Francisco Javier Larequi Radilla, ex funcionario estatal, aparece como concesionario
Espino Blanco, 4 de marzo. El sistema comunitario de Costa Chica y La Montaña documentará en el Tribunal Permanente de los Pueblos —órgano internacional que sesiona en México— junto a todos las comunidades del país que están contra la explotación minera, su rechazo a la entrada de las concesionarias a sus tierras.
En una reunión informativa ayer en Espino Blanco, Malinaltepec, los coordinadores de esa casa de justicia citaron a una asamblea para el próximo 24, en la que decidirán las acciones contra la intención de las mineras.
El Tribunal Permanente de los Pueblos estuvo en otros países documentando casos en poblados, que tienen que ver con siete ejes, como afectaciones al medio ambiente (en el que circunscribirá la CRAC su rechazo a las mineras), al agua, feminicidios, criminalización de los derechos humanos. En julio, según la información que dio Valentín Hernández, el asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria), a los comandantes, presentarán todos sus argumentos de rechazo. CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Grupo Goliat son las concesionarias que pretenden explorar y explotar oro, plata y zinc en territorio comunitario.
Dijo que si bien saben que el gobierno federal es el que otorga las concesiones, el del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario (Sedeco) realiza la labor de convencimiento en los pueblos de Costa Chica y La Montaña para afianzar la explotación. Reveló un dato importante: 26 por ciento de territorio mexicano (incluido el de Guerrero) ya fue concesionado para la explotación de minerales.
Pero en lo que es territorio comunitario, es una decisión tomada el rechazo a la explotación minera, que fortalecerán en su próxima asamblea, que será en Tilapa, Malinaltepec, a las 9 de la mañana. Otros pueblos de estados como Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas mantienen una lucha similar a la CRAC contra la explotación minera; aun cuando las concesiones ya fueron otorgadas por el gobierno federal, ninguna empresa ha entrado a explorar la zona Espino Blanco, porque sus pueblos así lo decidieron.
De acuerdo a la información que tiene la Casa de Justicia de la CRAC en Espino Blanco —una de las tres que son en total—, CAMSIM tiene la concesión minera de La Diana (con una superficie de 15 mil hectáreas), que contempla los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Paraje Montero, Iliatenco y Malinaltepec; la Chochschild la de Corazón de Tinieblas (50 mil hectáreas de superficie) y la de Zapotitlán (22 mil hectáreas), ambas abarcan las extensiones terrestres de Acatepec, Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro, San Miguel del Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Tenamazapa, Iliatenco, Santa Cruz del Rincón, y Zapotitlán Tablas, San Pedro Huitzapula, Coapala y Potoichan; Grupo Goliat tiene una concesión para explorar y explotar 55 mil hectáreas de núcleos agrarios de Zapotitlán Tablas, San Pedro Huitzapula, Coapala, Potoichán.
De todas estas mineras su concesión es por 50 años. Previa a la asamblea del 24, los pueblos han discutido el tema de la explotación minera, los núcleos agrarios de Totomixtlahuaca, Tierra Colorada, Iliatenco, Iliatenco Ejido, San Miguel Progreso, Colombia Guadalupe, Zitlaltepec, y Tlascalixtlahuaca han rechazado en sus asambleas mineras internas la entrada de las concesionarias. Existen actas de acuerdo en la CRAC.
Las mineras llevan años intentando explorar y explotar minerales en Costa Chica y La Montaña, pero sus pretensiones crecieron en 2010 con la entrega de nueva concesiones, que intentaron ocultar las autoridades. Francisco Javier Larequi Radilla, el concesionario de CAMSIM, dirigió un oficio —del cual se tiene copia— fechado el 2 de septiembre desde Acapulco, al presidente de Bienes Comunales de Iliatenco, Tomás García Evaristo, pidiendo su autorización para recorrer los terrenos que corresponde a su concesión (número 234454), La Diana, con el propósito de realizar una identificación geológica.
Sugirió a los Bienes Comunales coordinación entre el pueblo y su empresa, para que ambos se beneficien económicamente y abonen al desarrollo de la región, generando empleo y producción. Requirió a los bienes comunales la colaboración de dos hombres para guiar a sus geólogos en el reconocimiento de la zona, y les ofreció un salario de 150 pesos diarios. Los bienes comunales lo rechazaron.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/05/index.php?section=politica&article=006n1pol
