El día 13 de junio de 2012, en horas de la noche, fue atacada y herida de bala la lideresa Yolanda Oqueli, quien es la vocera y representante de la resistencia y lucha que llevan varias comunidades de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, contra el proyecto minero Progeso VII Derivada- de la empresa canadiense Radius Gold Ltd que opera en Guatemala a través de la empresa Exploraciones mineras de Guatemala –EXMINGUA-. La compañera Yolanda ha presentado denuncias públicas y legales por las amenazas de muerte e intimidación que ha recibido lo largo de la lucha de estas comunidades contra el proyecto de extracción de oro, a raíz de las acciones legales y de hecho que éstas llevan por más de 90 días, sobre todo por el plantón frente a la entrada de la mina, en el lugar denominado La Puya, en donde las comunidades organizadas se han establecido para mantener presencia y evitar la entrada y salida de maquinaria que darían paso a la exploración.
Diversas organizaciones sociales han manifestado su rechazo a violación de los derechos humanos hacia lideresas y líderes de la resistencia y la lucha, y de los derechos colectivos de los pueblos a quienes se les reprime y criminaliza, negándoseles el derecho a la consulta sobre este tipo de proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado por este hecho a pesar de que la compañera Yolanda Oqueli ha sido parte de las mesas de diálogo que organizaciones indígenas, campesinas y el movimiento popular sostienen con el presidente de la república, ex-general Otto Pérez Molina para discutir las demandas planteadas a partir de la Marcha indígena, campesina y popular, de marzo pasado. Entre las demandas de esta movilización estaba la aprobación de la propuesta de Ley de Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral presentada por el movimiento indígena y campesino la cual, que en abril pasado fue bloqueada en el Congreso en beneficio de la propuesta presentada por el actual gobierno, que tiene como uno de sus cuatro puntos medulares, la promoción de la inversión extranjera en el territorio rural del país, principalmente para la extracción minera y proyectos de este tipo . Otra de las demandas era que el gobierno desistiera de la instalación de destacamentos militares en las zonas de conflicto por la lucha contra megaproyectos, principalmente en San Juan Sacatepequez, en donde le pueblo Maya Kaqchikel que lleva una lucha de cinco años contra la empresa cementera Cementos Progreso, pero como respuesta, el gobierno ha afirmado que el día 30 de junio (día en que el gobierno celebra al ejército) se inaugurará este destacamento, dejando de lado las demandas de la población, dando un claro ejemplo de la política de control social que impulsa el exgeneral Pérez Molina.
Las organizaciones indígenas, campesinas y populares teniendo como consigna principal la defensa de la vida y de la Madre Tierra, exigen al gobierno de Guatemala que desista de proponer y facilitar las condiciones para que empresas extranjeras «inviertan» en el país, en megaproyectos hidroeléctricos, mineros, de monocultivo o de generación de energía, que desplazan o despojan a la población de sus territorios, saquean la Madre Tierra y contaminan los elementos naturales para la vida, principalmente el agua, utilizando como estrategia el engaño y la división de la sociedad. Al mismo tiempo se hace la denuncia pública de los hechos violentos, de represión y criminalización contra lideresas y líderes y contra las diferentes comunidades que defienden su derecho a la autodeterminación por una vida digna en armonía con los otros elementos del cosmos.
La compañera Yolanda Oqueli, del pueblo mestizo rural, está fuera de peligro luego de una intervención quirúrgica y las comunidades han convocado a conferencias de prensa para denunciar estos hechos criminales a nivel nacional e internacional.