Eliécer Calzadilla
Miércoles, 2 de noviembre de 2011
Cuando estaba por terminar estas notas tuve que devolverme. Aunque el tema era el mismo, quería contribuir con el debate sobre la minería aurífera en Guayana con un bosquejo histórico sobre el poblamiento de este inmenso territorio; lo dejo para otro domingo, los hechos le imponen un rumbo distinto al teclado que ordena las letras y las palabras. El titular del diario Correo del Caroní del sábado 29 de octubre de 2011 da cuenta de un incidente entre un grupo indígena de la etnia pemón y un pelotón de efectivos militares en la región de La Paragua del estado Bolívar. De la nota interior del periódico, que resume lo sucedido y destaca las declaraciones del profesor Ricardo Delgado, ex alcalde de Gran Sabana y reconocido dirigente indígena, se desprenden preocupantes asuntos.
El solo nombre de La Paragua es inquietante: evoca la terrible masacre ejecutada en septiembre del año 2006 por diez efectivos militares contra seis mineros. Los militares fueron sentenciados a 15 y 17 años de presidio, pero los motivos, el modo de asesinar a los mineros y el intento de simular un enfrentamiento, constituyen hechos abominables cuyas resonancias en esta región son inevitables en un momento como éste. Y es que este nuevo incidente entre efectivos militares e indígenas, con ocasión de una explotación aurífera, ocurre cuando faltan muy pocos días (16 de noviembre próximo) para que entre en vigencia el decreto ley 8.413, que declara ilegal el histórico trabajo minero artesanal y lo tipifica, de manera genérica y arbitraria, como delito, lo sanciona con prisión de 6 meses a 6 seis años, y encarga a la Fuerza Armada para sustanciar y reprimir los nuevos delitos que consagra el decreto que son -además del trabajo minero- la comercialización, tenencia, transporte y circulación con oro.
Sostengo una vez más que el tema de la minería aurífera y diamantífera en Guayana, y los problemas ambientales que la minería desordenada provoca, no son asuntos que se arreglan militarmente. Cuando el gobierno del presidente Chávez aborda este asunto declarando, en el decreto, “estratégico” al oro, y declarando Zonas de Seguridad sin límites, sólo porque tengan oro, incurre en un error histórico tremendo y en una enorme equivocación social y económica.
Este error del chavismo con relación a los mineros, la minería y el ambiente, en conexión con el decreto 8.413, de corte represivo, es un nuevo signo de las grandes equivocaciones que con y contra Guayana ha perpetrado el régimen en estos 12 años. Presumiendo el establecimiento del socialismo arruinaron completamente el parque industrial de Guayana: no sólo aniquilaron técnicamente todas las llamadas empresas básicas, desde Sidor y Edelca hasta las del aluminio, Ferrominera, las briqueteras y Minerven -que maneja los más importantes yacimientos de oro del Estado venezolano-, sino que el antes pujante parque industrial privado de la Zona del Hierro es hoy un paisaje fantasmal de quiebras y abandono.
Afirmo que el asunto minero no es militar porque cualquiera sabe que no puede ser tratado ni resolverse con batallones, escuadrones y aviones de combate. El concepto de “minero-enemigo”, que tendría que manejarse como hipótesis que se ha hecho real, en la que el trabajador de la minería pasa de ahora en adelante (por el decreto) a ser considerado un elemento peligroso para la seguridad del país, es un acto absurdo y un desconocimiento de la realidad social del estado Bolívar. Lo explico con un ejemplo y en el marco del decreto 8.413, que tipifica la actividad minera artesanal y la tenencia de oro como delitos: desde el punto de vista legal, salvando sólo las evidentes distancias, la actividad minera de los llamados pequeños mineros, que se internan en la montaña a explotar una “flor” o un “rabín” y hacen una “bulla”, sacan su oro y lo venden, al ser “convertidos” en delincuentes se equiparan en lo antijurídico con el que siembra coca en el monte, hace cocaína y la vende. Son delincuentes, iguales en lo antijurídico y culpabilidad, sólo que tienen penas distintas, y eso es más que un disparate. Esas tenemos.
Este nuevo y lamentable incidente de La Paragua puede tener su lado interesante y es que puede y debe forzar un diálogo. Podemos cuidar el ambiente y hacer minería. El decreto 8.413 es una papa caliente en manos del gobierno. Guayana ha sufrido este régimen como ninguna otra región. Creo que el gobierno tiene tiempo de echar atrás el decreto minero y llamar a un diálogo. No es el fusil el que arregla el tema minero, es el diálogo, es la palabra. Las balas no pueden…
