Columnistas 2 noviembre, 2011
Por Rafael Pineda Ponce
Mi amigo, el talentoso abogado Santos Gabino Carbajal, quizá el profesional que más sabe de minería en Honduras, es el autor de la pregunta que yo retomo, con todo respeto y con inmensa preocupación; ocurre que ya es desesperante el grito angustioso de los enfermos que no tienen atención a su salud, los 800,000 jóvenes con preparación algunos de ellos y sin preparación la mayoría, que claman por una oportunidad de trabajo y al no encontrarla se van tras el sueño americano, a morir en los desiertos de México o a regresar mutilados por los ferrocarriles; pienso en los damnificados del sur y de otros sitios del país, que perdieron sus casas, sus bienes y se encuentran al amparo de Dios.
Mientras tanto, un 53% de la población, en una encuesta sobre la situación familiar expresa que en este año su condición es peor que la del año anterior; repárese que esa es la triste respuesta de más de la mitad de la población; si vamos al problema educativo la situación es deplorable, apenas 35% de la población de jóvenes termina la educación secundaria y de cada 100 que ingresan a la universidad solo 4 terminan la educación superior.
En tanto esto ocurre andamos desesperados queriendo ponerle su anillo de acero al vértice de la pirámide jurídica de nuestro estado de Derecho, creando una innecesaria y violatoria Corte de Constitucionalidad, para anular la honorable Corte Suprema de Justicia porque no es dócil a los caprichos políticos de los mandones de turno. Quo vadis señor Presidente?
¿Y la Ley de Minería qué? Me correspondió, ejerciendo funciones de presidente del Congreso Nacional, en calidad de vice-presidente del ingeniero Carlos Flores, elaborar, discutir y aprobar con mis compañeros diputados, liberales, nacionalistas, pinuistas y demócrata cristianos, previo conocimiento del proyecto por abogados de alta calificación profesional, trabajadores y empresarios de la minería y otras personas que tomaron interés en el asunto, la Ley de Minería que ha sido objeto de contratiempos. Para conocer la situación de esta actividad en países con larga experiencia en ella, comisiones del Congreso viajaron a México, Perú, Brasil y Bolivia; la preocupación era tornar competitiva la actividad minera en nuestro país, en relación con otras naciones. La Ley mejoró en mucho lo que había estado vigente y funcionó por algunos años.
De repente, por invención de vaya usted a saber qué pata puso ese huevo, suspendieron la aplicación de unos artículos y declararon inconstitucionales otros, y la actividad minera se paró por más de diez años y no ha habido tractor que pueda moverla, precisamente en el tiempo cuando el valor de los metales es el más alto que se registra en el mundo y cuando no cabe duda que Honduras es el país con mayor potencial minero de Centro América. Que bien, nos estamos muriendo de hambre, desnudos y macilentos sentados sobre ricos depósitos de oro y plata.
Si la Ley que nosotros elaboramos, discutimos y aprobamos era mala, había que hacerla buena; si los beneficios que ella establecía para la explotación eran muy bajos, había que subirlos; si la Ley era inconstitucional, había que tornarla totalmente respetuosa de la Constitución, si tenía disposiciones que podían afectar el medio ambiente, había que suprimirlas y elaborarlas de tal manera que no ocasionaran daños irreversibles al medio ambiente y garantizaran seguridad total para las personas.
Pero paralizar una actividad altamente productiva por diez años, por caprichitos y poses mesiánicas de más de algún fanático, al momento que no encontramos que hacer con la desocupación de nuestra gente, nuestros jóvenes sobre todo, y con la desesperación que produce el hambre y la pobreza que se transforma pronto en miseria, es propio de mentecatos movidos por oscuros intereses.
http://www.latribuna.hn/2011/11/02/bueno-y-la-ley-de-mineria-2/
