Babel
Javier Hernández Alpízar.-
Se ha dicho mucho sobre el proyecto minero Caballo Blanco. Desde la repetición de la cantaleta “desarrollo y empleos”, con la que han dejado cada vez más pobres a los veracruzanos los proyectos desarrollistas y extractivistas (el petróleo, que ha dejado más contaminación que el supuesto “desarrollo”), pero poco se ha dicho sobre la división de la comunidad.
Es más grave aún en un estado atravesado por violencias con secuelas muy dolorosas, como la violencia que se ceba en las y los migrantes, las mujeres y niñas, las y los comunicadores y periodistas, las y los jóvenes, las y los campesinos e indígenas… e incluso contra defensoras y defensores del medio ambiente, hasta ahora solamente con demandas por “difamación, calumnia, falsedad de declaraciones” y otros delitos –productos de la fábrica de culpas que, desafortunadamente, es muchas veces la procuración de justicia estatal y federal–.
Los procesos de extracción minera, en todos los países, han generado violencia, divisiones, enfrentamientos fratricidas. De ello puede darse cuenta quien quiera que con honestidad busque información sobre las empresas mineras y sus métodos de destrucción social en África, en América Latina y en México –no lo olvidemos jamás, México es parte de América Latina–.
Escuchemos a las voces que nos han advertido, desde su experiencia en México.
La primera: Mario Martínez Ramos, miembro fundador del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), y también fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entrevistado en la reunión de la Sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, el 12 de septiembre de 2011.
“Normalmente, como aquí (San José del Progreso, en Magdalena Ocotlán, Oaxaca) y en cualquier parte donde hay un conflicto minero, hay gente que se opone y gente que está en favor de un proyecto minero. La minera llega y ocupa a algunas gentes, las pone de veladores por ahí, cuando llega a hacer sus trabajos de exploración, y los empieza a apapachar, gente de campo, les da unas botas, un chaleco, y la gente se siente realizada. Los empieza a apoyar, normalmente son comunidades pobres, y esa gente empieza a decir: “La minera es buena, nos está dando trabajo.”
Más adelante, expresó: “Desde el punto de vista social, llegan y dividen a la población. La enfrentan, normalmente hay muertos, como los hubo en San Pedro, como ya los hubo aquí (San José del Progreso). Allá también (en San Luis Potosí) un presidente municipal fue asesinado, un testigo fue asesinado. Han habido golpeados, tenemos una persona que tuvo que pedir asilo en Canadá y está por allá. Muchos hemos sido agredidos y amenazados de muerte por grupos de choque.
“La empresa llega y hace un estudio de la conducta de la población. Y de ahí saca, cuáles son las personas con menos escrúpulos, y a éstas las ocupa: “Ven te doy trabajo”. Y las entrena. Allá llevaron al Cerro de San Pedro a un ex combatiente de Irak a entrenar al grupo de choque. Ahí estuvo dos meses entrenándolos.
“Primero escogen a la gente, hombres y mujeres, los ocupa como obreros, ahí los pone a no hacer nada. Les paga bien, y luego ya los mete a entrenar, los entrena y andan armados. Toman las empresas el control político: Ellos pagan elecciones, escogen candidato a presidente municipal. Incluso utilizan sus vehículos para asuntos electorales. Tuvimos la oportunidad de ver todo ese tipo de cosas. Ponen sus presidentes municipales, entran a las asambleas de Cabildo y ellos deciden las asambleas de Cabildo. Así.” Lo mismo en San José del Progreso, Oaxaca, han pagado elecciones e impuesto a sus candidatos.
“El desmembramiento del tejido social es evidente, dentro de las comunidades. El problema es tan grave que poca gente le da la importancia. Yo estoy luchando con compañeros, y sí, saben que el problema es grave. Pero es más grave de lo que mucha gente cree.”
La segunda voz, de otro integrante de la REMA, José Luis Valdés, de Guanajuato, ingeniero en minas. El problema, sentenció, es: “más serio de lo que nos imaginamos, pero no tenemos que descuidarnos. Nos quieren enemistar, nos quieren enfrentar, lo mismo que pasó cuando Hernán Cortés llegó, por aquí precisamente (por Veracruz)”. Hizo referencia a cómo Hernán Cortés hizo alianzas con algunos pueblos indígenas para derrocar a Tenochtitlán y al final fueron sojuzgados todos los pueblos indígenas.
El tercer testimonio, desgarrador: Es el de Bernardo Vázquez, quien después de dar su palabra, clara, sencilla, directa, en una plaza de Xalapa, la Xallitic, en el Festival artístico cultural “La Vida o la Mina” que diera nacimiento público al Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica, regresó a su pueblo y allá fue asesinado, emboscado por pistoleros. Sus compañeros y familiares sobrevivientes, así como las redes de defensores de derechos humanos y ambientales, exigen justicia y que se investigue a la minera transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, bajo el nombre “local” de Minera Cuzcatlán.
“La Minera Cuzcatlán llegó a San José del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca, en 2005, como hacen siempre estas empresas, violando todos los derechos. (…) Cuando los pueblos protestan, la respuesta debería ser informar y buscar la licencia social, pero utilizan la compra de conciencias a través de recursos del gobierno federal, con nuestros impuestos.
