18 noviembre, 2011

Anoche culminó el seminario “El agua y la minería” en la Universidad de Cuenca; en representación del prefecto intervino Fernando Burbano. (PSR)

Sin la presencia del alcalde de Cuenca, Paúl Granda; el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco; ni de los representantes de las empresas mineras IMC (proyecto Río Blanco) y I am Gold (Quimsacocha) se clausuró ayer el seminario “El agua y la minería”, organizado por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales y la Asociación de Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca.

En representación del prefecto, su asesor en temas mineros, Fernando Burbano, advirtió en la necesidad de que existan algunos criterios técnicos que sean analizados, y para cuya consecusión no solo debe ser esfuerzo del Gobierno Provincial del Azuay, sino de todos los gobiernos autónomos descentralizados y las diferentes instituciones.

Pero anticipó que han establecido ya contactos con el extranjero “existe el interés de universidades extranjeras interesadas, conozco que en otros sitios de América Latina hay centros de educación superior especializados en este tipo de casos y que podrían aportar sustancialmente con esto; pero, ello no significa que también sean nuestras universidades e institutos en el Ecuador que emprendan este desafío”.

El dirigente comunitario Carlos Pérez Guartambel, en representación de UNAGUA-FOA, precisó que no son solo tres lagunas en Quimsacocha, como se quiere hacer creer, sino un conjunto lacustre de 30 lagunas.

Advirtió que hay que tener cuidado con la declaración del presidente Rafael Correa que dice “ya salvamos Quinsacocha, ya no nos preocupemos”. Según este dirigente comunitario, Quinsacocha es todo un sistema hídrico, sólo el bosque y vegetación protectora Irquis-Yanuncay es de 33.420 hectáreas y desde 1985 está considerada como área y vegetación protectora.

Además, precisó que I am Gold no tiene ocho sino 12.962 hectáreas concesionadas, de esas en teoría ha devuelto 3.220 hectáreas “y no devuelve la carne sino el hueso”. Aseguró que tiene en su poder un boletín de prensa emitido por esta empresa minera en el 2007 que dice “tranquilos señores financistas, que hacen las transacciones en la Bolsa de Valores de Toronto, ahí (en las hectáreas devueltas) no hay mineral, por eso estamos devolviendo”.

Mientras tanto, en representación del alcalde, el concejal Carlos Orellana, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Cantonal, exhorta al gobierno a tener un “diálogo más cercano”; y, contó que mantuvieron una reunión con la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, para conversar sobre esta temática, pero “no nos trató de la mejor manera”.

Orellana opina que con estudios técnicos sobre el impacto ambiental que podría generar la explotación minera, se puede garantizar que no se afecte el recurso agua. Incluso indica que “no habrá firma de proyectos mineros si no se tienen estudios de impacto ambiental”.

La próxima semana, según este edil, mantendrán una reunión con representantes del gobierno nacional respecto al asunto minero porque “queremos garantizar que no se afecte la cantidad y calidad del agua”.

Zaida Rosales, asesora del Viceministerio de Minas, hizo un recuento del contenido de la Ley Minera, explicó a los presentes (casi en su totalidad estudiantes universitarios) varios artículos. Precisó que todavía el proyecto Quimsacocha “no está en negociación con el Estado Ecuatoriano, sino en la fase de exploración avanzada”. (ACR)

Detalle

En la parroquia Victoria del Portete (I am Gold) pobladores efectuaron una consulta, para conocer si desean o no la explotación. En Molleturo (IMC), vicepresidente de la Junta Parroquial analiza otra consulta.

Entrecomillas

Zaida Rosales, asesora

viceministerio de Minas

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto

no menor a los del concesionario que los explota, que deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los secundarios, no menor al 5% sobre las ventas.

Carlos Orellana,

concejal rural

El tema minero a todos nos preocupa mucho. Es un asunto que requiere ser manejado de una forma mucho más técnica. Las concesiones mineras no han sido entregadas en este gobierno: I am Gold en el 2001 y Río Blanco mucho más antes. Vamos a manejar el tema con responsabilidad.

