abajo.
La tecnología moderna permite que el agua sea llevada a donde uno desee, utilizando equipos de bombeo y mejores sistemas de conducción.
Lima abastece parte de sus necesidades de agua derivándola por túneles de la cuenca del Atlántico a la del Océano Pacífico. Los chinos vienen ejecutando un proyecto por el que conducen más de 33 metros cúbicos por segundo (dos veces el caudal del río Rímac en estiaje) desde Shangái hasta Beijing (1.360 kilómetros, distancia equivalente de Lima a Tumbes), para atender sus requerimientos de agua.
En consecuencia, no existe un argumento técnico basado en el uso del agua que impida la explotación minera en el país. Lo que sí existe es un fundado temor de que las empresas mineras se comporten como en el pasado, cuando no tenían consideración por el medio ambiente y el tema social.
En ese sentido, los recientes gobiernos han establecido reglas que obligan a los mineros a cuidar el ambiente y el cierre de las minas comprometiéndolos a dejar la zona en mejor estado que como la encontraron.
Por ello, las autoridades del gobierno deben ser estrictas con los estudios de impacto ambiental y celosas de la protección del medio ambiente durante la explotación minera y el cierre de mina, que debe conllevar las debidas garantías financieras. Asimismo, el Estado debe ir eliminando los pasivos ambientales dejados por las minas abandonadas en el país.
El Perú debe aprovechar los precios originados por la gran demanda de minerales existente en el mundo, obteniendo los recursos que permitan ampliar el desarrollo y lograr la necesaria inclusión social, que permita equilibrar nuestro crecimiento económico. Esta demanda no es eterna y debemos aprovecharla mientras exista, es decir ahora.
Se plantea como una posible solución a los conflictos sociales hacer que los pobladores de las comunidades participen en la gestión empresarial. Esto es complicado y riesgoso. En el desarrollo minero actual las comunidades se benefician a través de proyectos específicos y por la oferta de empleo y del movimiento económico en la zona. Pero, además, la renta que generan los impuestos a la explotación minera permite que el Estado ejecute obras que benefician no solo a las comunidades cercanas al proyecto sino a la población peruana como un todo. Eso sí, es muy importante que las entidades de gobierno sean eficientes en el uso y aplicación de dichos recursos en beneficio de las comunidades.