Bolivia

jueves 22, diciembre 2011

La minería boliviana se reactivó durante el presente año, logrando un record en el valor de las exportaciones, así como algún repunte en la producción. Lamentablemente, las estimaciones para el año 2012 no son tan promisorias, debido a que los organismos internacionales prevén una reducción en los precios internacionales. Hasta fin de año se espera alcanzar los tres mil millones de dólares en ingresos por la exportación de minerales, superando a los valores registrados el año 2010, que rondaron los dos mil millones de dólares.

Se trata de un record histórico que demuestra que el país continúa siendo productor minero, pese a que los países vecinos le tomaron la delantera, convirtiéndose en los principales proveedores de minerales para EE.UU.. la Unión Europea y Asia. Pero así como el 2011 fue un buen año para la minería por los altos precios internacionales, lamentablemente se volvieron a arrastrar problemas que perjudican el desarrollo del sector. La inseguridad jurídica ha perjudicado las inversiones; las ocupaciones de minas por parte de comunarios ha continuado, y la incertidumbre sobre la nueva legislación minera ha dejado en suspenso cualquier definición sobre nuevos proyectos, exploración e incremento de capitales.

Las malas noticias en el sector extractivo continúan con la inercia del proyecto de explotación e industrialización del litio del salar de Uyuni. Todo el año las autoridades se pasaron con pruebas y experimentos intentando descubrir la pólvora. En ligar de aprovechar la tecnología existente, comprobada y certificada. Encima se realizaron negociaciones aisladas, preferenciales, selectivas que invalidan la posibilidad de llamar a una licitación internacional para escoger la mejor propuesta, ya que anticipadamente se han sostenido negociaciones que ponen en duda la imparcialidad en un proceso de licitación, o por lo menos generan susceptibilidades.

Pero la mayor frustración se dio en el proyecto para la explotación de hierro del Mutún, e instalación de una acería, ya que la contratista Jindal Steel, no conforme con incumplir el contrato, eludir las inversiones y haber dejado pasar cuatro año sin avances importantes, todavía se ha atrevido a «curarse en sano», y demandar a Bolivia por haber ejecutado las pólizas de garantía por 18 millones de dólares. Evidentemente, la Corte Internacional de Arbitraje de París admitió una demanda interpuesta por Jindal. Recordemos que el año 2010, el Gobierno ejecutó las dos boletas de garantía, debido a que la compañía sólo había ejecutado el 20% de la inversión comprometida que hasta el 2009 debió llegar a 600 millones de dólares.

Aunque el contrato determina que cualquier controversia debe ser resuelta en Bolivia, la Jindal acudió a un tribunal internacional. De todas maneras, el desarrollo del proceso debe efectuarse en Bolivia y bajo las leyes nacionales. El contrato está en vigor desde la suscripción hace cuatro años, pero debido a cláusulas poco claras, aparece como si se contabilizara recién desde el 11 de mayo de 2010, pues esa es la fecha en la que la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) entregó oficialmente las tierras a la siderúrgica hindú, aunque desde el mismo momento de la firma del acuerdo ya entró en posesión de la concesión, y como prueba de ello es que acumuló concentrados para exportarlos en bruto. Y eso es lo único que hizo hasta ahora.

Pero al país lo que le interesa es la industrialización. Para exportar concentrados no se necesitaba de la tecnología de punta que dice tener Jindal, que ha evitado hacer las inversiones comprometidas alegando demoras en la plena posesión de los yacimientos, condicionando las inversiones a la dotación de gas natural, y sugiriendo que es necesario que se efectúen cambios en el contrato. El contrato de riesgo compartido suscrito entre la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la empresa india Jindal Steel & Power JSB tiene plena fuerza legal, no sólo porque está comprometida la fe del Estado, sino porque está refrendado por una ley.

De acuerdo al contrato la empresa Jindal, se obliga a una inversión de 300 millones de dólares anuales. El convenio rige desde el año 2007 y establece que la inversión, debe llegar a cubrir el total comprometido de 2.100 millones de dólares hasta el 2015, pero también establece que hasta el año 2012, es decir hasta mayo próximo, la Jindal debería invertir 1.500 millones dólares. La empresa hindú se ha burlado del gobierno, del pueblo boliviano y ha incumplido el contrato, por lo tanto debe procederse a la rescisión y enjuiciamiento por daños y perjuicios.

Editorial

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