Martes 21 de Febrero de 2012

Director: Oscar Castro Valdez
Denuncian mineros.

Salud, política, regulaciones laxas, violaciones a derechos humanos y prácticas empresariales ecocidas están tejidas en el problema sindical del Grupo México.

Por Gibrán Moroyoqui y Trinidad Lugo / Dossier Politico

Dia de publicación: 2012-02-21

Hermosillo, Sonora (DP) – En el problema sindical de los mineros de Cananea se entreteje una amplia trama de causas y circunstancias, que hacen que el reclamo de este grupo de trabajadores resulte más revelador de lo que se ve al primer vistazo.
Salud, afectada en Cananea.

El periplo de estos mineros comenzó cuando en mayo de 2008 su empleador, la Compañía Minera de Cananea, hoy Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, dejó de dar atención médica en el hospital “El Ronquillo”, operado por la compañía propiedad del magnate Germán Larrea. La atención en este hospital era un logro sindical, ya que daba un servicio superior en calidad y amplitud al de las clínicas gubernamentales. Sin embargo, la Minera de Cananea decidió retirar la atención debido a la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), comenzada en julio de 2007, dejando a más de 10 mil personas sin servicios médicos.

En julio de 2008 el hospital “El Ronquillo” se reabre por iniciativa de la Secretaría de Salud Pública (SSP) estatal, pero bajo la administración del Gobierno del estado, lo que significó para sus derechohabientes los mismos problemas que en cualquier otra clínica de gobierno: desabasto de medicamentos, lentitud en las fechas de atención y lo más grave, un descenso en el número de enfermedades y medicamentos cubiertos.

Así lo manifestó Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del SNTMMSRM, quien declaró a Dossier Político que en el inter entre el abandono del hospital por parte de la compañía y su reapertura ocurrieron decenas de muertes debido a la falta de seguro médico y medicinas especializadas, que bajo la anterior administración sí se ofrecían.

De estas muertes, refirió el líder sindical, los trabajadores culpan a la empresa, no al gobierno, puesto que la cobertura de enfermedades y medicamentos era parte del contrato de trabajo.

“Esas, y muchas más, sobre todo de urbanización, eran obligaciones que cuando Grupo México adquirió la empresa ya las tenía pactadas con el sindicato, y por escrito, y nunca las llevó a cabo”, explicó Tolano.

Ecocidio… ¿Regulaciones laxas, o corrupción?

Tolano también aseguró a personal de Dossier Político que la contaminación en Cananea “daría para una investigación aparte”, pues asegura que en esa ciudad la tasa de muertes por cáncer se ha elevado mucho en los últimos años, no sólo entre los mineros, sino también entre sus familiares y la población en general.

“No es un asunto de la mina. No se lo podemos achacar al trabajo directo, pero nosotros vemos y averiguamos de qué muere la gente: en su mayoría de cáncer”.

Esto debido aparentemente a la contaminación de ácidos y metales pesados que se utilizan para refinar el cobre, que se vierten en “represas de jale”, y van a parar al nacimiento del río Sonora.

“Tenemos fotografías donde se demuestra que no tienen ni las mínimas medidas de seguridad en las represas de jales, y las aguas llenas de químicos van a parar a donde nace el río Sonora. Están contaminando el río y todo su cauce”, asegura Tolano.
Por esta causa las tierras de cultivo se han vuelto áridas, lo que impide que la población no-minera pueda ejercer las actividades productivas tradicionales en la región antes de la llegada de la minería: la ganadería y la agricultura.

Tolano asegura que el gobierno, esó si, poco hace para que la minera regularice sus sistemas de tratado de desechos.
“SEMARNAT acaba de hacer una investigación, y dice que la minera no contamina absolutamente nada. Sin embargo, a los pocos días se libera a la opinión pública pruebas de la gente que vive a un lado de las represas de jales, que demuestran que los cultivos están completamente aniquilados, que el agua sale con el olor y sabor a cobre y a los ácidos que se utilizan en la refinación. Esas tierras ya no producen. ¿Dicen que no contaminan? Allí están las tierras como prueba”.

Esta situación, recuerda Tolano, se viene presentando desde la década de 1980, fechas en que Grupo México amplía las represas e instala una nueva concentradora de metal, lo que les permite procesar más cobre. Desde entonces, la contaminación ha sido constante, llegando a producir, según dice la minera, entre 70 y 90 mil toneladas diarias de cobre.

“La parte más contaminada de Cananea es el área del represo y los alrededores de la empresa, pues en el proceso de extracción del cobre, para facilitar la electrólisis, se riega la tierra con ácidos. Este polvo va a parar a los pulmones de la población, y esto es grave. Fue una de las razones por las que estallamos la huelga”, asegura el minero.

Las denuncias de la población han llevado a la minera a intentar comprar los terrenos adyacentes, para así acallar las voces de los denunciantes y evitar que se cuestionen sus procedimientos, dice.

