Norma Trujillo Báez – lunes, febrero 20, 2012
La extracción y su procesamiento implican impactos ambientales con costos significativos para la sociedad que perduran en el tiempo, advierten ¦ Foto AVC Noticias
La concesión conseguida por la minera canadiense Goldgroup para la explotación la mina Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero sólo pagará 15.72 pesos por hectárea anual de derechos a la Federación (1.2 por ciento) y de éstos sólo 87 centavos a los municipios (0.048 por ciento) conforme a los criterios de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal, además de que no está obligada a tener un plan de remediación ambiental y cultural de los daños que ocasione ni mucho menos fondos para pagarlos.
De acuerdo con el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizado para la Dirección General de Minas (DGM), en cinco años (de 2005 a 2010), es decir, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, las mineras extrajeron 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos de los recursos nacionales no renovables y el de los derechos cobrados fue sólo de 6 mil 543 millones 417 mil 400 pesos, esto es 1.2 por ciento pagado al Estado.
En el documento denominado Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-0-10100-02-0809, realizada a la Secretaría de Economía (SE), en específico a los Derechos sobre Minería DE-076, se revisaron el 16.7 por ciento de los mil 955 millones 566 mil de pesos por el pago de Derechos por concesiones y asignaciones mineras para la explotación y exploración de sustancias o minerales, de la Cuenta Pública 2010 y concluye que “el importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos por concesión que cobra el Estado”.
Debido a que en el periodo 2005 a 2010, en el que el valor de la producción ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417mil 400 pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera, “por los títulos de concesión se pagan una sola vez, si fue de uno a dos años 5.08 pesos; de tres a cuatro años 7.60 pesos; cinco a seis años 15.72 pesos; de siete a ocho, 31.62 pesos; de nueve a 10, 63.22 pesos, esto es un poco más de un salario mínimo y si son por más de 10 años, 111.27 pesos, según la Ley Minera”.
La mina Caballo Blanco dijo en su Manifestación de Impacto Ambiental que obtendría 100 mil onzas de oro por año durante seis años de vida útil, con precio base de 950 dólares por onza, es decir, cada año la empresa obtendrá un valor de 95 millones de dólares y en el tiempo que dura la concesión serán de 570 millones de dólares, un equivalente a 6 mil 840 millones de pesos.
Sin embargo, el valor asignado de la empresa a la onza de oro es inferior en 100 por ciento del costo internacional, esto es que su costo es de mil 900 dólares, por lo que la suma tendría que duplicarse y arrojarían 13 mil 680 millones de pesos, el equivalente a la mitad de la deuda del gobierno del estado de Veracruz, y de esta riqueza, según las tarifas de la Dirección General de Minería, por el tipo de concesión de seis años Goldgroup, sólo pagaría 15.72 pesos por hectárea a la Federación y 87 centavos a los municipios.
La propia ASF reflexiona que la extracción y su procesamiento implican impactos ambientales con costos significativos para la sociedad que perduran en el tiempo como “incendios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, o bien, emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra; filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas con metales peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento, o bien, la fracturación causada por los trabajos de extracción, las cuales pueden provocar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática; minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos, además de enfermedades en la comunidad y en los trabajadores mineros”.
Lo que es grave porque el propio titular de la Secretaría de Economía presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un diagnóstico sobre la situación de las concesiones mineras del país y se comprometió a evaluar la utilidad pública y del beneficio a la Nación en el otorgamiento de concesiones, incluir en la ley el requisito para los concesionarios de contar con un plan de remediación ambiental y un fondo probado para aplicarlos una vez concluidas las actividades de exploración y explotación, así como la realización de visitas sorpresa a las minas y revisar las causales de multas y cancelación de proyectos mineros, entre otras.
Sin embargo, el documento de la ASF sostiene que la cuestión administrativa en la Dirección General de Minas es un caos administrativo pues de los 24 mil 910 títulos, 14 mil 658 (más de la mitad) tenían problemas por no tener Registro Federal de Contribuyentes, los nombres estaban incompletos o duplicados como personas físicas y como personas morales y no conocían los reportes anuales de producción que los concesionarios están obligados a presentar, la falta de pago ni las cantidades que pagaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el análisis establece la ASF, que de los 20 mil 958 títulos vigentes, la DGM informó que durante 2010 sólo realizó 83 visitas de verificación; es decir, 0.4 por ciento, a fin de constatar la ejecución de las obras y los trabajos previstos, y los concesionarios “sólo entregaron 6 mil 690 reportes (31.9 por ciento) y de ellos sólo 480 reportaron producción, lo que denota que no existe confiabilidad en las estadísticas en la materia”.
Además, no les requiere el pago de derechos de concesiones mineras pues al revisar una muestra de 347 títulos, de los cuales sólo 295 pagaron 326 millones 699 mil 100 pesos, que representaron 16.8 por ciento de los ingresos totales por mil 945 millones 569 mil 500 pesos, de los 52 títulos que no realizaron pagos, 13 fueron emplazados mediante el oficio de inicio de procedimiento de cancelación y los restantes 39, por 8 millones 83 mil 800 pesos a la fecha de la auditoría (octubre 2011) aún no se les había requerido el pago.
Al respecto, en la Ley Minera se dispone que la SE debió sancionar con multa equivalente de 10 a 2 mil días de salarios mínimos a los concesionarios que no rindieron los informes arriba referidos. De la muestra de 347 títulos de concesión minera, sólo en 131 se presentó el informe estadístico correspondiente y en 216 no, por lo que se hicieron acreedores a la imposición de una multa estimada en 129.2 miles de pesos, considerando 10 días de salario mínimo; sin embargo, la SE no acreditó que en esos casos se les hubiera aplicado la sanción respectiva.
Al 31 de diciembre de 2010, había un padrón de 24 mil 910 títulos de concesiones minera en el país, de las cuales 80 estaban en Veracruz, 76 otorgadas en 2009 y sólo cuatro en 2010, que implican la ocupación de 123 mil 916 hectáreas y en este contexto no se conoce cuál es el compromiso de la minera Goldgroup para remediar el impacto ambiental, cultural y social en los municipios en donde dejará los cráteres por las explosiones para extraer el oro.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120220_124021_949&id_seccion=0
