Acudirán al TSJ para solicitar la nulidad de la Ley del Oro
MARÍA RAMÍREZ CABELLO | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
martes 1 de noviembre de 2011 12:00 AM
Ciudad Guayana.- Los 19 militares retenidos y desarmados por las comunidades indígenas del sector Amanaima, en el Alto Paragua, fueron liberados este domingo. La población de La Paragua, en el Municipio Angostura del estado Bolívar, fue desmilitarizada y aunque la actividad minera está paralizada, los indígenas recuperaron su espacio.
Líderes indígenas denunciaron que los pueblos reaccionaron al maltrato de los militares, cuyo trabajo es impedir la minería ilegal por seguridad ambiental.
Alexis Romero, vocero de las capitanías comunales del sector alto y medio de La Paragua, dijo que «nos estamos organizando para tomar el control de nuestras tierras. Aunque todo está desmilitarizado, hay irregulares armados selva adentro que en cualquier momento aparecen y someten a las comunidades».
Denuncian que los efectivos castrenses solicitaban el pago de «vacuna» a los indígenas, alrededor de 30 gramos de oro semanales. Cada gramo de oro se cotiza en unos Bs. 300.
Jorge Pérez, capitán general del sector 5 de la Gran Sabana, indicó que por temor a que los equipos fueran destruidos, los indígenas pagaban la «vacuna». «Usan el uniforme y el armamento militar para atropellar a los indígenas. Vamos a instalar asambleas, no podemos permitir más esto», añadió.
El vocero de las comunidades indígenas señaló que en la reunión con el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), Henry Rangel Silva, expresaron que si los militares permitían y hacían el trabajo minero, «por qué no lo podemos hacer nosotros en nuestras tierras, además, la minería artesanal que practicamos no es destructiva».
El dirigente indígena, Ricardo Delgado, dijo que no se llegó a ningún acuerdo como quiso hacer ver Rangel Silva.
Insistió en que el problema de fondo es que se anule el Decreto 8.413 que reserva al Estado la exploración y explotación de oro en el territorio nacional y que declara que el mineral de oro y las áreas mineras auríferas son estratégicas para la Nación «a los fines de la declaratoria de zonas de seguridad a las que se refiere la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación».
«Declaran zonas de seguridad a las tierras auríferas pero allí está las tierras indígenas», dijo.
Esta semana, los dirigentes mineros introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia del Decreto 8.413 y un recurso de amparo. El asesor jurídico, César Cedeño, sostuvo que la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas priva sobre el decreto de «nacionalización» del oro. Además, interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Militar por la actuación ilegal de los militares.
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