Contamina el ejido Huizopa, comete abusos laborales y despoja propiedades, aseguran


Piden al gobernador César Duarte oportunidades de mostrar documentos y testimonios de sus denuncias

Liébano Sáenz y la Profepa, cómplices del robo y deterioro provocados en el municipio de Madera

 

Aspecto de la minera Dolores, filial de la canadiense Minefinders Co, es acusada por habitantes del ejido Huizopa, municipio de Madera, Chihuahua, de contaminar el agua que abastece a la regiónFoto La Jornada

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 31 de diciembre de 2011, p. 24

Ciudad Juárez, Chih., 30 de diciembre. Habitantes del ejido Huizopa, del municipio serrano de Madera, solicitaron al gobernador del estado, César Duarte Jáquez instalar una mesa de diálogo para revisar el caso de la minera Dolores, subsidiaria de la canadiense Minefinders, que contamina la región, comete abusos laborales y arrebata propiedades a los campesinos, en complicidad con el chihuahuense José Liébano Sáenz, secretario particular de Ernesto Zedillo cuando éste fue Presidente de la República.

Mediante un oficio que hoy publicaron como carta abierta, los ejidatarios, encabezados por Dante Valdez Jiménez piden una oportunidad al mandatario estatal para comprobar lo que ocurre en Huizopa desde que la mina se instaló en eza zona de la sierra.

Le piden que el diálogo sea en la plaza de armas de Madera, donde entregarían documentos y videos que comprueban que en las comunidades de Arroyo Amplio y Mineral de Dolores, cuna de la guerrilla de 1965, han sido despojados de sus bienes patrimoniales por la Minera Dolores, sin que hayan sido atendidos por alguien, aun cuando existen demandas legales como antecedente, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contratos firmados por la empresa y los afectados y denuncias públicas al respecto. Entre los afectados en sus bienes patrimoniales están Jesús González Banda, Carmen Lidia González, Mirna Solís y Guadalupe Banda, ejemplifican.

También afirman que hay atropellos contra trabajadores, entre los cuales se encuentran Hugo Rayos García, Antonio Grijalva y Juan Gabriel Mendoza Lagarda, quienes tienen interpuestas demandas laborales contra la empresa canadiense.

El priísta Liébano Sáenz, aseguran, despojó de su propiedad a Jesús Manuel González García, Miguel Ángel Morán Márquez y Reynaldo Gámez Torres, ya finado, y recibió grandes sumas de dinero por esta propiedad, que no le pertenece en su totalidad y, por citar un ejemplo, dejó morir en la miseria y el abandono a uno de sus propietarios legítimos.

Los documentos y testimonios que poseen de este acto de robo y despojo, agregan, pondrán de manifiesto que la empresa Minefinders y sus cómplices cometen actos extremadamente violentos contra los habitantes de las comunidades, sin que los defienda o auxilie ninguna autoridad o dependencia, grupo de derechos humanos u organización no gubernamental.

También denuncian que las dependencias encargadas de la revisión y monitoreo ecológico como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), han sido cómplices de la contaminación y el deterioro ecológico que la empresa canadiense y su subsidiaria mexicana han provocado en estas tierras.

Para argumentar, agregan, bastaría con revisar la inspección ecológica de suelo y agua que se realizaron los días 5, 6 y 7 de octubre de 2010, a raíz de la recomendación que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) por conducto de la mesa de asuntos ambientales, debido a que en el expediente que obra en esta dependencia se dice que esta revisión ecológica se realizó a consecuencia de una denuncia pública de derrames de cianuro de sodio en las lagunas de lixiviación sucedidos en junio y julio de 2010.

Informan que en el citado expediente que abrió la PGR de oficio, la Profepa y sus expertos reconocen que efectivamente hubo derrames de cianuro en tierra, sin embargo, afirman que no existe daño ambiental y niegan impacto nocivo en tierra y agua.

Los agricultores y campesinos del ejido Huizopa creen que el diálogo es una posibilidad para mantener la paz social y el estado de derecho, además, por una vez en muchos años, es importante que alguien del gobierno escuche a la gente pobre de una forma igual a la que escuchan a los ejecutivos de las mineras, concluyen.

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/31/estados/024n1est