“Si las cosas se les dificultan más, como en San José del Progreso, a través de la violencia. A mediados de 2009, la minera armó a un grupo paramilitar que, en contubernio con la policía estatal, se encarga de amedrentar. Tenemos constancias, de la detención, por pobladores, de paramilitares y policías, incluso iban en camionetas de la minera”, dijo Bernardo Vázquez Sánchez.
Esta violencia asciende en escala: Primero: “Las difamaciones contra dirigentes e incluso agresiones físicas. El 19 de marzo de 2011 “un servidor (Bernardo) y la compañera Rosalinda Dionicio, fuimos perseguidos por camionetas de la empresa, obligándonos a volcarnos sobre la carretera a San José, casi perdemos la vida, estuvimos hospitalizados 20 días y aún tenemos secuelas de la agresión”.
Segundo: “Las demandas y detenciones. El 6 de mayo, en un desalojo, fueron 23 compañeros encarcelados, siguen bajo proceso, firmando y llamados a declarar al Ministerio Público. Han habido amenazas contra quienes protesten o encabecen una manifestación, demandas por cerrar vías de comunicación. El 29 de agosto de 2011 “fuimos detenidos diez compañeros, después de que dos horas antes hubo un altercado en un sitio comunitario que la población constituyó, porque los servicios estaban en manos del presidente municipal (impuesto por la minera), por lo que la comunidad instituyó su transporte, gestionando su reconocimiento ante autoridades estatales. De manera facciosa, además de encarcelar a los compañeros al salir a trabajar, nos detuvieron como si hubiéramos formado parte de la trifulca. Quedan, un juicio abierto, diez compañeros detenidos y un proceso de libertad bajo fianza”.
Las autoridades en Oaxaca, tanto las anteriores priistas como las actuales pan-perredistas, han dejado hacer y dejar pasar. A los defensores del territorio “les preocupa “que crezcan la rispidez y la violencia y lleven a una guerra sin fin en San José del Progreso. (…) Las autoridades han preferido la ruptura social y la guerra mediática.” (Cf: Zapateando)
Tercero: La consecuencia es que asesinan a los defensores del territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos. Así mataron a Bernardo Vázquez, y antes a Bernardo Méndez, los dos más recientes de cuatro asesinados en San José del Progreso, Oaxaca.
En Veracruz debemos impedir que este tipo de violencia ocurra. En la reunión informativa en Alto Lucero, el 22 de febrero, la primera participante, una joven empleada de la Minera Cardel (GolgGrup Mining) abrió las rondas de participaciones haciendo alusión a uno de los volantes de LaVida. Trató de refutarlo con imágenes engañosamente seleccionadas de lugares donde se ha destruido a la vegetación, acusó a los defensores del medio ambiente de no haberles apoyado nunca e hizo apología de la minera para la cual trabaja, en los términos en que ésta se presenta, como “segura, empleadora, responsable ambientalmente”.
Presentar a los defensores del medio ambiente y con él de la vida, la salud, la seguridad y el futuro de los pobladores de Alto Lucero, Actopan y de todo Veracruz y el país, como gente que “pretende quitarles empleos” es una estrategia cínica y peligrosa. Primero: porque la conservación de la naturaleza, el patrimonio natural y arqueológico, histórico y social de la región, permitirá a los veracruzanos tener actividades económicas que les den vida para un plazo más largo que la media docena de años que duraría la mina. En cambio, el proceso minero no garantiza ni muchos empleos ni la calidad de los mismos, como expresó en un análisis amplio y muy bien documentado el el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) núcleo Veracruz, que entregó su documento a la Semarnat.
Hubo más de uno de los opositores a la minería tóxica que dedicó un poco –del de por sí poquísimo tiempo que el formato permite para exponer sus argumentos técnicos– para aclarar a la población que no pretende pisotear su derecho al empleo. Pero la empresa insiste e insistirá en esa tesis falsa y difamatoria de sus opositores. De manera que es responsabilidad, sobre todo de los tres niveles de gobierno y los medios industriales de comunicación, y de la sociedad toda, hacer todo lo posible para que la mentira de la mina Caballo Blanco no intoxique, divida y enfrente (y muchos menos violente) a los veracruzanos y a los mexicanos.
Los defensores de la vida y el medio ambiente no quieren dejar sin empleos a los pocos, poquísimos habitantes que alcanzarán un empleo mal pagado, quieren que tengan un empleo digno, y que no les destruyan el futuro con un proyecto extractivista que los hechos prueban que destruye más, mucho más, de lo que deja en magras ganancias.
Lo ha dicho el consejo consultivo antes citado: “El marginal impacto positivo de la generación de empleos no compensa los impactos ambientales residuales y acumulativos.” Por ello los expertos recomendaron rechazar el proyecto Caballo Blanco, pues “la afectación ambiental planteada es significativa e irreversible, mientras que las propuestas de la MIA de prevención, mitigación y compensación son improbables, dejándole a la sociedad y al estado significativos pasivos ambientales, como afectaciones importantes potenciales a la salud pública. Recomendamos por lo tanto a la Semarnat que emita su resolutivo como no autorizado a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa Candymin, S.A. de C.V. con clave número 30VE2011M0043.”
No se trata de que se enfrenten veracruzanos contra veracruzanos, sino de que juntos hagamos frente al engaño, y juntos construyamos un futuro libre de tóxicos, con un medio ambiente que haga posibles no solamente empleos, sino la vida misma, para un plazo más largo que el cortoplacismo minero canadiense.
Las minas nos quieren dividir y enfrentar
