26 de julio de 2012 • 17:57
Juan Pablo Piña indicó que es necesario crear un registro de la zona carbonífera en el Estado de Coahuila para hacer cumplir la ley.
Ciudad de México.- El sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Juan Pablo Piña, señaló que el registro nacional de empresas que se dedican a la actividad minera no está actualizado y se desconoce de la existencia de un registro de minas, por lo que hay actividades clandestinas en la zona de Coahuila.
«Lo que la CNDH ha encontrado es que no hay un registro nacional de empresas actualizado, ni un registro de minas, y lo que impera en la zona es la labor clandestina, digamos que no hay registro», puntualizó en entrevista para W Radio.
Por ello, Juan Pablo Piña exhortó a las autoridades a localizar los centros de trabajo que se dedican a la explotación minera, para que se verifiquen los estándares de seguridad e higiene en la que laboran los mineros.
«Es fundamental e impostergable que se lleve a cabo una revisión exhaustiva, en donde se localice y se detalle puntualmente todos los centros de trabajo dedicados a la explotación minera, para que las autoridades correspondientes estén ahí, encima de ellos, verificando que cumplan con los estándares internacionales de seguridad e higiene en el trabajo», indicó.
Luego de la tragedia en una mina de carbón ubicada en el poblado La Florida, Municipio de Múzquiz, donde fallecieron siete trabajadores, indicó que es necesario crear un registro de la zona carbonífera en el Estado de Coahuila para hacer cumplir la ley.
«En este caso es imperativo que las autoridades hagan su trabajo, por eso yo insisto en la necesidad de que se cuente con un registro específico en la zona carbonífera del Estado de Coahuila, de todos y cada uno de los lugares en donde se llevan a cabo las actividades de explotación de minas, para que se puedan tomar las medidas pertinentes».
Piña informó que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó abrir una investigación de oficio para esclarecer los hechos ocurridos en el pozo de carbón de Coahuila y, a su vez, emitir las medidas cautelares correspondientes a la Secretaría del Trabajo (STPS), la Secretaría de Economía (SE) y al Gobierno estatal.
Explicó que se le pidió a la SE y a la STPS suspender los trabajos en la mina de acuerdo al Artículo 43 de la Constitución, ofrecer apoyo a familiares de las víctimas y a los trabajadores afectados y verificar las normas de seguridad.
Urgió al Gobierno de Coahuila a iniciar una campaña intensiva de difusión de los derechos laborales de los mineros, impulsar la educación y crear fuentes de trabajo para que la sociedad tenga la posibilidad de conseguir un empleo con mayores estándares de seguridad.
«Es necesario que el Gobierno de Coahuila impulse las sociedades cooperativas, así como fomento a la educación en la zona minera y la creación de otras fuentes de trabajo», dijo.
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