La decisión está en manos de la Semarnat y habrá que ver si será sensible a la postura de estado, dijo ¦ Foto AVC Noticias
Casos como el de la mina Caballo Blanco continuarán en el país mientras no se reforme el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, el cual fue hecho a modo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari para permitir que empresas extranjeras pudieran extraer la riqueza del subsuelo y llevársela a otras naciones, mencionó Hipólito Rodríguez Herrero, colaborador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

Por ello, mencionó que la única forma de frenar este tipo de proyectos, donde empresas extranjeras traen una enorme cantidad de recursos por invertir sin importar las consecuencias ambientales, de salud, seguridad y sociales que generen, es modificar la Constitución.
Recordó el investigador que estas mineras entran al país porque desde el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se realizó una reforma al artículo 27 constitucional para que mineras pudieran obtener concesiones por encima de los derechos de los propietarios legítimos del suelo.
El investigador respaldó la postura del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de que su administración no otorgue el aval para la explotación de esa mina a cielo abierto, pero advirtió que existe aún el riesgo de que ese proyecto siga adelante u otros similares se repitan en otras partes del país.
“Lamentablemente hay mucha inquietud porque ahora la decisión final está en manos de la Semarnat y habrá que ver si será sensible a la postura del gobierno estatal o mantendrá una posición de respaldar el proyecto minero”, agregó.
En términos de la lógica, dijo el entrevistado, el voto en contra del gobierno del estado es fundamental, aunque indicó que hay antecedentes de que estas mineras han pasado por encima de los gobiernos de los estados, como es el caso de la minera San Gabriel, en San Luis Potosí, pues a pesar de que se le retiró el permiso, es la fecha que aún trabaja.
“El gobierno federal en cierta medida estará a prueba, pero hemos visto que las mineras tienen tal poder y abogados que pueden desacatar las instrucciones de un juez, como lo fue en la minera San Gabriel, ahora hay que ver si se faja los pantalones la Federación”, expresó.
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