/Por Claudio García

29/12/2011 | Viedma.- (APP) En los años 2004 y 2005, cuando se produjo la polémica por el proyecto Calcatreu y el entonces gobernador Miguel Saiz sorprendió –porque no estaba en la agenda ni se había ocupado del tema anteriormente- con la iniciativa de prohibir la utilización de cianuro en la minería, era el responsable periodístico de la revista patagónica Rumbo Sur que se ocupó ampliamente de esta temática. Publicamos las voces a favor y en contra pero no éramos neutrales, tanto el director propietario, Omar Livigni, como yo, creíamos y creemos que es posible compatibilizar el desarrollo, incluyendo la explotación minera en todas sus formas, con la protección del patrimonio natural. Ahora se reedita este debate a partir del objetivo -ya planteado en su campaña electoral- del gobernador Carlos Soria de potenciar el desarrollo minero en la región centro-sur provincial, para lo cual remitió a la Legislatura un proyecto que crea un Consejo Ambiental y que deroga la denominada ley anticianuro. En la vereda de quienes respaldaron esa norma y se oponen ahora a su derogación priman las opiniones de un ecologismo bastante fundamentalista. Que no sólo se opone a la explotación de oro y plata a cielo abierto con utilización de cianuro, sino que prácticamente rechazan todo proyecto minero, la explotación petrolífera, el desarrollo nuclear, la explotación de bosques, la construcción de represas hidroeléctricas, etc.

En aquellos años mis definiciones podrían resumirse en que es posible compatibilizar el desarrollo con la ecología a partir de una fuerte intervención y regulación por parte del Estado, y que en los movimientos ecologistas o verdes hay ideología, y que por lo tanto algunas alas son progresistas, creen en el desarrollo sustentable, en la posibilidad de que exista un equilibrio que permita cuidar el medio ambiente y a la vez desarrollar emprendimientos productivos, pero hay otras alas más fundamentalistas, que prácticamente proclaman la paralización de la industria.

 

Esos sectores anti-industrias más que anti-mineros suelen ser funcionales a los intereses de aquellas naciones que utilizan el ecologismo para imponer intereses de dominación y, precisamente, evitar la industrialización de nuestro país.

 

Por ejemplo, los ataques que por aquella época -2004- se dieron al contrato de INVAP con Australia tenían ese trasfondo, al igual que muchos de los discursos ambientales contra el desarrollo minero, la explotación petrolera y la producción de alimentos transgénicos, áreas centrales para nuestro país, donde están las mejores posibilidades de desarrollo.

 

El reconocido fisicoquímico Tomás Buch refutaba precisamente las críticas de Greenpeace y otros grupos ecologistas al contrato de INVAP con Australia señalando que “han tendido a inspirar temores injustificados en la población y -por lo visto- en algunos de sus dirigentes”. Buch coincidía también que hay en esos sectores “una especie de colonialismo mental en el sentido de no poder aceptar que la Argentina sencillamente pueda hacer algo mejor que otros países, aun los más desarrollados, sin pagar por ello un precio insostenible desde el punto de vista de nuestra soberanía”.

 

Paralelamente el doctor en geología e investigador del CONICET Ricardo Alonso señalaba que el ataque de estos sectores “no está dirigido solamente a la minería, si no que va en contra de todo lo que sea ‘producción’. Producción ésta, que servirá para generar fuentes de trabajo dignas, con las que se podrán beneficiar más ciudadanos del país”.

 

En estas expresiones estaba el nudo del asunto. Países como Canadá y Australia demuestran que se puede desarrollar minería con un impacto muy positivo –junto con otras actividades económicas- en el objetivo del Estado de trabajar por el bien común, generando trabajo y una mejor calidad de vida. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Esa misma falta de orgullo que hay en muchos por el logro de INVAP de haber competido con empresas del primer mundo y ganar contratos millonarios o por el formidable desarrollo –pacífico- de la energía nuclear está en el fondo de esa “intelligentzia” (diría Jauretche) ecologista que descree de nuestra capacidad para desarrollarnos.

 

Así como sectores importantes del pueblo terminan movilizados para decir no a la minería (es fácil generar miedo con la bandera de la peligrosidad del cianuro), por qué no podrían respaldar un proyecto nacional para crecer como país. Un proyecto que respete el medio ambiente pero que a la vez priorice la producción y la industrialización, con leyes que regulen, un poder Ejecutivo que vele por su cumplimiento, y una Justicia que aplique los castigos que corresponde a quienes no las cumplen. Es fácil para quienes no pasan apuros económicos decirle a la gente que rechacen la posibilidad de un trabajo. ¿La sola protección del marco natural patagónico le permitirá a la gente cubrir sus necesidades básicas y darle un futuro a las próximas generaciones? No. La realidad de una Región Sur desvastada por la sequía y la ceniza constituye una muestra irrefutable de esto.

