Mujeres en la actividad minera. Cumplir la legislación laboral y ambiental vigente es el desafío para las pequeñas organizaciones mineras; existe un incentivo adicional en el mercado internacional
Barranquilleras. Un grupo de mujeres lava la arena buscando pepitas de oro en un río. Foto: CUMBRE DEL SAJAMA
La Razón / Svetlana Salvatierra / La Paz
02:00 / 18 de diciembre de 2011
Cooperativas que cumplen con las normas reciben 10% más del valor del mercado. El estándar propuesto por Fairtrade y Fairmined para oro de minería artesanal y de pequeña escala es difundido en países en desarrollo para mejorar las condiciones de trabajo con un incentivo en recursos.
La primera organización minera en ser certificada fue la boliviana Cotapata Ltda.; su presidenta, Juana Peña, recibió en Londres el cheque correspondiente.
En Bolivia, la institución que impulsa este programa de comercio justo es Cumbre del Sajama. “Se está trabajando en red con Colombia, Ecuador y Perú. Se tiene el objetivo de capacitar en los estándares internacionales que deben cumplir las cooperativas u organizaciones de minería a pequeña escala para que puedan certificar su oro. Una de las normas está relacionada al respeto y derecho de las mujeres a trabajar en la minería bajo condiciones igualitarias a los varones económicamente”, precisó Ana María Aranibar.
“En el estándar social, se debe evitar que los niños y niñas trabajen en actividades mineras. Se debe cumplir con las regulaciones laborales vigentes en cada país y especialmente las referidas a la seguridad social y ambiental. Si cumplen con estas normas pueden certificar el oro y recibir una especie de prima sobre el precio internacional del mismo del 10%; es el gran beneficio”, dijo.
En el mercado internacional, la onza troy de oro superó el valor de los $us 1.700. Un kilo tiene 31,25 onzas troy y cada una de ellas tiene 32 gramos. En un kilo de oro se puede recibir entre 3.000 y 4.000 dólares adicionales al precio de mercado, precisó. Pero ese dinero tiene un destino: debe ser reinvertido en programas sociales y educativos que beneficien a la organización minera. No al trabajo infantil Objetivo. El Comercio justo sigue los Convenios 138 (edad mínima) y 182 (peores formas de trabajo infantil) de la Organización Internacional de Trabajo. Se exige que menores de 18 años no sean empleados en trabajos que puedan dañar su salud y seguridad. El empleo en la mina para la mujer tiene 7 alternativasLa actividad en las minas de Bolivia genera al menos siete alternativas de empleo para las mujeres, se detalla en el libro La minería con rostro de mujer, de la autora Ana María Aranibar.
La palliri, que proviene del quechua escoger, se dedica a esa acción sobre el mineral de los desmontes o residuos de concentrados de minerales. Cuando las principales minas estaban a cargo del Estado, las palliris eran contratadas indirectamente para acopiar mineral, pero no tenían garantía de estabilidad laboral.
Las guardas o serenas son contratadas por las cooperativas para vigilar y cuidar las bocaminas. En el cerro Rico viven en el mismo lugar; suelen ser viudas y reciben un salario mensual por unos Bs 120.
Lameras o relaveras se dedican a rescatar estaño de los ríos donde se echan los residuos de los ingenios. Lavan y relavan la arena o “lama” para hallar el mineral. Suelen ser acompañadas por niños y niñas que manipulan la arena en medio del agua contaminada.
Las veneristas trabajan en los “veneros”, depósitos aluviales. Los veneros ricos son explotados por las empresas privadas que cuentan con dragas de alta capacidad. En la explotación de veneros de estaños es donde se observa que trabajan en las más pobres condiciones de seguridad y lo hacen de forma manual.
Las rescatiris son las intermediarias entre la palliri y la empresa comercializadora mayorista.
Las barranquilleras se encuentran en las cooperativas y grupos donde existe explotación aurífera. Y las voluntarias son las mandaderas de una serie de actividades. Socializan un reglamento para evitar los conflictosUna Guía de prevención de conflictos vinculados a la actividad minera fue elaborado por la Red Gecomin, con la participación de más de 170 investigadores y representantes de empresas mineras, organismos estatales, gremios mineros, comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, prefecturas o municipios, ONG, universidades estatales y privadas, centros de investigación y otros.
En www.gecomin.org está el documento en formato PDF que le permite ser bajado del internet. Se trata de desarrollar herramientas de prevención y resolución de conflictos mineros para un adecuado relacionamiento entre todos los actores involucrados.
Se señala que los conflictos actuales en la minería se deben a factores relacionados a la tenencia y propiedad de la tierra, ¿quién es dueño del suelo y el subsuelo?, ¿qué áreas se pueden identificar como aptas para la minería o la agricultura?, ¿dónde deberían desarrollarse proyectos mineros a nivel industrial?, ¿cómo desarrollar una minería industrial y sostenible sin afectar la calidad de vida de las comunidades alrededor de nuevas operaciones?
“Aunque esta problemática no es una novedad, sobre todo en los países latinoamericanos, lo cierto es que su relevancia y complejidad ha aumentado en los últimos años perjudicando el desarrollo de grandes operaciones mineras”, se manifiesta en el documento.
El manejo de los conflictos se convierte en una oportunidad y un desafío para analizar y transformar las relaciones de uso, acceso y aprovechamiento de los recursos naturales.
