Escrito por Agueda Robles
Miércoles, 21 de Diciembre de 2011 11:18
Oaxaca, México.- Acusan habitantes de diversas comunidades ser víctimas de acoso por parte de autoridades del Gobierno del Estado, con la finalidad de presionarlos para que permitan el despojo y la privatización de sus tierras.
De acuerdo a las autoridades agrarias y municipales de asentamientos como San Juan Jaltepec de Candayoc, Santiago Yosondua, San Sebastián Guiloxi, Matías Romero Avendaño, Santiago Tutla, San Juan Otzolotepec, San Pedro Ocotepec, San Andrés Yaa, San Juan Petlapa, Asunción Lachixila y San Cristóbal Chichicaxtepec, funcionarios del gobierno los han amenazado para dejar de defender las áreas que pretenden ser explotadas.
Indicaron que funcionarios de la Procuraduría Agraria han estado hostigando constantemente a los comuneros para que ingresen al programa de Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), amenazando con retirar los programas sociales como el PROCAMPO, OPORTUNIDAD y otros de índole federal, y es que este programa manifestaron, permitiría a las autoridades tener acceso a las tierras sin cuestionamiento de los dueños.
El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), Programa de Certificación de Derechos Comunales (PROCEDECOM) y FANAR son instrumentos de la política agraria federal para facilitar la privatización de las tierras y los recursos naturales, misma que a todas luces allana el camino para la entrada de empresas transnacionales, violentando la autonomía, libre determinación y la soberanía comunitaria; dichas empresas, con su voracidad y ambición desmedida, arrasan con toda tipo de territorio y recursos naturales, aun aquellas que nuestros pueblos han considerado sus reservas especiales, destacaron.
Destacaron que tanto en la comunidad de Santiago Tutla como en Matías Romero, se están cometiendo diversas irregularidad, como en esta última donde no se ha concluido el pago de indemnización de los daños y afectaciones que han causado al ejido, con motivo de la implementación de obras por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Los habitantes de estas zonas luego de una asamblea general para dar a conocer estas problemáticas, señalaron que, el gobierno debe respetar las asambleas generales de los ciudadanos y comuneros y reconocer en ellas la máxima instancia en la toma de decisiones que benefician a la colectividad, y en tanto respetar los pronunciamientos y negativas de las comunidades.
“Nos reconocemos como custodios de las culturas ancestrales que nuestros pueblos originarios nos han legado, lo que significa también respetar las tradiciones, el trabajo comunal y la seguridad comunitaria. Nuestra cultura sin duda descansa y tiene su elemento vital en la tierra, el territorio y los recursos naturales, de ahí que constituye uno de los pilares fundamentales de la Comunalidad, de esta forma, la vida misma depende de la tierra y no estamos dispuestos a perderla pues perderíamos la vida misma”, destacaron.
Por ello se consideran que los recursos, territorio y tierras son propiedad colectiva de los pueblos y comunidades, no siendo un objeto de posesión y producción, por lo que todo intento de privatizar o venderla, implica una agresión directa a los pueblos indígenas, y “no estamos dispuestos a dejar pasar”.
Las empresas mineras necesitan grandes cantidades de agua para funcionar y dar impulso a sus proyectos, lo que sin duda alguna perjudica a las comunidades, ya que daña sus mantos acuíferos y contamina el medio ambiente en el que la población se desenvuelve.
Ante ello exigen al Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, deje de presionar a los pueblos a través de sus dependencias, y no utilice los recursos públicos como medida de chantaje para obtener el consentimiento de las comunidades para la explotación de sus tierras.