 

¿Por qué ser mendigos sentados sobre un banco de oro?, como dijo el sabio naturalista Antonio Raimondi en Perú, allá por el siglo XIX. Hay que recordar además a los que “patean” para adelante, por excusas medioambientales, la posibilidad de explotar hoy nuestros recursos naturales, que el avance de la ciencia y la tecnología puede en unos años quitarle valor económico a ese patrimonio. El petróleo, el oro, el uranio pueden ser requeridos hoy, pero quizás no mañana.

 

Otras reflexiones

 

Cerrar el desarrollo minero metalífero constituye una postura contraria al sustratum político que permitió la concreción de los emprendimientos de Alpat en San Antonio y la reactivación de la mina de hierro con capitales chinos en Sierra Grande. Con la minería como con otras actividades económicas puede haber proyectos viables como otros que no. Como se hizo con Alpat se pueden imponer condiciones en un ida y vuelta con la empresa que permita llegar a parámetros de seguridad medioambientales adecuados.

 

Preocupa que aquellos que tienen un fuerte discurso antiminero reemplacen la opinión profesional, con base racional y científica, por la lectura acrítica de páginas Web, donde casualmente predominan los argumentos de los grupos ecologistas de países desarrollados que pretenden que países como el nuestro no tengan el desarrollo industrial que ellos tuvieron durante más de 100 años -base de su prosperidad y calidad de vida-.

 

Preocupa que ni siquiera se contemplen las experiencias reales y concretas que demuestran que es posible el desarrollo minero de este tipo con parámetros medioambientales. Santa Cruz es un buen ejemplo en la región de lo que puede empezar a aportar la gran minería, ya que genera más de 10.000 puestos de trabajo, en forma directa e indirecta, sobre todo a partir del impulso de Cerro Vanguardia, que utiliza cianuro y que, sin embargo, trajo desarrollo a una zona desolada y ha dado pruebas de resguardo medioambiental.

 

Catamarca y San Juan son otros ejemplos. Un estudio médico que se presentó en Buenos Aires aporta un argumento de peso a favor de una industria que mueve en el país más de $ 10.000 millones y cuya inversión creció 5.700 por ciento en una década. Según una investigación de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), que dirige el reconocido infectólogo Daniel Stamboulian, «no existen evidencias» de que la explotación minera a cielo abierto tenga consecuencias negativas para la salud. Los estudios fueron realizados en Andalgalá y otros departamentos del Oeste de Catamarca, que es donde se concentra la actividad minera a cielo abierto en la Provincia (Bajo La Alumbrera). El objetivo era estudiar posibles consecuencias de la minería sobre la salud de la población.

 

La fundación descarta además cualquier posibilidad de contaminación ambiental y efectos secundarios sobre la salud de la comunidad.

 

El informe denominado “Programa de Evaluación del Estado Sanitario en Zonas de Influencia de Actividad Minera en la Provincia de Catamarca cuenta con 194 páginas, dentro de las cuales se incluyen las entrevistas realizadas en distintos lugares de la provincia con producción minera.

 

Se trata de un trabajo de campo que se prolongó por tres meses en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María, donde las personas entrevistadas coincidieron- con distinto énfasis en sus respuestas- en que “la actividad de los defensores de la políticas antiminas se basa en discursos y opiniones no sustentadas”.

 

La investigación se hizo a partir de una revisión completa del caso de una mujer que falleció por razones congénitas y del estudio sobre la comunidad de Amanao en relación con el río Vis Vis. En estos dos casos concretos “no se ha detectado ninguna relación de contaminación relacionada a la actividad minera”, dijo el secretario de Minería de la provincia, Jorge Eremchuck. Asimismo, detalló que en las estadísticas existentes respecto a los casos de cáncer, se pudo comprobar que los mismos “son ajenos a la actividad minera”.

 

El titular de FUNCEI, Daniel Stamboulian, aseguró en la conferencia de prensa donde brindó los detalles del informe científico, que con los datos que lograron en la investigación “podemos decir que no encontramos evidencia de contaminación ambiental que perjudique directamente la salud de la población», como consecuencia de la actividad minera.

 

Estuve en San Juan el año pasado y el impacto de la minería en cuanto a la generación de puestos de trabajo y mejora del presupuesto provincial –que puede así volcar más fondos a las áreas sensibles como la salud y la educación- es indudable. Roberto Tronelli, ingeniero en minas, lo dijo en APP: “Yo estudié en San Juan porque es el único lugar que en mi época tenía la carrera de Ingeniería en Minas. Hoy uno va a San Juan y es otra cosa. El San Juan que yo conocí no existe. Aletargado, dormido, sin movimiento, chupado por Mendoza. Ahora es otra realidad por la minería. Es una falacia cuando dicen que la minería no produce puestos de trabajo. Un dato ilustrativo es que en el 2002 los puestos de trabajo relacionados con el sector minero eran 79 mil en todo el país. En la última década aumentó a 400 mil”.

