Dawn Paley, 15 de marzo, 2012 20:54
Fuente: The Dominion
MADERA, MEXICO – Una tarde de agosto, en 2008, Dante Valdez Jiménez
estaba dando una capacitación en una escuela primaria, cuando un grupo
de 30 hombres, algunos armados, irrumpió en la escuela de Madera,
población del estado de Chihuahua en el norte de México.
Valdez fue víctima de un ataque brutal delante sus estudiantes. Entre
golpes y patadas, sus atacantes le gritaban que se mantuvieran fuera
de sus asuntos. Dante tuvo suerte de sobrevivir al incidente.
Cinco días después, Amnistía Internacional manifestó su preocupación
por la seguridad de Valdez y otros miembros de la comunidad local,
declarándolo un ataque político: Valdez es conocido por su activismo
en contra Minefinders, empresa minera de Vancouver.* Dicha empresa
opera una mina a cielo abierto en las cercanías de Madera. Según
informaciones de Amnistía Internacional, empleados de la empresa
minera participaron en los ataques.
Valdez explicó, con tono bajo y débil, que “todas las autoridades, en
los tres niveles de gobierno, han hecho la vista gorda ante las
personas desplazadas y la gente maltratada y golpeada.” Señaló que,
aunque existe una clase entera de testigos de lo sucedido, no se ha
iniciado ninguna investigación.
El atentado contra Valdez no fue un incidente aislado, sino más bien,
evidencia explícita que nos recuerda la represión que sufrieron
quienes se organizaron para manifestarse en contra de Minefinders,
empresa que empezó su labor en México en 1994 gracias al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. La empresa comenzó operaciones en
2007 en una mina de pequeña escala cerca de Madera, de la cual extraía
oro y plata con el uso de cianuro.
Emplazado en las alturas de la Sierra Madre, Madera aparentemente goza
de la tranquilidad de pueblo pequeño y maderero. No obstante, la zona
es cualquier cosa menos tranquila: se dice que a través de la Sierra
Madre corre la sangrienta lucha entre el cártel más poderoso de
México, Sinaloa, y el grupo de choque del cártel de Juárez, La Línea.
Según el discurso oficial, en la zona se disputan rutas de
narcotráfico, además de campos extensos en los cuales agricultores
campesinos e indígenas cultivan plantas de cánnabis y opio.
A finales de 2006 se declaró la lucha conocida como “la guerra contra
las drogas” en México, campaña cuyas principales consecuencias han
sido el aumento de la violencia y la militarización de varios
municipios y zonas rurales a lo largo del país. El estado norteño de
Chihuahua recibió un golpe especialmente fuerte. Desde el comienzo de
la “guerra” hasta 2008, se calculan más de 9.000 asesinatos únicamente
en Cuidad Juárez, muchos de ellos de ciudadanos inocentes.
Sin embargo, en algunas zonas como Madera, la militarización fue
aprovechada por las industrias de extracción, bajo el pretexto de
combatir el narcotráfico.
Antes de construir la mina de Minefinders y con el fin de abrir paso
al proyecto de la empresa, el pueblo histórico Dolores fue reubicado,
acto que afectó a más de 60 familias. La gente local no era
apasionadamente antiminera, sino que sentían que el proyecto no
resultaba justo para Ejido Huizopa, el cuerpo representativo de los
dueños de territorios de la comuna.
En 2008, cuando Minefinders pasó a la extracción de oro, las tensiones
entre empresa y representantes del Ejido llegaban a un límite. En mayo
de ese año, tras alcanzar un acuerdo mayoritario en una asamblea, los
miembros del cuerpo levantaron barricadas en la ruta de acceso a la
mina, exigiendo negociaciones serias y un acuerdo más justo con la
minera. No dejaron que los trabajadores pasaran el bloqueo, sin
embargo, otorgaron derecho de paso a los soldados.
No obstante, pronto Minefinders había encontrado una salida a las
protestas, la cual no consisitió precisamente en sentarse a negociar
con Ejido.
“La barricada contaba con una presencia permanente de soldados,
quienes viajaban en camionetas de la empresa, vestidos de civil, [y]
hasta ocho camiones de la empresa que vigilaban las manifestaciones y
el bloqueo,” informa Valdez. La presencia de los soldados no sólo
servía para intimidar a los manifestantes, sino que también para que
la empresa siguiera accediendo a la mina.
Ese año los habitantes del vecino pueblo de Creel sufrieron un ataque
por comandos, mientras que un grupo de soldados y policía mantuvo una
presencia continua en el sitio del bloqueo en Madera durante y en el
tiempo que siguió el ataque.
Según David de la Rosa, activista ambiental y director campesino en
Madera, “hubo un ataque en la comunidad de Creel, en el cual mataron a
14 personas.” Explicó que “las autoridades tardaron 3 días en llegar a
Creel. Mientras tanto, las fuerzas armadas se encontraban a sólo dos
horas del sitio, cubriendo un bloqueo pacifico para apoyar a una
empresa.
El bloqueo duró un año y cinco meses, periodo durante el cual, según
habitantes, Minefinders puso a miembros de Ejido Huizopa de su lado
por medio de incentivos económicos e intimidación.
“Cuando la empresa minera se dio cuenta de que teníamos el apoyo de la
mayoría [dueños de territorios], empezaron a manipularnos e
incentivaron a los propios miembros de Ejido para que manipularan a
sus compañeros, con el fin de impedir que obtuviéramos la mayoría en
las decisiones,” explica Luis Peña Amaya, uno de los miembros de Ejido
Huizopa que organizaron el bloqueo.
El bloqueo da un ejemplo claro de como la militarización de la zona
resultó favorable para Minefinders, ayudando a que ganara apoyo para
su mina a cielo abierto.
Según Peña Amaya, “la presencia de la policía federal intimidaba a la
gente en muchas ocasiones. Cuando nos juntamos para la asamblea
decisiva, tomaron el control y rodearon la sala de la reunión.” La
intrusión de la policía en la toma de decisiones de comunidades es un
acto anticonstitucional en México. Sin embargo, “cuando cambió la
suerte de los otros, el grupo preferido de la empresa minera, [la
Policía Federal] intercedió para evitar que ejerciéramos nuestros
derechos.”
Al final, el Ejido firmó un acuerdo con Minefinders, pero los
problemas no se desaparecieron. El año pasado, se produjo una ruptura
en la cancha de lixiviación, falla que todavía no se arregla, el cual
provocó derrames contaminantes cerca de la mina. Tanto ambientalistas
como organizaciones de derechos humanos comunicaron su temor de viajar
al sitio, dado el férreo control que poseen los grupos de crimen
organizado sobre la ruta.
*En enero del 2012, Minefinders fue comprado por Pan American Silver,
empresa canadiense con sede en Vancouver.
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