Familia Pasta de Conchos sería la mejor aliada para la minería, que opera sin control en cuanto a la extracción de carbón.
Lilia Ovalle
Publicado: 13/04/2012 16:00
San Juan de Sabinas, Coah. Sin negar que la preocupación por la venta del carbón coquizable es legítima, defensores de derechos humanos y activistas refieren que el 10 por ciento del suelo coahuilense se encuentra devastado por los procesos inadecuados con que opera la minería en la entidad.
Por ello consideran prioritaria la emisión una nueva ley en materia ambiental. Aunque la Organización Internacional del Trabajo –OIT- dependiente de la ONU, ha solicitado al gobierno mexicano y por tanto al gobierno estatal que la organización Familia Pasta de Conchos sea reconocida como interlocutor en cuanto a revisión de leyes, procedimientos e inspecciones en las minas ubicadas en la zona carbonífera de Coahuila, esto no ha sucedido.
La activista Cristina Auerbach Benavides explicó que la empresa paraestatal Promotora de Desarrollo Minero –Prodemi- continúa reuniéndose con gobiernos estatal y federal sin considerar a la organización a pesar de que los obreros del carbón son los más afectados en cuanto a la toma de decisiones.
“La organización Familia de Pasta de Conchos no es invitada, no la consideran interlocutora. Lo lamentable de esto es que siempre quedan fuera los afectados. Evidentemente ahora hay una preocupación por la venta del carbón, legítima, porque de eso viven muchas familias, pero esa acción legítima no tiene por qué ser ignorando a la organización y ni a las familias afectadas”, apuntó la activista.
Para Auerbach Benavides la minería no tendría mejor aliada que la misma organización pues suma ya seis años documentando y exponiendo casos ante la OIT o en otras instancias ubicadas en Washington, pues asegura, la voluntad de Familia Pasta de Conchos no es ser un grupo de oposición a la minería del carbón, sino de los procesos inhumanos con que trabajan algunas empresas.
“No estamos en contra de la minería del carbón, estamos en contra sí de los pocitos y de las minas que no cumplen con las normas de seguridad y que sacan el carbón a costa de la vida de las personas. Nadie puede decir que eso es justo, correcto o moral; ni siquiera el argumento de que generan empleos se vale si es a costa de la vida de los trabajadores porque yo no veo que en las minas fallezcan los dueños ni los gobernantes”.
Por ello una ley en cuanto a conservación de medio ambiente ayudaría a crear condiciones favorables no sólo para los ecosistemas sino de trabajo y salud para los mineros mexicanos. En ese sentido Cristina Auerbach apuntó, la iniciativa de ley que se observa en la Cámara de Diputados no ataca a las minas sino “el desorden” con que operan y resulta preocupante que el gobernador Rubén Moreira diga, se debe combatir para impedirle paso porque sería más estricta que la normativa aplicada en los Estados Unidos.
“Decir que están en contra de esa iniciativa de ley porque atenta a la minería del carbón es tanto como decir que las cosas deben de seguir como están; no puede ser que el 10 por ciento del territorio de Coahuila esté dañado por la minería; no puede ser que terminen un tajo y lo dejen abandonado, o una mina abandonada, o un pozo y lo dejen abandonado. Así no podemos seguir”, concluyó la activista.
