A casi 4 años de lucha, la Sección 65 no cesa en su exigencia de justicia laboral…
Siguen a la espera de una audiencia con el gobernador, pero a dos meses de haber instalado el plantón, 40 agremiados siguen acampando a las afueras del Palacio de Gobierno, pues no han tenido la atención directa de algún funcionario estatal, ni de los legisladores. En dos ocasiones les dieron fecha para audiencia, pero en ambos casos fueron canceladas de improviso…
Por Ivanova De los Reyes / Dossier Politico
Dia de publicación: 2012-03-24
Hermosillo, Sonora (DP).- Están por cumplirse cuatro años de que los mineros de Cananea emprendieron la lucha por mejores condiciones laborales. Sumado a ello, la exigencia de la liberación de su compañero Martín Salazar Arvayo, detenido hace más de un año y medio, por un delito del que aseguran, es inocente y por el cual aun no ha recibido sentencia.
En el problema del Sindicato Minero de la Sección 65 de Cananea se entreteje una serie de circunstancias que hace que el reclamo de los mineros sea más revelador.
Irregularidades en el manejo de la mina, la explotación de los trabajadores, la falta de seguro médico, equipo en malas condiciones, entre otros. Circunstancias que, a base de llamadas telefónicas intimidatorias, personas ajenas al sindicato han tratado de acallar.
El inicio
Todo comenzó en mayo de 2008, cuando la compañía Minera de Cananea, hoy Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, dejo de dar atención médica a los trabajadores en el hospital «El Ronquillo», operado por la compañía propiedad de Germán Larrea. Esto, debido a la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), que inicio en julio de 2007.
Ese mismo año, el hospital reabre sus puertas por iniciativa de la Secretaría de Salud Pública, pero bajo la administración del Gobierno del Estado, lo que casi les dio igual a las más miles de familias que se habían quedado sin servicio médico, ya que tenían los mismos problemas que en cualquier otro centro médico, como el desabasto de medicamentos e incremento de enfermedades y muertes.
Los mineros culparon de esta situación al Grupo México, toda vez que el contrato de trabajo tenía cobertura de enfermedades y medicamentos.
Lejos de terminar, la situación hospitalaria fue detonante para que saliera a relucir una amplia ‘gama’ de irregularidades: violaciones a los derechos humanos, laborales y de salud de los trabajadores, política y corrupción.
El seis de junio de 2010, más de 400 policías federales sorprendieron a los mineros y tomaron la Mina de Cananea, violando el derecho a huelga de los trabajadores. Los sindicalizados que se encontraban cuidando las puertas fueron retirados de las guardias mediante bombas de gas lacrimógeno. Además, los agentes traían órdenes de aprehensión a nombre de Juan de Dios Ballesteros, Jacinto Martínez Serna y Sergio Tolano Lizárraga, éste último líder del sindicato.
Tres meses después (el 15 de septiembre de 2010), es declarada por un Juez laboral de la Ciudad de México la inexistencia oficial de la huelga, ya que jurídicamente quedó terminado ese litigio. 23 mineros apresados por ocasionar disturbios en la minera quedaron en libertad, no así Martín Salazar Arvayo, quien enfrenta una investigación por intento de homicidio.
Cansados de tantos atropellos, los mineros realizaron una serie de manifestaciones hacia Palacio de Gobierno, y al edificio del Congreso del Estado, con el fin de exigir al gobernador Guillermo Padrés Elías y a los legisladores el respeto a los derechos de los trabajadores de la Sección 65 de Cananea, y a la legalidad de la huelga. Además de exigir la libertad de Martín Salazar Arvayo, quien se encuentra recluido en un penal de Agua Prieta, supuestamente por haber intentado asesinar a un empleado de Grupo México.
Hasta el momento, los mineros liderados por Tolano Lizárraga, quienes se encuentran en plantón permanente frente a Palacio de Gobierno desde el pasado 19 de enero, siguen a la espera de una audiencia con el gobernador Guillermo Padrés Elías, para tratar de ponerle fin a este conflicto. Sin embargo, a dos meses del plantón, no han tenido la atención directa de algún funcionario estatal, ni de los legisladores.
En dos ocasiones personal del Gobierno Estatal les dio fecha para audiencias, pero fueron canceladas al estar próxima las fechas para realizar dichas reuniones.
Partidos los respaldan
Durante los casi dos meses que llevan acampando por fuera de Palacio de Gobierno, los mineros han recibido el respaldo de sindicatos hermanos de otras entidades de la República, y otros gremios independientes como el STAUS, STEUS, Movimiento No al Novillo, el Movimiento Ciudadano de los Libres, y el Sindicato de Electricistas y Telefonistas, que los apoyan en su lucha.
También han sido apoyados por varios partidos políticos, como el PRD, PT, PRI, que los han apoyado con despensas, traslados y pláticas sobre las Reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Interponen denuncia en CIDH
Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la Sección 65, interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo resolver dos puntos: el primero, el reconocimiento de una huelga legítima y que fue declarada «inexistente» por un Juez en materia laboral de la Ciudad de México; y como segundo punto, una atención a la salud digna, principalmente para mineros jubilados y pensionados.
También denunciaron a la empresa Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, por el asesinato de sus compañeros mineros muertos en las minas, cobijado y respaldado por el Gobierno Federal.
Mina sigue operando
Los diversos acontecimientos derivados de la huelga en la mina no han detenido su operatividad, cosa que los mineros califican como un robo descarado del Gobierno Federal y Grupo México, y que se refleja en el Contrato Colectivo de Trabajo, pues quienes padecen todos esos “detalles” son los trabajadores, a quienes a base de artimañas les declararon inexistente una huelga completamente legal.
Acercamiento del Gobernador con mineros
En días pasados el Gobernador de Sonora, viajó a la ciudad de Nueva York para dar el campanazo de entrada de la minera Timmins Gold, operante en Sonora, a cotizar en la Bolsa de Valores. Al respecto, Tolano comenta.
“La relación entre empresas mineras y el Gobierno del Estado debe existir, pero también el respeto. Ojalá que el Ejecutivo también respete las garantías y derechos de los trabajadores mineros de Cananea”.
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