Y acusa: “Quieren tapar el sol con un dedo, y que no haya quien les reclame por esa contaminación. Por eso las compran. Hay muchos ejidatarios que, debido a la imposibilidad de producir en sus tierras no les queda otra que vender sus ranchos, sus parcelas”.
Sin embargo, Tolano no pudo dar a conocer caso alguno sobre amenazas o presiones a los dueños para que vendan, o los precios a los que lo hacen.

Intimidación a los huelguistas.

Pero sí ha habido intimidación, sobre todo al inicio de la huelga. No hubo negociaciones. Yo creo que eso se maneja en las altas esferas, entre el gobierno y la empresa, no nosotros. Lo que hubo fueron amenazas. ¿Para qué van a negociar, si pueden callarnos usando la fuerza? Ellos siempre estaban viendo a los trabajadores, diciéndoles ‘Deja el sindicato, vete a trabajar’, o llamaban de forma anónima a las casas y te decían “Si no dejas eso, te va a llevar la chingada, te vamos a partir la madre’. Así convencieron a cerca de 400 personas, y allí se dio la división del sindicato. A muchas de ellas ya las despidieron, están pagando esa división”.

POLÍTICA

Los mineros, en esta última manifestación ante el Palacio de Gobierno, y durante el tiempo que han permanecido en la huelga, han gozado no sólo del apoyo de sus sindicatos hermanos en otras partes de la república, sino también de varios particulares, sindicatos independientes como el STAUS, el Sindicato de Telefonistas de México, entre otros.

También los partidos políticos, como el PRD, PT, PRI y el Movimiento Ciudadano de los Libres, los han apoyado, a decir de Tolano, con “alimentos, despensas, traslados, entre otros”.

“Ellos respaldan nuestra lucha, y demuestran con ese apoyo la solidaridad hacia nosotros”.
Gobierno. También culpable.

En los 30 días que los mineros tienen instalados frente al Palacio de Gobierno, los mineros no han tenido ni una audiencia, ni citas con alguien que pueda negociar su situación.

“Hemos tenido llamadas de las direcciones de gobierno. En dos ocasiones nos han dado fechas de reunión, pero luego nos hablan para cancelar. Sólo ha habido intentos, y ‘buenas voluntades’… eso manejan ellos frente a todo mundo”.

El dirigente sindical cuenta que coterráneos que trabajan para el gobierno del estado, se les han acercado a algunos de los manifestantes invitándolos a reunirse en privado, supuestamente con el ánimo de convencerlos de abandonar la lucha.

“El director de gobierno, el cuñado del gobernador, Pancho García y Mario Cuén… no se han acercado a nosotros como dirigentes pero sí han abordado a otros compañeros. Quieren manejar a la prensa diciendo que no queremos acercarnos a dialogar, pero aquí estamos, a ver qué día nos asignan para platicar”.

¿Narco-mineros?

Además, Tolano Lizárraga denuncia que el gobierno ha congelado sus fondos sindicales “de resistencia”, acusándolos de “una sarta de tonterías”.

“Nos han acusado últimamente hasta de narcotráfico. Nos han señalado de todo, los hijos de la chingada. De secuestradores, narcos, crimen organizado… Pero no es cierto, no manejamos nada fuera de la ley. Nos sostenemos del apoyo de los sindicatos hermanos, o de organizaciones internacionales. Tampoco hemos tenido pláticas con algún cártel o grupo ilegal. Lo nuestro es netamente laboral”.
CNDH, maniatada.

Por todo esto, los mineros presentaron el 10 de mayo de 2008 una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras el abandono del hospital “El Ronquillo”. Desafortunadamente, en aquél entonces la legislación les impedía entrar al conflicto “pues era un asunto netamente laboral”.

“Afortunadamente, el año pasado se quitó ese candado, y hoy Derechos Humanos ya puede ver los casos laborales. Por eso acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo resolver dos puntos”.

Estos puntos son, el reconocimiento de una huelga que todo el tiempo estuvo legitimada, pero que al final fue nombrada como “inexistente”.

El segundo punto, una atención médica digna, sobre todo para los mineros jubilados y pensionados.

“No es justo que si trabajaste y te partiste el alma para hacer productiva una empresa, no te atienda en tu salud, por el resto de la vida que te quede. Esperemos que en el país se respete, como nos lo aseguró el Presidente: Pronto saldrá, pero el que venga tendrá que respetar esas denuncias y esas demandas”.

“No se vale”. Tolano.

El dirigente aprovechó para mandar un mensaje al gobierno.

“No se vale que gobiernen para un grupo de empresarios que dañan a la clase trabajadora. ¿Cómo es posible que haya avances estadísticos en los que se incrementan las cuestiones laborales, cuando en la calle vemos a trabajadores que en su propia carne sufren el desempleo?”.

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