Carlos Pérez,

dirigente comunitario

La empresa Corneston tiene 45.000 hectáreas, llega cerca al Cajas y va abrazando todo Quimsacocha. También está Ecuador Gold en el bosque Aguarongo en donde también serían perjudicadas San Bartolo, Sigsig, San Juan, Zhidmad, Jadán y la parroquia Santa Ana.

“Principio de precaución”

Existe un principio fundamental en el Derecho Ambiental y que está consagrado en la actual Constitución del Ecuador, el principio de precaución. Esta figura legal significa que cuando se genera la duda ante un informe científico que no es claro o conciso, no puede prosperar una actividad, del tipo que sea.

Esta explicación la hizo el catedrático Jorge Moreno Yánez, profesional del Derecho, ante la interrogante ¿es legal que diferentes sectores exijan un estudio externo e independiente al gobierno nacional para conocer realmente si la explotación minera generará o no daño ambiental?

Acotó “yo creo que incluso cualquier ciudadano puede presentar informes de esa naturaleza cuando considere de que puede afectar al ambiente o a la naturaleza un proyecto de esta naturaleza”.

Sin embargo, precisa que el recurso del “principio de precaución” tendrá que aplicarse en el momento oportuno, es decir, cuando ya entren a la fase de explotación y se presenten los informes técnicos ambientales y los mismos generen dudas desde el punto de vista científico.

En el tema minero, Moreno es enfático “la minería está consagrada en el Ecuador como un recurso o área estratégica, eso significa que la competencia es exclusiva del gobierno central y se la maneja a través de los distintos ministerios, en este caso a través del Ministerio Sectorial que es el de Minas, y tiene que establecer las políticas mineras”.

Recuerda que para solicitar una concesión minera deben cumplirse algunas fases de acuerdo a la Ley de Minería, entre esas menciona la exploración y luego la explotación, en esta última para que tengan el permiso y la concesión requieren la Licencia Ambiental, y precisa que “esta licencia en materia de áreas estratégicas única y exclusivamente la puede entregar el Ministerio del Ambiente, no hay otra posibilidad”.

Alcalde pide aclaratoria

El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, pide “dejemos de tocar el tema minero y ambiental si el interés que está por detrás es una promoción política. Hablemos con sustento no con demagogia y usando el asunto como una bandera política que es lo que ha hecho el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco”.

Granda asegura que se hará lo que dice la Constitución: no habrán actividades económicas si estas afectan fuentes hídricas o el medio ambiente. “Si mañana unos estudios científicos, debidamente corroborados con todo el sustento, dicen que se afectarían fuentes hídricas, nadie en su sano juicio va a estar con la tesis de hacer explotación minera en esa zona de Quimsacocha”, afirma.

Opina que con la eventual explotación se desarrollaría una actividad que va a generar riqueza no solo para Cuenca sino para todo el país; no obstante, revela que no tiene idea de cuánto de las regalías (dinero) le tocarían a este cantón tras una explotación “ese (lo económico) es un tema que recién le hemos dado atención, no ha sido lo que más nos ha interesado, por lo menos a mí como alcalde…no es prioritario, lo económico ayuda pero no creo que sea trascendental”.

Mas bien Granda critica la resolución del Consejo Nacional de Competencias, entidad gubernamental que el 11 de octubre de este año resolvió disponer la observancia de la competencia exclusiva de los municipios de planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial, es decir, ratifica la competencia del municipio en el uso y ocupación del suelo y en la planificación, pero no establece cuál será el mecanismo de coordinación. El alcalde pedirá una aclaratoria.

Respecto al informe borrador de ETAPA EP que advierte riesgo en Quimsacocha ante una posible explotación, Granda dice que no son estudios de impacto ambiental, pero reconoce “por supuesto que es un documento que advierte que hay riesgos y sensibilidades”. (ACR)

http://www.elmercurio.com.ec/309318-plantean-estudios-extranjeros-para-mineria.html