20 de diciembre de 2011 • 07:52
20 de diciembre de 2011 Foto: Archivo / Notimex.
Daniela Rea
Ciudad de México.- Las deficientes condiciones laborales de la región carbonífera en el estado de Coahuila, que provocaron la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, continúan vigentes, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el «Informe Especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila», de reciente publicación, el organismo detalló que del 2006 a la fecha han muerto 124 mineros en accidentes laborales. En esta cifra se incluyen los 63 mineros muertos en Pasta de Conchos, cuyos cuerpos ordenó recuperar al Gobierno federal.
En ese periodo se han iniciado 17 quejas por presunta violación a los derechos humanos. De ese total, 10 quejas están relacionadas con accidentes donde 90 trabajadores perdieron la vida y 6 resultaron heridos.
Sobre las minas y las malas condiciones laborales la CNDH ha emitido tres recomendaciones y actualmente siete quejas continúan en trámite.
«Las condiciones con que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida», refirió en el documento.
En sus conclusiones, la CNDH ordenó al Gobierno mexicano erradicar la minería ilegal así como crear una política firme entre los tres niveles de Gobierno para garantizar seguridad laboral.
Sin protección
La Comisión comprobó lo que la Organización Familia Pasta de Conchos ha denunciado desde el año 2006, cuando el 19 de febrero una explosión en la mina provocó la muerte de 63 trabajadores y dos rescatistas. En la zona existe un gran número de pocillos que operan de manera ilegal, la gran mayoría de las minas no cuentan con condiciones de seguridad e higiene, los pozos no cuentan con salidas de emergencia ni ventilación, no hay comisiones de seguridad como lo obliga la ley y los trabajadores no tienen capacitación ni equipo.
En los testimonios recabados, la Comisión encontró que los trabajadores son obligados por los empleadores a esconder la evidencia de accidentes o malas condiciones laborales. En un caso ocurrido en el 2009, el jefe obligó a un minero a esconder en el campo la pólvora usada para las excavaciones, ya que militares irían a hacer una inspección. Incluso en un caso el minero relató cómo el empleador les impidió sacar a un compañero que quedó bajo tierra en una explosión, y que negó el paso al médico de la empresa y la ambulancia.
En particular, la CNDH determinó que en la región carbonífera niños y adolescentes son explotados laboralmente en condiciones de inseguridad que ponen en riesgo su vida. Y califica el trabajo minero como una de las peores formas de explotación laboral infantil.
Según detalla en el informe, los niños comienzan a trabajar a los 14 o 15 años en los pocitos, generalmente como gancheros, malacates o queseros, esto es recibiendo el carbón que se extrae, jalando las cuerdas para subirlo o limpiándolo.
«El riesgo de un centro de trabajo minero es muy alto, inclusive cuando los menores no se encuentran extrayendo propiamente el carbón. Evidencia de este riesgo es el daño sufrido por un niño de 15 años, que se desempeñaba como ganchero, en el siniestro ocurrido en 2011 en un pozo de la minera BINSA, en el que perdió el brazo derecho», señala el informe.
Con base en análisis internacionales, la CNDH advierte sobre la inseguridad que se suma a la explotación infantil en las minas: las jornadas son extenuantes, las herramientas y y el equipo son pesados, los productos químicos tóxicos y laboran en condiciones de calor y frío extremo. Además del riesgo moral y sicológico que padecen los niños. Todo esto genera daños en los menores de edad que pueden ser irreversibles.
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