POLEMICA Y CONFLICTIVIDAD
Distintas organizaciones internacionales a favor del medio ambiente se manifestaron en torno a la minería en el país. Para «Greenpeace», la problemática ambiental nunca formó parte del interés de los gobiernos. Según «Green Cross» el tipo de actividad no es lo crítico, sino el desempeño de control por parte de las autoridades.
REPUDIO. Greenpeace cuestionó el hipotético progreso económico que otorga la minería.
18/02/2012 10:59 PM | El debate a gran escala y de forma masiva sobre la actividad megaminera en el país continúa sumando voces que adosan sus opiniones favorables o contrarias a este tipo de emprendimientos, cuyo impacto económico no logra contrarrestar la polémica de las consecuencias ambientales desfavorables que acarrearía.
En esta ocasión, fueron los posicionamientos de referentes de organizaciones en defensa de la ecología, reconocidas internacionalmente, los que se expondrán, donde la mayor parte del contenido de tales ideas demuestran, por un lado, la negativa a la operatividad de los grandes yacimientos. Por otro lado, se cuestiona a los organismos e instancias gubernamentales que posibilitaron este accionar sin la aplicación de controles y sanciones ante la degradación provocada en determinadas regiones.
«El problema es que todas las cuestiones ambientales (Botnia, Riachuelo, Cuenca Salí-Dulce, minería) fueron impuestas por las víctimas. Ninguno de estos casos formó parte de la agenda política por iniciativa del gobierno», consideró Martín Prieto (Director Ejecutivo de Greenpeace), quien recordó que tanto la Ley de Promoción minera sumado a la explosión en la cotización del oro (pasó de valer 330 dólares en la década del 90 a casi 1.650 dólares en la actualidad) tornaron en «atractivo y especulativo» la exploración y extracción de minerales en el país.
Pese a la radicación de empresas de capitales diversos en provincias argentinas, particularmente en las de zona cordillerana, Prieto sostuvo que «descubrimos que aquellos que parecieran ser los potenciales beneficiarios, son los mismos que la resisten. Mientras observamos que la posición del gobierno es imponer la minería a palos».
Por su parte, Marisa Arienza (presidenta de «Green Cross», fundada en 1993 por el ex presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov) caracterizó que la tensión entre industria y medio ambiente «es en general falaz, pues se tiene que hablar de industrias con buenas prácticas, y empresas que no les importa todo esto». En tal sentido, estimó necesario, antes de elevar críticas o quejas por la funcionalidad de estas empresas, contar con la información y estudios atinentes a la actividad. «Y en función de estos datos, ver cuál es la cuestión técnica para la viabilidad de los proyectos, determinando si es correcto o incorrecto en términos de praxis ambiental», dijo.
En el caso puntual de lo que sucede con minera La Alumbrera, llamó la atención de Prieto el hipotético progreso económico que podría registrarse en Catamarca a lo largo de los quince años que opera la empresa en dicha provincia. «Nadie que la haya visitado a lo largo de ese tiempo puede notar ninguna mejora en la condición de vida de sus pobladores. Cuando uno ve 15 años de trabajo, encuentra un empobrecimiento en las condiciones de salud y calidad de agua de las poblaciones vecinas al yacimiento», aseveró.
Desventajas de los yacimientos
Vinculado a este aspecto, Arienza postuló que «el problema ambiental más importante (en estas regiones) es la pobreza», resaltando de esta forma que las estrategias para salir del estado de pauperización referido deben basarse, por parte de los yacimientos involucrados, «en la transparencia económica y social de la información, con corrección de cuidado ambiental y preservación de la calidad de vida de los habitantes. Nada es absolutamente bueno o malo, depende para qué», razonó.
Teniendo en cuenta la tipología de actividad que representa la minería, el titular de Greenpeace, indicó que se trata de una industria «golondrina» al argumentar que «opera entre 15 a 20 años en un determinado lugar donde producirá un boom, una fiebre del oro, pero al extraer el último gramo, desaparecerá todo. Es una actividad que es pan para hoy y después un pozo de depresión económica en lugares a los que se altera sus condiciones ambientales».
Es en este punto donde se registra cierta discordancia de postulados, debido a que, de acuerdo a lo señalado por Arienza, el análisis no debe enfocarse en la clasificación o categorización de las actividades industriales.
«El problema se trata de una ineficiencia feroz, falta de vocación, una incapacidad de todos los que tienen responsabilidad política y económica, para una actividad que tiene 20 años de horizonte, no sean capaces y responsables como gobernantes de generar las alternativas de desarrollo durante el tiempo en que ese sector opera o genera ingresos. Los cuales son rifados por parte de las autoridades y entonces las poblaciones quedan en la depresión y desastre. La culpa no es de la actividad sino de los inútiles», planteó la especialista.
«Lo que se despertó en la cabeza de los gobernadores es cómo obtener una mejor tajada, en ningún momento de la discusión está la salud de la población, como así también la calidad de agua, o el acceso a ella», remató Prieto.
Sostienen que la UNT debe recuperar los derechos de propiedad minera en YMAD
La sociedad establecida entre la UNT, el gobierno de Catamarca y minera La Alumbrera en torno a la conformación de YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) fue objetada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT).
La entidad consideró que los derechos de propiedad minera adquiridos por la UNT son legítimos, al tiempo de sostener un incumplimiento por parte del yacimiento en el giro de las regalías correspondientes a la institución educativa para que con las utilidades producidas por las futuras explotaciones se desarrolle la estructura edilicia de las universidades públicas (el monto de dinero que debió haber recibido se estima en los 190 millones de dólares hasta el momento). «Las condiciones de este tipo de emprendimientos son un atentado contra la soberanía nacional y contra los derechos de la Universidad Pública y producen un impacto ambiental probado que incide en la salud de las personas y afecta el desarrollo de economías regionales, pero cuyos alcances no han sido evaluados fehacientemente por ningún organismo público competente e independiente», indicó Carlos Figueroa, Secretario de Prensa de ADIUNT.
De esta forma, se sostuvo que para defender sus derechos sobre la zona de explotación y como socia del emprendimiento minero y en función de sus propios intereses, la UNT «debe emprender acciones tendientes a procurar algún tipo de control público sobre el material exportado, establecer un programa adecuado de evaluación del impacto ambiental de Balo La Alumbrera y promover el resarcimiento económico y moral de los principales afectados por la mina, incluida la Universidad y el sistema universitario nacional».•
Vale recordar que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras llegó a rechazar los fondos provenientes de la minería a cielo abierto por considerarla contaminante.
Particularmente, se denuncia los efectos negativos que produce tanto el mineraloducto como la planta ubicada en nuestra provincia, cuyos residuos industriales son arrojados al canal DP2, que a su vez resulta tributario de la Cuenca Salí-Dulce.
Asimismo, ADIUNT repudió el marco de la política de «entrega de recursos naturales» en la época del menemismo, a lo que suma el denominado Plan Minero Nacional elaborado por el gobierno de Cristina Kirchner bajo el cual se inscriben 403 proyectos encabezados en magnitud por los yacimientos Pascua Lama, Agua Rica, Rio Colorado y La Alumbrera.
Según lo manifestado por Figueroa, este tipo de legislación vulnera «el imperio de la soberanía nacional sobre nuestro subsuelo y sus recursos, considerados estratégicos y no renovables, al legalizar la explotación de estos recursos por parte de capitales extranjeros renunciando por completo al más mínimo atisbo de control público».
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