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Les llegó la hora a los mandatarios locales y regionales de enfrentar el desarrollo social y económico de sus territorios.En pocos días los nuevos alcaldes y gobernadores se posesionarán en sus cargos desde donde dirigirán para los próximos cuatro años los destinos de sus electores y no electores.
Y en los casos de Antioquia, Cauca, Santander y Chocó, el tema de la minería -particularmente la explotación de oro- será un asunto crucial en el que no pueden seguir pasando de agache como sus antecesores.
En pocas palabras el reto de 2012 es la minería incluyente, respetuosa del ambiente, generadora de bienestar social y desarrollo. Nunca antes este sector había sido tan vital como ahora, cuando los recursos naturales vuelven al concierto económico con gran relevancia. Es paradójico que mientras bandas de ambientalistas patrocinados por organizaciones no gubernamentales sin sentido social se le atraviesan a las grandes obras beneficiando conscientemente a los predadores de la naturaleza, como lo son los mineros ilegales, adoptan posiciones `talibanas` que condenan a pobladores de esos departamentos a la miseria y al subdesarrollo. Los argumentos de rechazo a proyectos de minería a gran escala, han desconocido sistemáticamente que si estas compañías no se encargan de la explotación, serán otros grupos quienes desarrollen el negocio ilegalmente, lo que traerá consecuencias catastróficas en lo ambiental y social.
En el debate sobre el rumbo de la `locomotora minera` debe estar presente el impacto negativo de la ilegalidad, en términos ambientales, de generación de empleo formal y de generación de recursos para las regiones. La minería ilegal debe ser percibida como un problema público que amerita la intervención inmediata de las autoridades. La minería ilegal, presente en el 44% de los municipios está causando daños irreparables a las fuentes hídricas y al aire, al ser una práctica que desconoce el manejo de protocolos y procesos para la preservación del medio ambiente.
Es clave que haya una articulación entre en el Gobierno y los departamentos mineros afectados como Valle, Tolima, Chocó, Antioquia, entre otros y los que están en alto riesgo como Santander -en especial la región de Soto Norte- para erradicar la ilegalidad, que como lo ha expresado el Presidente, «es una actividad que desangra al país, al medio ambiente y es fuente de corrupción». Corresponde a nuevos líderes como el nuevo alcalde de Bucaramanga, quien se movilizó en procura de una minería legítima liderar la formulación de políticas alineadas con la visión del Gobierno, allanando caminos para una minería benéfica para la ciudad y el desarrollo de su región.
Pero también está el caso de los departamentos de Antioquia, Valle, Chocó y Tolima en donde los problemas mineros pululan. Les llegó la hora a los alcaldes y gobernadores de construir una minería incluyente con visión de bienestar social.
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