 

Tenemos también el ejemplo de Australia, que se ha convertido en uno de los países que capta mayor inversión extranjera en minería y a la vez se destaca por su respeto al medio ambiente y transparencia en los contratos. Muchos de los emprendimientos en Australia utilizan cianuro. Muchos. Y alrededor del 70% de las exportaciones de ese país son mineras y en su región oeste la minería significa aproximadamente el 27% del PBI.

 

Preocupa que no tengamos la misma obsesión por el desarrollo que tienen esos países. Preocupa que de hecho se diga que el Estado no puede controlar y regular. Preocupa que se diga que hay zonas geográficas condenadas a los vaivenes de una sola actividad económica. ¿Por qué no puede haber diversificación productiva? ¿Por qué no puede convivir la ganadería con la minería en zonas donde hay un promedio de 0,48 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Acaso en el Alto Valle no conviven la fruticultura y el petróleo? ¿En San Antonio no conviven la producción de soda solvay, el turismo y la pesca?

 

Conclusiones

 

Claramente creo que es posible compatibilizar el desarrollo minero con la protección medioambiental. La prohibición del uso de tóxicos paralizaría todo desarrollo industrial y también la agricultura. Es una falacia decir que respaldar el desarrollo minero es ponerse a la derecha del arco político y ser funcionales a las multinacionales. Ser progresista significa respaldar políticas de desarrollo sustentable y no, en cambio, oponerse al desarrollo. Mi respaldo al gobierno nacional parte precisamente de mi identificación con sus principales políticas que tienen un sesgo centroizquierdista; políticas que siempre he defendido vinculadas a una mayor autonomía en lo económico del país para lograr una sociedad más igualitaria, apoyarse en el mercado interno, capturar fondos que deja la agricultura en la balanza de pagos para reindustrializar, mejora en la distribución de los ingresos, verdaderas políticas sociales, estatización de las AFJP, Aerolíneas, etc., identificación plena con la defensa de los derechos humanos, castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado y no represión del conflicto social, entre otros. Y también el respaldo al desarrollo minero. Allí sí creo, no obstante, que se deben producir algunos cambios y que tienen que ver con que la renta de la minería quede fundamentalmente en el país. Hay que reformar la ley de inversiones mineras que tiene un sesgo noventista y que se correspondía a unos años donde la onza de oro tenía un valor muy bajo. Hay que aplicar mayores retenciones y cargas impositivas, si bien el expresidente Néstor Kirchner subió las retenciones en su momento. Tronelli lo explicó muy bien: La ley de inversiones mineras “está desactualizada. Esa ley se crea para captar inversiones cuando el oro costaba 250 dólares la onza, es decir, 33 gramos. Hoy en día ha llegado a costar 1.900 dólares, por lo tanto lo que está mal es no haber actualizado la ley. Yo creo que tiene que haber una ley flexible precio-costo, entonces gana más la empresa privada, gana más también el Estado a través de las regalías, gana menos la empresa privada, gana también menos el Estado”. Sobre el tema impositivo señala que ya las provincias mineras tienen otros acuerdos con las empresas que permiten una mayor recaudación para el Estado: “Pagan los impuestos a los capitales (ganancias) como cualquier hijo de vecino, lo que pasa es que no paga otro impuesto. Pero vuelvo a insistir, eso es otra cosa. Una ley se cambia con otra ley y es una discusión que se tiene que dar. Incluso eso se está dando. San Juan, por ejemplo, arregló otra cosa con las empresas. Antes pagaban el 3% de regalías sobe el valor bocamina, hoy en día pagan el 3% sobre facturación, o sea, que se le aumentó el 45% a las regalías”.

 

El Estado también se tiene que meter en el negocio, asociándose con los capitales privados o encarando por sí las explotaciones. Dada la rentabilidad no hay motivo para no avanzar en este sentido. Las provincias mineras tienen que tener empresas estatales en este sentido, como hizo Santa Cruz con Fomicruz, y por eso sería bueno –como lo ha reflejado APP- que después de la derogación de la ley anticianuro Río Negro cree su propia empresa estatal minera, se meta en el negocio, más allá de reforzar los controles con un organismo o una comisión que incluya a representantes de las sociedad civil y a los municipios involucrados en los proyectos –el concepto de control social-. (APP)

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