Cuando en 1982 la bióloga Alicia Bárcenas –hoy secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– iniciaba su carrera política al convertirse en la flamante subsecretaria de Ecología en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) lanzó la proclama de “Ecología: Responsabilidad compartida” que aludía al supuesto de que todos teníamos que participar en la prevención, mitigación y solución de los problemas ambientales que nos aquejan, porque todos éramos causantes de éstos. Esta proclama derivaba de planteamientos que se discutían a nivel internacional desde 1972, a partir de la celebración en Estocolmo de la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano.
Treinta años han pasado desde entonces. En ese momento no se tenía gran idea de lo que al respecto sucedía, si bien muchos problemas eran ya visibles. El concepto de Ecología, para referirse al medio ambiente, era prácticamente desconocido aunque su incorporación al discurso político e institucional daba la impresión de modernización del Estado. La misma estrategia “gatopardesca” de cambiar algo para que en realidad nada cambie, que ahora observamos respecto a la noción desarrollo sustentable. Incluso la propia educación ambiental era conocida por muy pocos. Recuerdo, por ejemplo, que al anunciar una plática sobre educación ambiental en una reunión con maestros de primaria de la SEP que, en ese entonces se encargaban de la actualización de los libros de texto gratuitos, hubo quienes creyeron que se iba a comentar sobre cómo hacer más divertida la práctica educativa (por cierto, algo también sumamente necesario).
El principio de responsabilidad compartida ha sufrido en estas tres décadas una acotación muy importante. Porque así tal como está enunciado esconde el hecho ineludible de que si bien todos somos de algún modo responsables de lo que sucede en relación con los problemas ambientales, no lo somos al mismo nivel. Por lo mismo ahora se plantea como responsabilidad compartida pero diferenciada, a efecto de que cada quien pueda asumir su parte de responsabilidad sin tener que asumir también lo que corresponde a otros al convertirlo en un promedio, tal como ocurre con el ingreso per cápita. Se supone que el ingreso per cápita en México es de 10 mil 311 dólares al año. De ahí que una familia de cuatro integrantes debiese de recibir cerca de medio millón de pesos al año; cuatro quintas partes de la población del país se han de preguntar quién se queda con lo que ellos no reciben.
Cuando analizamos lo que ocurre a nuestro alrededor a la luz del principio de responsabilidad compartida pero diferenciada podemos entonces distinguir lo que sí nos toca como ciudadanos, de lo que les corresponde a los funcionarios de los tres niveles de gobierno; incluso de lo que les corresponde a gobiernos de otros países que permiten y hasta promueven que empresas con casas matriz en sus territorios puedan actuar con total impunidad fuera de sus fronteras lo que les impide por ley ahí. Y luego vienen a querer darnos lecciones de desarrollo y de ética empresarial.
Por eso celebro con sumo gusto que el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, haya manifestado su rechazo al proyecto de la mina a cielo abierto Caballo Blanco, con lo que asume con ello una política responsable en la que el clamor ciudadano encuentra una respuesta consistente. Esta sí que fue una lección aprendida de ejercicio de ciudadanía. ¡Enhorabuena!
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